Hoy finaliza una semana histórica para Venezuela en la que conviven dos maneras de enfocar el presente que va a decidir nuestro futuro. Unos creen que el presidente de la Asamblea Nacional ha debido juramentarse a fin de asumir en su persona las atribuciones que le competen según el texto constitucional. Otros –incluido el propio Juan Guaidó, seguramente luego de bastante meditación y asesoramiento– creen que es mejor llevar las cosas con prudencia mientras se mide el termómetro del apoyo popular y se calibra la acción concreta que pueda ofrecer la comunidad internacional.
Ambas posiciones tienen fortalezas y ambas tienen debilidades. Como venezolanos nos toca –por el momento al menos– dar apoyo a cualquier estrategia que se fije desde el ámbito de la Asamblea Nacional a fin de lograr con unidad la meta número uno de gran parte del pueblo venezolano: el desalojo de quienes hasta el momento –con total ilegalidad– usurpan el poder. Es por eso que este venezolano de a pie expresa no ya su sorpresa pero sí su desagrado por el egoísmo que en esta hora crucial de la patria exhiben algunos actores políticos (concretamente la fracción 16 de Julio en la Asamblea Nacional), quienes no han sido capaces de apoyar con su voto las líneas de acción trazadas por la determinante mayoría de los diputados de oposición que integran esa cámara legislativa.
Connotados juristas así como formadores de opinión han expresado razonables argumentaciones que permiten afirmar que Guaidó debió haberse juramentado, mientras otro contingente expone razones para que ello no se haya hecho hasta ahora a la espera del transcurso de una fecha mágica en la cual ignotas acciones puedan tener lugar y producir consecuencias poco predecibles, incluyendo la posibilidad de que no pase nada, que no debe descartarse. Lo que sí está meridianamente claro es que estas no son horas de enfrascarse en discusiones bizantinas, sino de remar en una misma dirección. Despues habrá tiempo de discutir detalles, pero ya sobre la base de una realidad política muy diferente a la que hemos venido viviendo últimamente.
Mientras tanto el gobierno tampoco se ha quedado cruzado de brazos, aunque es evidente que ya no es el que marca la pauta de la agenda sino lo contrario; pero no podemos suponer que entre sus integrantes no se estén analizando escenarios que no les sean favorables. Visto con el mínimo de pasión nos atrevemos a afirmar que nunca como ahora las cosas estuvieron tan cerca de un desenlace.
Las medidas que ha tomado la Asamblea Nacional es obvio que solo son expresiones de deseos inejecutables mientras no se produzca el cambio de adhesión por parte del estamento militar. Parece mentira que hoy los demócratas de Venezuela y el mundo estén pidiendo la intervención de la fuerza armada cuando siempre tal desenlace fue condenado con mayor o menor énfasis.
Es evidente que legislación como la que pide la protección de los activos nacionales colocados en el exterior es totalmente necesaria, pero no es bueno confundir deseos con realidades. En los países donde lo que impera es la ley y el derecho no luce como muy probable creer que la sola recepción de una comunicación de nuestra Asamblea Nacional surtirá efecto inmediato sin que medie un fundamento jurídico sólido acompañado de voluntad política. Es difícil asumir que con la resolución que comentamos y sin el control de algún tribunal u órgano competente vaya un banco extranjero a embargar, retener o congelar activos venezolanos. En todo caso se ha sembrado la base para lograr ese tipo de metas cuando las leyes y las circunstancias lo permitan.
Lo mismo es válido para el llamado a elecciones serias, transparentes y sin trampa. Ellas son absolutamente necesarias, pero es evidente que no existen las condiciones ni para convocarlas ni para realizarlas ni para pagarlas a menos que se sustituyan los árbitros y se consiga la fuerza y los recursos para proceder. “Deseos no empreñan” dice el sabio refrán campestre vernáculo.
Lo que sí es interesante –aun cuando de cuestionable piso jurídico– es la oferta de amnistía como incentivo para promover la reflexión y cambio de actitud de quienes manejan o manejaron la represión y la violación de los derechos humanos. En nuestro propio derecho está establecido que tales delitos no son amnistiables y los imputados (previamente amnistiados) deben indefectiblemente enfrentarse a la derogación de las amnistías y rendir cuentas a la justicia. Pero… por lo menos como atractivo para esta hora, la estrategia puede desempeñar un papel.
Quien esto escribe apuesta por el éxito del diputado Guaidó como de cualquier estrategia que decida seguir. El hombre causa buena impresión, está generando condiciones de liderazgo y representa –por fin– el cambio generacional que es reclamado por todos. Es la hora de los que no tienen por qué sentirse responsables ni solidarios con los vicios de la vieja política y es también la hora de que asuman las posiciones para las que con tesón y esfuerzo han venido preparándose y luchando. Riesgos hay, sí, y algunos los pagarán con mayor o menor dolor personal o familiar. Quien se metió en la candela debe saber y aceptar que hay posibilidad de terminar chamuscado.