A tan solo tres días de que se efectúe en Venezuela la más estruendosa estafa “jurídica” y política contra una nación arrinconada y esquilmada por terribles flagelos instaurados por la revolución socialista en los más discretos escondrijos de la sociedad, el país contempla estupefacto la inenarrable debacle moral, política e institucional de la hasta hace apenas unas tres décadas una de las más envidiables naciones del continente latinoamericano.
A tres días de perpetrarse el fraude advertido por las voces más éticamente solventes de la República, las autoridades electorales, con períodos de su ejercicio institucional vencidos, amenazan a los ciudadanos que llamen a no votar con incoar demandas estatales contra individuos y grupos políticos legalmente organizados de la sociedad.
La presidente del CNE lanza, urbi et orbe, amenazas de cárcel contra un nada despreciable sector social y político del país en un inútil afán de intimidar e inhibir a una significativa franja poblacional de la nación que manifiesta su inconformidad con la ilegal e inconstitucional convocatoria a elecciones sobrevenidas por virtud de otro fraude, previamente instaurado a trocha y mocha denominado “asamblea nacional constituyente”, que lesionó casi mortalmente la integridad y estricta observancia de nuestra carta magna.
El país está prácticamente sometido y de facto coaccionado a votar bajo velados y no pocas veces inmorales mecanismos de chantaje sociopolíticos. El manido y tristemente célebre “carnet de la patria” es abierta y flagrantemente utilizado como arma partidocrática y ventajista haciendo uso de los dineros de los venezolanos para favorecer a una parcialidad partidista y, con ello, premiando lealtades incondicionales y favoreciendo a un pequeño sector de la sociedad en detrimento de la amplia mayoría honesta, trabajadora y laboriosa que no cede ni a la amenaza del psicoterror revolucionario del ogro filantrópico tardochavista ni al segregacionismo del odio clasista del discurso y la praxis comunalista, de suyo antidemocráticos.
La capacidad de asombro del venezolano se torna inagotable ante las insensatas y delirantes ocurrencias de la nomenklatura partido burocrática de la élite gubernativa. El propio ministro de la Defensa se dirige al país haciendo uso de un léxico carcelario y sin rubor delictivo y amenaza a quienes “se coman la luz” con aplicarles todo el peso de la ley sin importarle que en su crasa ignorancia lingüística incurre en apología del delito y transgresión a las elementales normas de convivencia común y civilidad básicas.
El mismísimo “candidato” único a la “reelección”, en abierto y destemplado arrebato de intolerancia y odio político irreconciliable, ha amenazado con alzarse en armas si uno de sus “contendores” llegara a aplicar una eventual política de dolarización en un supuesto negado de que resultara favorecido en la fata morgana electorera. Surrealismo al más puro estilo de la razón desquiciada. El fin de la política, en otros términos. El mítico y legendario general prusiano Carl von Clausewitz (1780-1831) dijo en alguna ocasión que, palabras más palabras menos, la política era la continuación de la guerra por otros medios. Tal pareciera que nuestro primus inter pares nacional no pudiera vivir un solo día sin orlar su fogosa e incendiaria oratoria con los más hirientes denuestos y envenenados dardos semánticos contra todo aquel que ose expresar su particular concepción del mundo y de la vida política asistido por el derecho a decir de viva voz lo que piensa y siente en determinado momento.
El próximo domingo Venezuela alcanza el punto álgido de su crispación política y se coloca al frente de un auténtico busilis civilizatorio y societal: como profirió el insigne patriota Pedro Zaraza en los lejanos días decimonónicos de la primera independencia, “o se rompe la zaraza o se acaba la bovera”.