Ser solidario es una conducta indisolublemente ligada a la condición humana. Podríamos aseverar lo mismo del concepto de reciprocidad. Este último contiene elementos de rango legal. Fundamentalmente en el área del derecho internacional público entre otros. El ejercicio práctico de ambos conceptos es, entonces, aceptable en principio en el ámbito de las relaciones humanas y jurídicas. Demuestra apoyo, aval y hasta protección. Lo que es incongruente en este tipo de respaldo consiste en las denominadas solidaridades automáticas. En una especie de iuris et de iure. Es decir, aquella donde es común en el uso cotidiano de los abogados. La misma consiste en lo que se establece por ley y que no admite prueba en contrario. No permite probar que el hecho o situación que se presume sea falso o cierto.

Estas consideraciones afloraron en la oportunidad de leer la noticia emanada del Tribunal Supremo de Justicia legítimo (en el exilio) donde instaba a la titular del Ministerio Público ¿legítima? (en el exilio) para que iniciara una investigación al ex gobernador del estado Miranda por su presunta responsabilidad con los hechos punibles derivados de los contratos de obras celebrados entre diversos órganos públicos del Estado venezolano y la empresa Odebrecht.

Este mandato originó una pronta respuesta por parte de Henrique Capriles mediante un comunicado escueto pero contentivo de aseveraciones que es menester desglosar. Se pregunta el indiciado: “¿Cómo es que se hace una acusación de este tamaño, la vuelven noticia, arman la bulla, y aquí nadie ha venido a formalizar una investigación seria, a revisar documentos, a trabajar? Que se investigue lo que tenga que investigarse, eso sí, sin falsedades y sin objetivos pocos transparentes. Somos nosotros los principales interesados en que se investigue y cese una clara intención de destruirnos”. “…El que no la debe no la teme…” (sic).

Debo reconocer –rememorando viejas vivencias– la conducta asumida por Carlos Andrés Pérez y su partido, (a quienes adversé políticamente desde 1961) cuando el primero acató de manera republicana el mandato judicial que lo defenestraba legítimamente y legalmente de la primera magistratura. Por mi cabeza jamás pasado la posibilidad del hecho en sí y el de sus resultas. De tal modo que, a pesar de la justeza y legalidad de la sentencia, su comportamiento se hace acreedor de un sincero reconocimiento por su innegable conducta democrática, republicana y valiente al afrontar las consecuencias de su conducta como primer mandatario.

De manera inmediata (ahora) se produjeron sendas declaraciones emanadas de diputados de la Asamblea Nacional anunciando su automático respaldo previo –a todo evento– al indiciado. Estos parlamentarios obvian lo sustantivo del problema. No se trata, como quieren hacer ver, que la declaración emanada de un Ejecutivo consustanciado con el gobierno (sin autoridad ética, moral y política alguna) “constituye una sentencia” (sic).

El Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio) propiciador de la solicitud a la Fiscalía fue electo con los votos de todos los diputados de oposición. Algunos de ellos han manifestado su identificación plena con el ex gobernador. Valdría la pena preguntarse entonces, ¿la decisión del más alto tribunal venezolano responde a intereses subalternos destinados a beneficiar políticamente a otras personas? De ser así, constituye una presunción (en este caso iuris tantum) que amerita ser esclarecida sin lugar a dudas. De igual modo, ¿la AN acata o no las decisiones del TSJ en el exilio?

Los políticos se diferencian de los politicastros –entre otras cosas– por profesar un auténtico republicanismo. Este, en la actual circunstancia, consiste en respetar a cabalidad la competencia y las atribuciones específicas de los poderes públicos diseñadas por Montesquieu en el siglo XVIII. Traducido escuetamente: el Ministerio Público debe incoar –si procede– ante el órgano judicial regular y competente la correspondiente acusación. El tribunal, a su vez, decidirá los méritos de la acusación o la desestimara declarando la inocencia. Así de simple.

Pero no todo resulta ser tan simple. Del lado opositor muchos politicastros consumados conviven, casi en conchupancia, con políticos honestos (en el real y cabal sentido de su denominación) a quienes les tocará discernir, decidir y actuar en consecuencia. Todo pragmatismo contiene –perse– límites que no se pueden transgredir. “Ser auténtico consiste en armonizar lo que se predica con lo que se practica”. Esta ha sido para mí una especie de consigna, de lema y de definición que, en lo particular, he acogido con absoluta complacencia. En la antigua Roma existía un adagio aleccionador: “No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”. Por tal razón las solidaridades automáticas deben ser desechadas por todo estadista, y político serio, con vocación de servicio y honesto. De igual modo tal precepto debe ser asumido por la ciudadanía en general. Medias tintas no tienen cabida. Shakespeare (no Montiel, el maracucho) proyectó de manera monumental aquella duda de “ser o no ser”…

Debo confesar que en lo particular conservo algún recelo por las formas y en los modos con que se vienen desenvolviendo algunas actividades políticas y jurídicas por parte de algunos dirigentes que mantienen un papel protagónico en la actual coyuntura. Muchas sobrevenidas. Producto de decisiones no debidamente ponderadas. Se han presentado como situaciones “de hecho”. Cualesquiera de ellas (por acción u omisión) las hemos aceptado de manera tácita. Nos hemos autocolocado gríngolas indeseables. Veamos algunas de ellas.

La presunta legitimidad de la titular del Ministerio Público en el exilio. Recordemos cómo fue reelecta. Entre gallos y medianoche en un diciembre inolvidable. Aquella írrita decisión producto de una Asamblea Nacional moribunda a punto de concluir su mandato; hizo lo que le es común al totalitarismo dictatorial de Maduro y su combo. ¡Cuando pierden arrebatan! Todas aquellas autoridades de los poderes públicos electos son ilegítimas. Las doctora Ortega Díaz y Tarek William Saab son ilegítimos. La primera desde el punto de vista sustantivo y adjetivo. El segundo (quien actúa de forma írrita ad hoc) lo es de igual manera. Fue producto de la asamblea nacional constituyente que no es competente para nada. Contradice el espíritu, razón y propósito de la moribunda –pero aún vigente– Constitución nacional. Es decir, “no tiene vela en ese entierro”.

Por conveniencias políticas circunstanciales no podemos olvidar actuaciones procesales suyas como cabeza del Ministerio Público que mantienen hoy, sumidos en infames ergástulas, a muchos conciudadanos. Recordemos dos (de diversos) casos emblemáticos que no pueden ni deben diluirse en el olvido: los agentes de la antigua Policía Metropolitana detenidos desde el año 2002 y el jefe del partido Voluntad Popular, quien lleva cuatro años caprichosamente preso. Las señoras Bony Simonovis y Lilian Tintori tienen mucho que decir al respecto… ¡Bienvenida, sin duda alguna, la reciente y sobreviniente actividad política puntual de la doctora Ortega Díaz! Sin embargo, cuando el republicanismo sea instaurado de nuevo en Venezuela, ella deberá responder en un juicio, donde se le respete el debido proceso, su responsabilidad en los casos indicados y en todos aquellos a que hubiere lugar.

Las tormentas y los vientos de fronda en el acontecer nacional no nos deben hacer perder las perspectivas. Todo apoyo y ayuda internacional deberían ser propiciados y acogidos de manera entusiasta. Provenientes de los organismos multilaterales (OEA, ONU, Comunidad Europea etc.) y de gobiernos extranjeros. De igual modo la de los dos órganos representativos de los poderes públicos venezolanos “en el exilio”… ¡Bienvenidos todos ellos! Lo procedente e ineludible a nivel interno es la presencia activa de protesta y sin descanso en la calle hasta el desenlace final.

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@CheyeJR

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