Medellín. En las salas de preembarque de cualquier aeropuerto quienes viajan hacia Venezuela son abordados por decenas de personas que piden, ruegan, que les “lleven un pequeño paquete con medicinas para un familiar”. Son venezolanos que están desperdigados por el mundo como consecuencia de la dictadura chavista, y que sufren, en carne propia, la tragedia que viven en su país aquellos cuya salud depende de “esas medicinas” imposibles de conseguir en el “predio” de Maduro y sus cómplices.
Es difícil para cualquier viajero aceptar ese tipo de encargo. Para la mayoría de los que viajan a Venezuela es aun muy doloroso porque ellos saben que son pedidos tan desesperados como genuinos. Ellos mismos llevan ya sus maletas repletas no de artículos electrónicos, licores, ni perfumes o cosméticos, sino de medicinas para sus familiares, para sus amigos y para los familiares de sus amigos y de los amigos de sus amigos. Tal una de las facetas que con más elocuencia desnuda y condena la tragedia venezolana.
Los hechos, lo que ocurre día a día, no requieren ya del refuerzo de comentarios: decididamente, no admiten más demoras.
En la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada la semana pasada en Medellín, se pasó revista a la atroz situación venezolana. Todo asusta: “Nueve periódicos dejaron de publicarse por falta de papel y otros insumos. 46 radioemisoras y tres televisoras también dejaron de funcionar” por la persecución directa y económica de la dictadura. Se consignó que “en Venezuela, el Poder Judicial ha llegado a no reconocer el derecho al ejercicio del periodismo, y de hecho no castiga a los responsables de actos violentos en contra de medios y periodistas. Los tribunales militares son utilizados para encarcelar civiles, incluso periodistas y reporteros ciudadanos. Estos procesos están plagados de desinformación, abusos, aislamiento y desconocimiento público”.
María Corina Machado, que tiene prohibido salir del país, envió un video en el que denuncia que en Venezuela impera «una narcodictadura que ha permitido que se asienten las peores redes del crimen internacional». El diputado a la Asamblea Nacional Jony Rahal, del partido Primero Justicia, presente en la reunión de la SIP, aseguró que en su país se vive «una catástrofe humanitaria», en lo que coincidieron otros participantes invitados como la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz y el ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga.
«Lamentablemente en mi país hay cuatro millones de venezolanos que tienen que hurgar en la basura para sobrevivir, más de 13 millones de personas solo comen una vez al día», subrayó el congresista.
Rahal, que también es presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación, dijo “que el índice de desnutrición infantil podría superar este año la cifra de 300.000 niños, 78% de los quirófanos de hospitales no funcionan, los pacientes con enfermedades crónicas no tienen como tratarse y los oncológicos mueren a diario”.
«Ese régimen corrupto niega que en Venezuela haya una crisis humanitaria, cuando lo que hay es una catástrofe humanitaria», aseguró.
Pero estas denuncias en distintos foros y pronunciadas por destacadas figuras y dirigentes ya no son tan necesarias para saber qué es lo que pasa en Venezuela. Todos las vivimos en nuestros países, donde la oferta de mano de obra venezolana crece diariamente y médicos, ingenieros, biólogos, economistas con vastas y ricas credenciales piden trabajo aunque sea para “lavar platos”.
Un destacadísimo dirigente venezolano sobre este hecho específico, me dijo: “No importa, ello nos enriquece, nos enseña cosas que los venezolanos no sabíamos, pero que ahora nos ayudarán mucho al volver, cuando el momento de la recuperación de nuestra patria. Porque todos vamos a volver, porque Maduro y la dictadura van a caer”.
Ojalá y así sea. Pero mientras tanto, hasta que la salida democrática llegue –que habrá de llegar– las organizaciones internacionales deberían involucrarse más, justificar su razón de ser y frenar esta “catástrofe humanitaria” y este gran genocidio del “siglo XXI”.