Opinión

Somos los ciudadanos los que hacemos que la ley sea libre, no al revés

In memóriam Domingo Irwin

Hay movimientos, protestas, pronunciamientos que han marcado la Historia Universal. En la mayoría de ellos se ha hecho un llamado a la desobediencia civil. ¿En qué consiste ese acto y de dónde proviene su nombre?

Henry David Thoreau tituló así una conferencia publicada en el año de 1848, en la que define los criterios capitales de la desobediencia civil; esta fue puesta en práctica por el mismo Thoreau cuando en 1846 se negó rotundamente a pagar sus impuestos. Esta negativa le costó la prisión en Concord. Thoreau argumentó  que rechazaba colaborar con un Estado que amparaba la esclavitud y organizaba guerras absurdas, como era en ese tiempo la guerra emprendida contra México.

La desobediencia civil es una obra que realiza una profunda crítica a la autoridad del Estado y fue inspiradora de la lucha de grandes líderes, tal es el ejemplo de Gandhi, Martin Luther King y ha continuado iluminando protestas alrededor del mundo y de los tiempos transcurridos desde el siglo XIX.

También ha sido inspiradora de la objeción de conciencia. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española la objeción de conciencia “es la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos”. Es decir, hablando desde la ética, una persona responde en primer lugar, antes que a cualquier otro órgano jurisdiccional, al tribunal de su conciencia, de ahí que la objeción de conciencia sea un derecho subjetivo.

La Constitución venezolana dice en su artículo 61 que “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos”.

El domingo, 16 de julio de 2017, haciendo uso de nuestros derechos a desobedecer y objetar aquello que va contra nuestros principios, no solo porque lo dicte una Constitución sino porque son derechos inherentes a la persona humana, rechazamos, en primer lugar, el llamado a una constituyente; en segundo término, exigimos, léase bien, exigimos a la Fuerza Armada Nacional (mayúsculas y plurales) que cumpla con su juramento de servir a la patria y no a unos intereses particulares; tercero, exigimos a la Asamblea Nacional que cumpla sus deberes ante el clamor que expresamos en el plebiscito: nuevos poderes públicos, elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional, restituyendo de esa manera el hilo constitucional perdido ya hace unos cuantos años.

El domingo decía uno de los ex presidentes que asistió como invitado internacional a presenciar el acto de votación que esa manifestación del pueblo venezolano, nunca antes visto en la historia de esa manera, lo podía resumir diciendo “métodos democráticos versus botas que aplastan”.

¿Qué se nos plantea hoy? Nosotros, los ciudadanos, hemos realizado el trabajo. Aquí, allá, acullá, con calor sofocante, con lluvia, con nieve o con frío que congelaba. Hemos dicho: ¡Basta! No tenemos otras armas que nuestra voluntad, coraje y un bolígrafo. Ahora, a quienes se les ha dado el papel de conducir el movimiento libertario de una Venezuela grandiosa, que una vez más muestra al mundo su vocación de libertad, a ustedes, les corresponde estar a la altura de esta nación que se ha negado a ser esclava de un régimen ajeno a nuestro pensamiento, creencias y valores.

A la Fuerza Armada Nacional no le estamos diciendo “dé un golpe”, eslogan que se empeñan en endosarnos para así descalificar nuestra exigencia. Le estamos recordando, sí, nosotros, los civiles, que el profesionalismo militar se halla enmarcado en  la “corporatividad” (esprit de corps), disciplina, subordinación, obediencia; el militar es no deliberante; además, posee estudios sistemáticos en el arte de la guerra: “La esencia de la profesión militar está materializada en la tradicional admonición a los hombres de Annapolis respecto de que su deber será combatir la flota” (Huntington, Samuel). Debe haber rotación entre cargos de Estado Mayor y de línea, supervisión y evaluación sistemática de los militares por sus superiores inmediatos, sistema competitivo como única vía de ingreso y ascensos. Este profesional, administrador de la violencia, repetimos, es no deliberante. Es decir, quien “delibera” toma por mayoría de votos acuerdos que trascienden a la vida de la colectividad con eficacia ejecutiva. De allí se desprende que el militar, no deliberante, no participa de esta práctica democrática. Por tanto, el gobierno de una democracia no puede estar en manos de los militares, so pena de perder su rasgo distintivo. Los militares, entonces, según esa descripción someramente expuesta en líneas precedentes, no deben intervenir en política; sin embargo, los vemos en puestos de poder, en la Presidencia, en los ministerios. ¿Cuál sería la mejor manera de inhibir la injerencia militar en la política?  Evidentemente, sería aceptar la supremacía del poder civil.

“La ley nunca hará a los hombres libres; son los hombres los que tienen que hacer la ley libre” (Thoreau).