Sin la menor duda me atrevo a afirmar que la mayoría aplastante de los ciudadanos venezolanos aspiramos y esperamos con profunda preocupación las futuras realizaciones del equipo de gobierno que releve al actual, absolutamente convencido de su imperiosa necesidad, por ser el único camino democrático por medio del cual podemos instrumentar las iniciativas económicas, sociales y políticas que nos permitan sobreponernos a la catástrofe, a la miseria y la implosión.

La situación actual es muy parecida en lo político, a la vivida por los venezolanos en 1958, cuando se derrota la dictadura militar que dirigía el general Marcos Pérez Jiménez, experiencia cuya principal enseñanza fue la de la unión combativa de las fuerzas democráticas, durante todo el período de tiempo que la Junta de Gobierno necesitó para estabilizar la vida pública y su respectivo Estado de Derecho.

Hoy 24 de marzo de 2019 le proponemos a la oposición democrática que el nuevo gobierno de transición que emerja del conflicto en el cual nos desenvolvemos tenga como objetivos entre otros los siguientes:

El rescate de la legalidad, ampliamente sustentada en el respeto del Estado de Derecho en el marco constitucional, por lo cual los presos políticos deben regresar a sus hogares, ocupaciones y organizaciones en forma inmediata, de la mano de sus familiares y de la población que los ha defendido.

Ocupación y desaparición de los centros institucionales de represión política, cuyos funcionarios y operadores deben ser detenidos para ser juzgados por los delitos cometidos.

Recuperación del derecho constitucional de los venezolanos a organizarse, movilizarse y expresarse políticamente, debe cesar el estado de excepción que ha instrumentado el Ejecutivo.

Debemos devolver al Banco Central de Venezuela su autonomía, para que pueda asumir con independencia y competencia políticas públicas en materia financiera destinadas a superar el deterioro.

Restauración de la libertad y autonomía del movimiento obrero, acompañado de la   eliminación de la mordaza electoral que el gobierno construyó utilizando el CNE como instrumento interventor y controlador.

Utilización de la renta para el crecimiento de la economía productiva, tanto en el sector público como en el privado, destinada al desarrollo industrial y manufacturero, soportes del avance científico y técnico de la nación y de la creación de empleos estables y salarios justos que permitan que los venezolanos puedan aspirar al progreso, al mejoramiento de sus condiciones de vida y al ascenso social.

Productividad creciente, que debe tener la clara y definida orientación de superar la economía de puertos, la importación de cachivaches y productos de consumo banal y la exportación improductiva de la renta en divisas para la acumulación externa.  

Rescatar las políticas que en materia educativa y sanitaria, ha elaborado y realizado el estado venezolano, hoy ampliamente abandonadas, constituyen un objetivo trascendente en la superación de las políticas liquidadoras emprendidas en contra de la República.

Desarrollo de la infraestructura estatal, tarea que se concreta en la recuperación de Pdvsa y las empresas mineras de Guayana, electricidad, agua, gas, teléfonos, carreteras, puertos y aeropuertos, soportes indispensables del crecimiento económico, del desarrollo científico y de condiciones de vida superiores.

El Estado venezolano debe asumir un proyecto de seguridad social integral, en el cual tenga cabida el grueso de nuestra comunidad, en el cual se le provea de educación a los trabajadores para alcanzarlo, con alimentación, vivienda y salud en sus más amplias exigencias y protección para la vejez.

Una amplia y profunda democratización de las instituciones, mecanismos y normas electorales, que permita la representación de las minorías, el cese de la hegemonía poltica de los partidos de gobierno y la presencia de las instituciones de la sociedad civil organizada (la Iglesia, las universidades, la FAN, los colegios profesionales, el movimiento obrero) en la dirección de la organización electoral nacional.

Concluir el proceso de descentralización administrativa, política y financiera del Estado venezolano, en la actualidad profundamente ignorado y distorsionado.

Definitivamente, confrontar la pretensión continuista en la dirección del Estado venezolano, fuente permanente en todas las épocas de la República: de violencia, autoritarismo, engaño y corrupción, ¿un período prolongado a la mexicana? o ¿dos cortos sucesivos? Dejando abierta la posibilidad de ser revocado mediante consulta y decisión popular y democrática.


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