A mis compañeros de armas.
El trascendente debate planteado en la Asamblea Nacional por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, durante la sesión del martes 7 de mayo de 2019, a fin de discutir sobre el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, fue una firme y acertada respuesta de la oposición democrática al sinnúmero de tropelías perpetradas, por la tiranía madurista, en contra de los diputados a la Asamblea Nacional, después de lo ocurrido el pasado 30 de abril. En mi anterior artículo señalé algunas de las extrañas circunstancias que caracterizaron los hechos de ese día, pero no estuve en capacidad de dar una respuesta consistente a cada una de ellas, debido a lo confuso de los mismos. Ahora, no solo por los rumores que han empezado a circular, sino también por una mínima lógica, que nos permite atar cabos, podemos llegar a ciertas conclusiones a fin de evitar que la corrupta camarilla que rodea a Nicolás Maduro pueda continuar burlándose del pueblo venezolano al controlar la situación para que el indetenible cambio político termine favoreciéndola.
Lo primero que debe aclararse es si hubo un intento de alzamiento militar con la intención de deponer a un gobierno constitucional o, si por el contrario, la limitada desobediencia militar fue la actuación de un grupo de funcionarios civiles y militares en cumplimiento de su deber, según lo pautado en el artículo 333 constitucional que establece: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. La misma postulación y elección de Nicolás Maduro como presidente de la República constituyó una flagrante violación de la carta magna. A partir de ese momento, la Constitución pasó a ser letra muerta, hasta culminar con la violación de sus artículos 228 y 231 al organizar unas elecciones, el 20 de mayo de 2018, sin cumplir las normas establecidas para una elección democrática, ni juramentarse ante la legítima Asamblea Nacional.
Los venezolanos, sorprendidos como están por los hechos ocurridos, aspiran a que el propio Nicolás Maduro les dé una convincente respuesta sobre las denuncias realizadas por John Bolton y Elliott Abrams, quienes, en medio de la crisis militar del 30 de abril, afirmaron públicamente que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el director de Contrainteligencia Militar, Iván Hernández Dala, tuvieron conversaciones con el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y se comprometieron a reconocer ese día su legitimidad constitucional. Es de interés resaltar las palabras de Elliott Abrams, quien dejó en claro que “Estados Unidos no fue parte de esas negociaciones, ellas ocurrieron entre venezolanos”. Estas dos denuncias hay que vincularlas a las ocho horas de silencio de Vladimir Padrino y la desaparición por más de doce horas de Nicolás Maduro, las cuales han dado origen a todo tipo de suspicacias y rumores. Otro asunto que espera respuesta es el contenido de la carta-denuncia del director del Sebin, general Manuel Cristopher Figuera.
El análisis de estos rumores me conduce a considerar como más creíble la siguiente hipótesis: las negociaciones se desarrollaron exitosamente, y se logró avanzar en los siguientes acuerdos: Maduro entregaría el poder usurpado, con garantía de partir al exterior; Juan Guaidó sería reconocido por el TSJ y por la FAN como presidente encargado de la República; el magistrado Moreno, el general Padrino, el general Hernández y el general Figuera permanecerían en sus funciones; el presidente Guaidó convocaría a elecciones generales en el menor tiempo posible; la Asamblea Nacional quedaría en pleno ejercicio de sus funciones y el TSJ, mediante sentencia, disolvería la ANC. En los días cercanos al 30 de abril, los acuerdos no se concretaron al plantear el general Padrino, como condición previa, ser designado presidente del gobierno provisional. Este planteamiento fue rechazado por Juan Guaidó. A pesar de lo ocurrido, algunos efectivos militares mantuvieron su posición de desobedecer al gobierno usurpador en espera de ser respaldados por otras unidades operativas. Esta posibilidad no ocurrió.
Estoy convencido de que la supuesta negociación fue una estratagema diseñada por el general Padrino para determinar realmente la lealtad de algunos cuadros militares. De todas maneras, el impacto que tuvo la operación militar y la libertad de Leopoldo López en la opinión pública nacional e internacional demostró que la oposición democrática mantiene una elevada moral y una importante capacidad de influir en la opinión interna de la Fuerza Armada. Ahora ha surgido un nuevo escenario: el reingreso de Venezuela al TIAR. Sus consecuencias son difíciles de valorar en tan corto tiempo, pero hay que entender que la decisión de una acción militar multilateral podría corresponderle a la Asamblea General de la OEA y no al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con su ominoso derecho al veto. Lo complejo de la crisis venezolana va a obligar a una valoración política y no jurídica de esta realidad. Es la única explicación que se puede dar a las recientes declaraciones del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, y su invocación de la doctrina Roldós. Si yo fuera Nicolás Maduro, dejaría de dormir tranquilo.