Entre el desespero y el pánico de quien se sabe derrotado, el gobierno pretende salvarse y ganar el juego a punta de balas. Se ha iniciado una confrontación que puede desembocar en una violencia incontenible, programada como una acción criminal desde el centro mismo del poder.
Nicolás Maduro se asegura su propia protección y sin conmiseración alguna desata una represalia masiva, ejercida por las autodefensas de la revolución: francotiradores, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Sebin, la milicia y los comandos civiles de la revolución, esa cáfila desalmada llamada “colectivos”, entrenados especialmente para acciones paramilitares, que son usados en este momento como brigadas de acción rápida para contener a un pueblo en plena insurrección civil, que de forma legítima ha replicado ante el rotundo fracaso de dieciocho años de frustraciones y promesas de engañadores contumaces que les quitaron hasta el preciado derecho al voto.
Por eso, gente hastiada, con hambre y muy desesperada, sobre todo jóvenes con sed libertaria, que no pueden alcanzar sus sueños, responden al odio instaurado como política de Estado dando rienda suelta a sus pasiones y se enfrentan sin miedo a los piquetes de los cuerpos represivos.
Estamos inmersos en una situación de crisis general de la sociedad, que la conmueve en todas sus partes y en todos sus órdenes, y que la prepara para el cambio definitivo. Todo el tinglado revolucionario se derrumba, empezando por las estatuas de Hugo Chávez. Es algo más que simbólico el incendio en el estado Barinas de su casa natal.
La oposición, aunque tratan de criminalizarla, ya no esta arrinconada, su dirigencia se ha fortalecido y está unida en el objetivo de obtener una verdadera transformación. El gobierno se encuentra ante la coyuntura para dar su batalla decisiva y responde con el empleo de diversos grados y modalidades de violencia.
Lo que ha sucedido en los últimos días en Barinas, Miranda, Táchira y Caracas, con un saldo escalofriante de muertos, heridos, saqueos, destrucción, allanamientos indiscriminados, detenciones arbitrarias y pare usted de contar, s e trata de un verdadero terrorismo de Estado. En 51 días de protestas va el mismo número de ciudadanos asesinados mientras manifestaban. El país esta incendiado por los cuatro costados, los piromaniacos oficialistas quemaron más de 50 autobuses en el estado Bolívar para culpar a la oposición.
La Fuerza Armada Nacional está obligada a restituir el orden constitucional, el descontento cunde no solo en miembros de la GNB que son pasados a tribunales militares por abandonar el servicio y alegar desobediencia, también hay resistencia en la alta oficialidad; por ese motivo grabaron y filtraron la reunión al comandante del ZODI en el estado Lara –Zona Operacional de Defensa Integral–, general de la Guardia Nacional José Rafael Torrealba Pérez, donde expone un plan para disolver las protestas con francotiradores.
Este lunes quedó registrado a través de fotos y videos en las redes sociales, cómo dos francotiradores apostados en la azotea del CIED –Centro Internacional de Educación y Desarrollo de Pdvsa en La Tahona– dispararon contra manifestantes con el saldo de tres heridos.
La FANB no puede continuar prestándose a participar en las masacres, ni apuntalar a un régimen asesino, cuyos responsables terminarán sentados en el banquillo de los acusados ante una Corte Penal Internacional. Los militares que quieran salvar su pellejo deben negarse a contribuir con la violencia asesina, planificada por el gobierno para cerrar con broche de sangre su salida del poder.