El uso de las palabras implica el conocimiento y la práctica de los valores que expresan, pero si no se conoce el contexto histórico en el cual fueron formuladas se transforman en un eufemismo detrás del cual se esconde la finalidad que se propone. Es el caso del llamado público del señor Maduro a la Comuna y a los colectivos para aplicar la “resistencia activa”, que asume honda significación acerca de la perversa intención con la cual se invita una parte de venezolanos a arremeter en contra de otros venezolanos que no aceptan ni comparten, ni ideológica ni programáticamente, las imposiciones dictatoriales del régimen social comunista bolivariano cubano.

Ya que la Real Academia define “resistencia pasiva” como “la renuencia a hacer o cumplir algo” y la activa como la “acción, capacidad y efecto de resistir o resistirse”, se hace muestra de confundir los asaltantes con los asaltados, utilizando la aplicación de la misma preposición para calificar el juego de las partes e invirtiendo los rigurosos valores que la ciencia de la taxonomía aplica cuando clasifica principios, métodos y finalidades.

Puede ser que la influencia e imposición cubana para hacer muestra de la detención del poder implique un aspecto narcisista, cual muestra excesiva de la perentoriedad con la cual en la historia cada dictador quiso demostrar sus facultades para inculcar temor, pero la motivación de referencia en la situación venezolana parece el paso previo, pero sustancial de provocación para llegar a una confrontación cruenta configurada en el marco estratégico y con las modalidades tácticas de guerrilla urbana para la cual se han estructurado las fuerzas de los delincuentes, de los irregulares mercenarios y de los narcotraficantes: es una finalidad descubierta que los expertos conocen muy bien y sabrán enfrentarla. Por consiguiente, empeorarán las condiciones económicas y sociales y aumentará el sufrimiento de la población, máxime de los más desproveídos.

La insistencia iterativa constante en perseguir la anulación del Estado de Derecho, de las libertades constitucionales y de los derechos humanos se ha transformado en metodología del ejercicio del poder social comunista cubano bolivariano que aumenta cada día el estatus de necesidad, para salir del cual se deben enfrentar tres aspectos fundamentales:

  1. En lo político y económico: dos años después de la conquista democrática inicial del poder permitida por el sistema democrático vigente en las elecciones de 1998, el castrocomunismo fue presentado al país como la “revolución bonita bolivariana” que venía identificada como el cambio para las necesidades reales del país, producción de bienes y servicios, empleo, independencia del exterior, aumento real de la riqueza posibilitado por los ingresos petroleros, mientras que sus finalidades eran fijadas, como son, en detener el poder mediante otra ficción democrática constituida por elecciones controladas electrónicamente, pero vendidas como adelanto tecnológico y conquista del pueblo soberano. Sin ningún aporte teórico digno de mayor consideración en la evolución de los planteamientos que la izquierda internacional propuso en el Foro de San Paulo de 1990, la revolución social comunista bolivariana se ha quedado muy distante de aquella democratización definida en la famosa declaración conjunta de Occhetto-Gorbachov como “horizonte del comunismo para el fin del milenio” que, desde la perestroika al canto de “la Marsellesa” de centenares de miles de estudiantes en Pekín, fue el inicio de un revisionismo radical por el cual Rusia y China llegaron a aceptar la economía de mercado. No traicionaron a Karl Marx, sino que aplicaron en la posmodernidad del mundo globalizado un principio fundamental que el creador del socialismo científico había afirmado en la “introducción” de “La economía política”: “La riqueza antes de ser distribuida debe ser producida”. Alguien podría sostener que estamos equivocados porque estuvo operante en el sistema productivo del país la hipótesis de adecuación a la idiosincrasia venezolana de viejos principios de cooperativismo prospectado por István Mészáros en 2001, y que ya con éxito había sido aplicado por los trabajadores en Italia, Francia, Alemania desde 1950: en efecto, se promovieron en Venezuela alrededor de 230.000 cooperativas, pero en 2015-2016 se habían quedado alrededor de 18.000, y ahora no tenemos algún dato creíble de referencia. Los intereses políticos y partidistas han eliminado la posible productividad de este tipo de empresa y menoscabado alternativas de trabajo a las normales inversiones públicas y privadas: la alternativa del propio régimen ha sido la expropiación y la ineficiente gestión de lo expropiado. En contraposición, con un enfoque multidisciplinario que supera el desmoronamiento de las superadas ideologías socialistas y capitalistas, pero que se apoya en la filosofía, la macroeconomía, la geopolítica y geoeconomía y, por supuesto, en las ciencias del “management”, emerge el modelo moderno del Estado democrático, las inversiones en tecnología y educación de los recursos humanos finalizados a la evolución de la sociedad y de cada persona que la conforma, siguiendo un innovador esquema de convergencia del sector público con el sector privado proyectado hacia la transformación de la sociedad rentista en una productiva y competitiva.   
  2. La crisis estructural: El desarrollo endógeno y las planificaciones elaboradas por Cordiplan y sus aplicaciones se han manifestado en la macroeconomía, la política fiscal y monetaria, el despilfarro y la corrupción que han llevado el país a la situación de crisis estructural de la que los venezolanos padecen las consecuencias y de la cual deben salir, so pena la pérdida de identidad, independencia y soberanía del país. La utilización por el Ejecutivo nacional de autócratas civiles y militares, sin conocimiento científico, sin planificación y formal rendición de cuentas, se ha revelado en una estructuración perjudicial del sistema productivo que ha sido instrumento de un enriquecimiento ilícito finalizado al sostén del “reinante sin controles”, para establecer una “corte” de proxenetas corroborantes la prostitución del movimiento político a intereses subalternos y foráneos. Por supuesto, el Estado de Derecho, cual referencia moral superior, la separación de los poderes definidos en la Constitución, la transparencia del sistema electoral, han sido solo obstáculos incómodos que obligatoriamente deberían ser eliminados. La dictadura ha sido producida por una precisa estrategia con la cual paulatinamente, con movimientos adelantes y marchas atrás, se han anulado gradualmente valores y principios constitucionales fundamentales frente a una oposición que no veía o, complaciente, hacía muestra de no ver y entender el proceso de disgregación al cual estaba sometido el Estado. En contraposición, ahora que ha tomado conciencia de ser mayoría y de tener en la Constitución de 1999 el marco jurídico para definir formas y modalidades de su comportamiento en el ámbito nacional e internacional, la oposición retoma su identidad de protagonista para sustanciar la postura ideológica de referencia, la significación originaria de su responsabilidad específica que con ética y sindéresis le permita asumir el poder y la administración general de los bienes públicos, del Estado y de la entera sociedad, su capacidad de luchar para defenderla, por supuesto en la determinación del recorrido democrático de comportamiento, la recuperación del sistema y del Estado democrático, la estrategia para las finalidades generales del desarrollo del país y las tácticas para alcanzarlas.    
  3. La necesidad del cambio: no es una mortificación tautológica, una repetición obsesiva de tipo “goebbeliano, nazista o fascista”; al contrario, es el imperativo categórico de la obligación ética ínsita en el prístino concepto de democracia del cual se ha perdido, si alguna vez se ha tenido en su amplitud y firmeza, el significado primordial definido por su etimología, Aristóteles diría “pulcra administración del Estado”, cierto no perfecta pero que por las conquistas graduales realizadas en la historia conforma la civilización occidental, sus adelantos siempre perfectibles en lo económico y lo social. En Venezuela el Ejecutivo nacional desde hace casi veinte años ha negado su valor e intentado sustituirla por un proyecto político social comunista que ha reducido los alcances de libertad, de justicia, de dignidad e inviolabilidad de las personas, de los derechos humanos, y que todavía se manifiesta como hipérbole del continuismo del abuso con el cual se ha secuestrado el ejercicio del poder, usado para empobrecer el pueblo venezolano. Por lo tanto, nos encontramos no solo frente a la necesidad de cambio político, sino también frente a la exigencia de enfrentarlo mediante un proceso científico del conocimiento, para transformar y hacer crecer la sociedad en la cual esperamos prevalezca la racionalidad de la ética, sus análisis y aspiraciones para inducir la gerencia a las acciones que reconduzcan las instituciones en el ámbito propio de la Constitución.

Los aspectos indicados no son la solución de los problemas, más bien una formulación de los principios que el sistema democrático puede expresar para relativizar las finalidades perseguibles por el proyecto de país con las racionalidades presentes en las estructuras del Estado democrático y de la sociedad: son las racionalidades que caracterizan las leyes que definen el comportamiento de las diversas instituciones que lo conforman y que permiten su funcionalidad global de promotor del desarrollo y de las relaciones sociales, y de indicador de las pautas y modalidades que filtran y aplican los principios de la ética y de la estética que lo animan y estructuran.

Queda un axioma al cual hacer referencia: la libertad es la dimensión histórica del hombre. Nunca el prevalecer de la racionalidad de la ética disminuirá o conculcará libertades. El cambio que pregonamos indica el fin de un período que ha traicionado las expectativas del pueblo venezolano y el inicio de un nuevo devenir histórico propiciado por el principio de causalidad que trae inspiración de la estética y valores morales para permear y conformar las acciones de los ciudadanos con las del Estado democrático y de este con aquellos. Como afirmaba Niccoló Machiavelli en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio: “Una República o un príncipe no puede diferir en beneficiar los hombres en sus necesidades”.


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