Tras cinco años de intenso trabajo, a mediados de diciembre de 2017, la Comisión de Investigación Real sobre la Respuesta Institucional a los Crímenes Pederastas, de Australia, presentó su reporte final. Un informe sustentado por 17 volúmenes que recogen los testimonios de casi 8.000 personas. Las cifras son verdaderamente escandalosas. Al menos 15.000 víctimas fueron abusadas en alrededor de 4.000 centros, escuelas, centros deportivos, orfanatos, centros de salud y otras instituciones, muchas de ellas (61,8%) pertenecientes a la Iglesia católica. Decimos “al menos” porque no es posible establecer con rigor cuántos más fueron víctima de estos abusos y escogieron no hablar. Esto, sin sumar a quienes fallecieron o emigraron. Medios de comunicación australianos hablan de alrededor de 60.000 víctimas.
El informe no titubea al calificar la pederastia de “tragedia nacional”.Allí se lee que, entre 1960 y 2015, 7% de los sacerdotes participaron en abusos. La mitad de las víctimas fueron abusadas entre los 10 y los 14 años. Los atropellos se prolongaron por un tiempo promedio de 26 meses; 36% fue víctima de más de un pederasta; algunos de estos delitos se cometieron contra niños menores de 10 años; y hubo sacerdotes que actuaron contra decenas de niños a lo largo de los años. Y, aunque fueron numerosas las denuncias, las autoridades no realizaron acciones efectivas para detener lo que estaba ocurriendo. A los acusados se les trasladaba de jurisdicción, pero se les permitía continuar en contacto con menores. El 5 de marzo de 2018 se inició en Melbourne el juicio al cardenal George Pell, secretario de Economía del Vaticano, acusado no solo de pederastia, sino también de encubrir a otros delincuentes. George Pell es una de las figuras clave de lo ocurrido en Australia.
El papa Francisco inició su labor como sumo pontífice como una voz crítica, decidida a combatir la pedofilia en el seno de Iglesia católica. Habilitó una instancia en el Vaticano para juzgar casos bajo denuncias de feligreses y hasta fue proactivo al reunirse con víctimas y sus familiares en un proceso sin precedentes. Pero recientemente (y quizá bajo fuertes presiones de la jerarquía) se vio envuelto en una controversia a propósito de la visita que hizo a Chile, en enero de 2018. Víctimas y familiares del sacerdote Fernando Karadima, sancionado por abusos sexuales en 2011, denunciaron que el obispo Juan Barros Madrid había protegido a Karadima. En un primer momento, el Papa defendió a Barros y puso en duda las afirmaciones de los denunciantes. Pero la enérgica reacción de carácter mundial generada de inmediato lo obligó a cambiar de posición y ordenó abrir una investigación hacia el señalado.
La alta incidencia de casos de pederastia entre miembros de la Iglesia católica ha tenido lugar también en otros países: Alemania, Italia, Estados Unidos, Argentina, Polonia, Reino Unido, Irlanda, España, Suiza, Francia, Bélgica, Austria, México, Brasil, República Dominicana y otros. En la mayoría de los casos, la reacción institucional ha sido de incompetencia: guardar silencio, trasladar al sacerdote, acallar los posibles escándalos. Un párrafo del informe de Australia arroja luz sobre una de las vertientes que explican estas conductas: “La incapacidad para comprender que los abusos sexuales a niños eran un crimen con un profundo impacto para la víctima y no un mero error moral capaz de corregirse con la contrición y la penitencia, es difícil de entender”.
Todavía en 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño increpó al Vaticano por no tomar medidas realmente correctivas y no reconocer la gravedad de los crímenes. La comisión exigía a la Santa Sede entregar a las autoridades la lista de sacerdotes pederastas. En septiembre de 2017, el papa Francisco admitió que la Iglesia había actuado con retraso. Aludió al fenómeno como “enfermedad” de la Iglesia. Y, aunque los hechos posteriores en Chile obligan a preguntarse por el alcance del anuncio, dijo que, en lo sucesivo, imperaría una política de “tolerancia cero”. Esto no ocurre solo en el mundo católico, también han comenzado a surgir denuncias que involucran a profesores del Corán que abusan de sus alumnos.
En febrero de 2017, Andrew McLeod denunció que los casos de pederastia son frecuentes también en ONG como Oxfam, Save the Children, Médicos sin Fronteras, y otras, y que los denunciados gozan de impunidad, como son los casos ocurridos en centros educativos no religiosos y los escándalos de los entrenadores deportivos que han saltado a los medios de comunicación a partir de 2016. Todo ello revela que el corporativismo silenciador y hasta cómplice de la pederastia no es patrimonio exclusivo de la estructura eclesial, sino que se reproduce en muchas otras organizaciones.
Según un informe de Internet Watch Foundation, de abril de 2017, casi 60% de los contenidos pedófilos se encuentran en servidores europeos. Esto significa que, entre 2015 y 2017, Europa rebasó a Estados Unidos, que lideraba el ranking. Entre 2016 y 2017 se produjo un aumento de 19%. De acuerdo con esta entidad, cuatro países, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Canadá concentran 92% de los contenidos de orientación pedófila. Y agrega que, cada 9 minutos, alguna página web muestra una escena de un adulto que abusa de un niño. En España, el Instituto de la Mujer ha publicado una cifra que puede servir de guía: 69% de las víctimas son mujeres, 31% hombres.
Una cuestión fundamental es que los pederastas no suelen actuar solos. Hay redes de intercambio de contenidos. Hay negociantes que compran y venden videos. Padres y madres que prostituyen a sus hijos. Hay una amplia industria de la pornografía infantil, que ofrece incluso suscripciones a sesiones streaming de escenas sexuales con participación de menores. En el Reino Unido se desmanteló una organización que vendía videos a la carta. Sus 7.000 clientes gastaban un promedio de 8.000 dólares mensuales en adquisición de materiales.
La cuestión llega a estos extremos: en 2006, en Holanda se registró un partido político, “Partido del Amor Fraterno, de la Libertad y la Diversidad”, que promovía la legalización de las relaciones sexuales con niños y niñas de hasta 12 años, y la posesión de material pornográfico con menores. De acuerdo con sus promotores, la pedofilia es una opción sexual más, a la que algún día se le reconocerán sus derechos. El partido se disolvió en 2010. Por cierto, no por acción de algún tribunal, sino por decisión de sus impulsores.
No hay día en que en la prensa mundial no reseñe casos atroces que ocurren, de forma frecuente, en países pobres, donde los mismos padres auspician la prostitución de sus hijos. En estos días Argentina se encuentra sacudida por las denuncias de futbolistas menores de edad, abusados por quienes se desempeñan en clubes para jóvenes. De hecho, se ha creado una Asociación de Víctimas de Violación, especializada en estas incidencias.
Lo que está ocurriendo en Marruecos es todavía más extendido y desolador. En Tánger, centenares de menores se prostituyen a diario. Muchos de ellos viven drogados a toda hora mediante inhalación de pegamento. A la zona llegan adultos varones, de Europa y Estados Unidos, a buscar relaciones con menores. Bastan 30 a 35 dólares para depredar sexualmente a niños. A comienzos de 2018 fue detenido un ex sacerdote norteamericano, fugitivo de su país, que operaba como profesor de inglés para tener acceso a menores.
Me he permitido relatar todos estos casos no solo para advertir sobre algunos de los procedimientos usados por los pederastas. Es importante la comprensión del fenómeno de fondo. La pederastia está relacionada con la prostitución, con la compra-venta de sangre, con el tráfico de personas, a menudo mujeres, para esclavizarlas o prostituirlas. Todavía en pleno siglo XXI, hay personas y organizaciones que asumen que el cuerpo del otro, especialmente del indefenso, puede usarse, comprarse, sacrificarse, para complacer las pulsiones más perversas. Internet ha potenciado las redes dedicadas a estos delitos. En Francia y Reino Unido la policía ha desmantelado grupos que se ocultaban bajo sofisticados sistemas para encriptar sus videos y sus operaciones. Se trata de verdaderas industrias del crimen organizado, que parecen estar creciendo ahora mismo.
Nada de lo expuesto puede tranquilizarnos. Estamos ante una epidemia en plena expansión, que cobrará más víctimas. La opinión pública debe ser incansable al respecto. La política de “cero tolerancia” debe alcanzar un estatuto planetario y traducirse en leyes, cuerpos policiales especializados y contenidos educativos que enseñen a los niños el modo de protegerse y de actuar frente a los pederastas.
El escritor estadounidense de origen dominicano, Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer, acaba de remecer las conciencias de su país con la publicación, en la revista The New Yorker, de su testimonio personal, titulado “Silencio: el legado de un trauma infantil”, donde narra su violación cuando tenía 8 años y el doloroso calvario al que el violento episodio lo condenó por décadas, hasta que la ayuda terapéutica le trajo alivio y libertad para hablar de esto. Las víctimas deben tener garantías de que no están solas y de que hay una sociedad dispuesta a procurarles consuelo y reparación.
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