La etapa de adaptación en Colombia para insertar dentro de la vida ordinaria de la nación el cumplimiento del acuerdo de paz con los criminales y terroristas firmado en La Habana apenas inicia y ya encuentra escollos de alto voltaje.
El primer paso de lo que se llama la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) era nombrar a los magistrados y ese hito ya fue cumplido sin demasiadas dificultades. Se encontraron 51 titulares y suplentes, a quienes les tocará juzgar a los que cometieron atrocidades durante más de 50 años de la guerra intestina colombiana.
El otro gran hito es hacer aprobar en el Congreso una ley estatutaria para dar cumplimiento a los compromisos de La Habana y esta, de acuerdo con una vía rápida (fast track) que se ha puesto en marcha para acelerar todos los procesos del posconflicto, debería estar aprobada antes de diciembre de este año. Al parecer, en el Congreso no se están dando las condiciones para que tal situación se materialice. La razón es que el partido Cambio Radical ha anunciado su rechazo formal al instrumento legal promovido por el Ejecutivo encabezado por Juan Manuel Santos y, sin sus parlamentarios, las cuentas para su necesaria adopción no van a cuadrar.
Se necesitan los votos favorables de los dos tercios del Congreso y para ello es necesario que no falte ni uno de aquellos parlamentarios que acompañan al gobierno: los parlamentarios de la U, del Partido Liberal, los conservadores, los de Opción Ciudadana, los verdes y los del Polo. Ello no es imposible, pero es riesgoso.
El caso es que los argumentos en contra de la “Estatutaria”, como la llaman, no son de poca monta y los más importantes se refieren a que la citada ley reduciría notablemente las penas a los responsables de crímenes, un tema de enorme importancia para el conjunto de los colombianos y particularmente para los afectados directamente por los delitos de la guerrilla de las FARC. Además, quienes están en contra no son solo los partidarios del uribismo. Tanto el fiscal como otros expertos legales en estos temas también se han manifestado en contra del proyecto que debe ser aprobado en el Congreso. Es bueno recordar que este estatuto lo que hace es darle un tratamiento diferencial y beneficioso a las penas aplicables en la justicia ordinaria a los crímenes de la guerrilla, bajo ciertas condiciones que implican, entre otras cosas, su reconocimiento por parte del autor, el relato de los detalles de cómo tales crímenes fueron perpetrados y la obligación de no reincidir.
Mientras tanto, la presión desde el Palacio de Nariño no cesa. Nadie tiene más claro que el presidente que si estos temas no son deliberados y dilucidados antes de fin de año, podrían verse severamente contaminados por el proceso electoral al comenzar 2018.
En síntesis, aún están crudos los procesos del posconflicto. Colombia sigue atenta al desarrollo de cada uno de ellos antes de poder pensar en una total y definitiva reconciliación nacional.