Un desarrollo sostenido deriva de la perspectiva del holograma, de la visión con la cual concebimos los parámetros de referencia de la realidad que perseguimos y sobre los cuales construimos la gobernabilidad permitida por las relaciones ciudadanos-Estado.

Según Guillermo Feo, en Democracia vs Dictadura (1963), “la democracia no es naturaleza muerta de las ideas y de los deseos de progreso de la humanidad”, por ende, ofrece la posibilidad de que la cohesión de los sistemas de ciudadanos se fundamente como principio de acción y de orden en el marco jurídico que se manifiesta en la gobernanza, es decir, en el arte  o manera de gobernar que se propone como objeto el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 

La “sociedad civil” asume sus potencialidades gerenciales del nuevo marketing alienante y condicionante del modo de vida y diagnostica la anomia, la ausencia de leyes, y de este modo propone la respuesta efectiva que transforma o solventa los planes, programas y políticas mediante la comprensión del holismo constituido por la identificación del Estado con la sociedad, el conocimiento y la cultura, concebida como proyecto de nación: afirmamos así que la democracia se manifiesta a través de la propia participación de los ciudadanos en la gobernabilidad.

Parece reiterativo, pero nunca nos cansaremos de repetir que los principios estratégicos para el fomento macroeconómico encuentran los instrumentos que permiten el desarrollo y el progreso del país en el marco ético y legal definido por la Constitución. Citando otra vez a Feo: “Una nación orientada por un gobierno que no mata, ni tortura, y además respeta los dineros públicos debe sentirse feliz por estar cumpliendo por ellos los tres primeros mandamientos de toda sociedad civilizada”.

El gobierno de minorías excluyentes, desprovisto de parámetros humanistas, universales y éticos, crea una sociedad cerrada que excluye el ser del hombre como verbo discursivo de la acción y lo considera un número útil para sustentar su sistema de poder y su continuidad. En el desconocimiento del valor y de los aportes de la diversidad de los ciudadanos, indica Feo, “solo las dictaduras están hechas para que unos pocos privilegiados piensen y dispongan de las cosas de las mayorías a quienes dicen respetar”. En las palabras de Zygmunt Bauman (1999): “El ejercicio de una voluntad unilateralmente libre es la característica del déspota e implica como correlato una voluntad sometida”. Pues, el sentido de la racionalidad es suprimido, dando a prevalecer el pensamiento único que emerge por la doctrina que quiere controlar la vida del sujeto y de la sociedad.

Pero el pragmatismo de las violaciones de los derechos humanos es tan significativo que despierta  la sensibilidad de la comunidad internacional y el Tribunal de La Haya, terminada la fase instructora, será muy pronto llamado a pronunciarse sobre los crimines cometidos en Venezuela.

Ya que el sentido de gobernabilidad ha sido secuestrado por la concepción autoritaria del regente y se transforma en sustanciación de la postura autócrata, ¿la responsabilidad de los ejecutores es igual, mayor o inferior? ¿O las acciones violatorias perpetradas constituyen una unidad imprescindible e indivisible para el desprecio de la vida humana, el desconocimiento absoluto de la moral, la humillación de la gente, sometida a régimen policial, hambre y miseria? ¿La responsabilidad objetiva y subjetiva es solo del mandante o también del mandatario? ¿Es una justificación la ignorancia y el servilismo o es una situación invocada para sobrevivir? ¿La estrategia militar venezolana está formulada por surupíes de la política castro-bolivariana o por cómplices que teniendo un preciso conocimiento la adoptan por conveniencia individual y subjetiva? Cuando las instituciones no cumplen el rol definido por las normas constitucionales, rompen el pacto social e impiden la gobernanza, es decir, la cohesión de los factores que determina los equilibrios para el desarrollo.

Eso conlleva consecuencias a nivel internacional y en las relaciones bilaterales o multilaterales interrumpidas, consolidadas o ex nuevo establecidas.  ¿Tiene razón el citado Feo cuando afirma que las dictaduras “…de uniforme y los totalitarismos de masa se han estrechado las manos para aplastar juntos el sistema democrático que hoy nuevamente ensayamos?

De hecho se debe distinguir entre la gobernabilidad pregonada por la sociedad civil en el contexto de una sociedad abierta, democrática y pluralista, y la ejercitada por el poder absolutista, despótico y cercenador del pluralismo. Pues, en conformidad con la Constitución, la dinámica política se debe asumir como ejercicio del poder fundamentado en el pluralismo y el consenso que caracteriza la sociedad civil frente al desmoronamiento de los partidos políticos tradicionales. ¿En la situación de crisis general y de la contingencia política, quiénes son los que persiguen el bien colectivo e igualmente establecen espacios de convivencia en los asuntos en los cuales el Estado debería tener la densidad y el funcionamiento del entramado institucional garante de la conducta del carácter colectivo de la sociedad? 

Es oportuno recordar que Alejandro Arrutio (2014), en La dictadura, considera la gobernabilidad como el indicador del éxito del ejercicio del poder, de modo que estamos obligados a evaluar la indivisibilidad y las estrechas consecuencias que los valores de la democracia manifiestan propio cuando aseguran a través de ella la estabilidad política, económica y social.

El presupuesto socio-estructural condicionado por la sociedad mediática otorga input de inestabilidad según el momento o los asuntos a enfrentar o  tratar, y no es responsable de la formación y proposición política. De hecho, en las condiciones de transnacionalización de los comportamientos y de las ideas, la democracia se convierte en un juego abierto por el cual los partidos políticos han perdido gran parte de su función originaria de intermediación entre ciudadanos y Estado, y tienen siempre menor capacidad de desempeñar el papel de dominación en una democracia que con sus comportamientos en el tiempo han inducido a una mayor imperfección, aumentando el individualismo y las contradicciones.  

Con acierto Ulrich Beck (2002)  en su profundo análisis, reconoce que en la segunda modernidad la expectativa de los ciudadanos es cada vez más grande y exige a los partidos políticos una conducta reformista cada vez más decidida, no solo en cuanto a la reforma del Estado del bienestar, y por tanto a la relativización del trabajo asalariado, sino también de abrir el Estado-nación al espacio transnacional, es decir, a una tipificación del desarrollo dirigido hacia la democracia cosmopolita.

Es decir, que la gobernanza refleja la acción eficaz del Estado que afirma su legitimidad democrática y su imparcialidad relacionada con la forma con la cual aplica su institucionalismo y su concepción jurídica, económica y social por la cual se identifica como nación libre e independiente.

Por eso, en el sentido geopolítico, en el enfoque de Miguel Ángel Latouche (2009), la gobernanza se cimienta sobre la cooperación con las otras instituciones internacionales y sus actores deben tener el reconocimiento de la comunidad internacional.

Plasmar el sentido de la conexión del Estado y gobierno en el estadio de prosperidad y calidad de la vida que armoniza la sociedad total con el sistema económico y productivo es tarea que en la actualidad requiere el desempeño de una sociedad civil que asume la responsabilidad de la gobernanza del país y lo conduce hacia la recuperación de su identidad histórica y hacia su posible desarrollo.


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