Las medidas unilaterales adoptadas por algunos Estados y grupos de Estados en contra del régimen de Maduro, para obligarle a respetar las normas y los principios que garantizan el pleno disfrute de todos los derechos humanos, aunque eficientes, no han todavía logrado su objetivo: que la dictadura desista de los atropellos y las barbaridades que han sumido a los venezolanos en la más vil miseria, y abra el camino hacia la restauración del orden democrático.

Se anuncian otras medidas y acciones. Se asoma la asistencia humanitaria que, muy distinta de la intervención militar, tiene sus propias reglas. También se ha hecho referencia a esta última como una opción para detener las violaciones de derechos humanos y el secuestro del país por un régimen que estaría involucrado, además, en otros crímenes internacionales, como el narcotráfico, el apoyo al terrorismo, la corrupción y el lavado de capitales, que interesan por su naturaleza a la comunidad internacional.

Las medidas unilaterales, legales y legítimas, continúan. Hace unos días la UE adoptó algunas de alcance selectivo y anuncia otras, seguramente más amplias, para esta semana. Los gobiernos, los parlamentos, las instituciones se siguen pronunciando sobre la tragedia venezolana. Hace pocas horas el Consejo Permanente de la OEA le exige al régimen que realice elecciones libres, justas, honestas; elecciones que garanticen la voluntad del pueblo, para que podamos escoger nuestro propio destino y ejercer nuestro derecho, tantas veces referido por ellos, a la autodeterminación y escoger nuestro destino, nuestro sistema político, económico y social sin imposiciones.

En el hemisferio, en un espacio diferente, se sanciona al régimen de Maduro. Hace unos días, con toda legitimidad y gran acierto, el gobierno de Perú, en consulta con los gobiernos de los países del Grupo de Lima, decidió no invitar a Maduro a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima en abril próximo. La reacción inmediata del régimen venezolano era de esperarse: la de siempre, un nuevo desafío, nuevas amenazas, siempre groseras y fuera de todo orden y lógica. Amenazar con llegar a Lima “como sea” no es solo una falta de respeto y un acto propio del delincuente, sino un reto que debe considerarse más allá de las simples normas protocolares.

En relación con la reacción ante la justa decisión de Lima, su grosera actitud refleja no solo la naturaleza dictatorial del régimen, sino una ignorancia crasa que coloca al país en situación de desprecio y del ridículo. Arrogancia e ignorancia unidas para “exigir” el respeto que nunca han tenido por nadie, ni dentro, con la oposición y todos los venezolanos, ni fuera, con ningún gobierno ni institución. La Cumbre de las Américas no es una organización internacional como la ONU y la OEA que han concluido acuerdos sede que obliga a los gobiernos de los Estados anfitriones a recibir a los representantes de todos los miembros, independientemente de si tienen o no relaciones diplomáticas con el Estado huésped. No es una organización internacional en el sentido estricto del término, es un esquema de concertación política que no tiene una secretaría permanente, aunque sí una pro tempore y una estructura que se inserta en la OEA, esa de la que el salvajismo chavista, precisamente, decidió retirarse hace unos meses. Son, pues, instituciones distintas, la segunda parte de la diplomacia ad hoc que ha cobrado tanta vigencia en las ultimas décadas.

El proceso de las cumbres se basa en los principios acordados por los gobiernos del hemisferio que todos deben respetar, entre ellos, los incorporados en la Declaración de Québec, que inspiran más tarde la adopción de la Carta Democrática Interamericana, esa que el régimen ha despreciado hasta el cansancio. No asistirán a la cumbre, dice la Declaración, aquellos Estados cuyos gobiernos, en pocas palabras, se hayan separado del orden democrático, que hayan dado un golpe y desplazado la Constitución para imponerse como régimen autoritario.

Se empeña el régimen de Maduro en participar en un proceso en el que no tiene cabida. Habla de integración, al justificar su aspiración, pero olvidan que la han destrozado, no solo con nuestro retiro de la Comunidad Andina (CAN), sino por haber dividido el hemisferio, dando paso, como en el plano interno, al odio y la violencia y hasta exigen respeto, el que han desconocido siempre, en todos los patios.

Además, lo que justifica aún más la “sanción” del grupo de Lima, el tema de la cumbre es “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, un tema al que, evidentemente, Maduro no tiene nada qué aportar. El único objetivo que persigue el régimen es boicotear la reunión, generar divisiones, promover las protestas en la calle, tal como hiciera Chávez con sus altercumbres, en otras oportunidades, en favor de la anarquía y del desorden.

Al lado de las medidas unilaterales ya adoptadas y las que vienen, otras acciones estarían sobre la mesa. No se descarta ninguna. La cuestión es lograr, en el momento oportuno, el equilibrio entre la soberanía, hoy reducida por el mismo derecho internacional, la violación sistemática y generalizada de derechos humanos, el deber de la comunidad internacional de proteger sus derechos, en este caso, los derechos humanos de los venezolanos y la responsabilidad de actuar dentro del marco de las funciones y atribuciones del Consejo de Seguridad o fuera de él.


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