Hugo Chávez comparte el honor, junto a Bashar al Asad, de ser precursor de un novedoso modelo de tiranía caracterizada como una dictadura de nuevo tipo.
Hasta 1999, políticos y analistas coincidían en que el modelo clásico de la dictadura civil o militar implicaba el desconocimiento expreso de los poderes públicos, a través de la supresión arbitraria de leyes e instituciones democráticas por parte del dictador o tirano. Por la vía de los hechos o “de facto”, el nuevo poder desconocía en su propio nombre el ordenamiento jurídico e imponía su voluntad con el apoyo de las fuerzas militares.
Luego de la llegada de Chávez al poder en Venezuela, en medio de una profunda crisis política y de gobernabilidad, el recién electo presidente propone convocar a una asamblea nacional constituyente para redactar una nueva Constitución como solución a la crisis coyuntural. No solo era innecesaria una nueva Constitución para resolver problemas de política interna, sino que además se convocó a una constituyente a prisa e improvisada en contra de la Constitución vigente para el momento.
Esa constituyente, convocada en 1999 en forma fraudulenta, se convirtió en una forma novedosa de golpe contra el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, aunque esto haya ocurrido con respaldo popular.
La constituyente de 1999 eliminó el sistema de pesos y contrapesos de la democracia para concentrar todo el poder en manos del presidente de la república, en detrimento de los otros poderes públicos. Desde entonces, se inicia en Venezuela una dictadura de nuevo tipo, una que no necesita desconocer de facto la institucionalidad; sino que, por el contrario, usa las propias instancias del poder público para secuestrarlo y refrendar el fraude y la ilegalidad.
Esta dictadura usa formas más sofisticadas de manipulación y control para darse un barniz de presunta legitimidad. En Venezuela, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, hasta ahora, ha sido clave para organizar elecciones en una forma que favorece a los candidatos oficialistas. Con esta ayuda, Chávez ganó todas las elecciones que quiso, y el chavismo controló desproporcionadamente el Parlamento, hasta que en 2015 el sistema electoral que había sido diseñado para abultar los votos chavistas colapsó.
El descontento de más de 70% del país superó las previsiones de los algoritmos viciados del CNE y le otorgó a la oposición una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, que solo pudo ser arrebatada por otro fraude fraguado desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Así como Al Asad en Siria, Chávez en Venezuela descubrió las bondades de instalar un régimen autoritario con apariencia democrática y legal, suficiente para evitar el escrutinio de la comunidad internacional ante evidentes delitos de narcotráfico y de lesa humanidad.
Siria y Venezuela tienen regímenes dictatoriales sofisticados, sustentados en altos niveles de represión policial y militar, que se protegen en el concepto de soberanía para evadir sus responsabilidades internacionales con los derechos humanos. Estas dictaduras de nuevo tipo cometen atrocidades contra la población civil y se amparan en formas democráticas fraudulentas para evitar ser etiquetadas como “dictadura”.
En el caso de Venezuela, bajo el mandato de Chávez, el régimen alentó una política de “zanahoria y garrote” para lograr cierto nivel de cohabitación política con la oposición y reforzar su legitimidad sobre todo a escala internacional. Así, al tiempo que Chávez desarrollaba sus políticas represivas, le permitía ciertos espacios a la oposición, siempre muy por debajo de su nivel real de influencia electoral. Esto le permitió a Chávez y al régimen jactarse de “ganar 17 elecciones seguidas con el sistema electoral más perfecto del mundo”. En esa lógica chavista, una dictadura que gana elecciones no merecía llamarse dictadura.
Pero el modelo de Estado que se establece en la Constitución de 1999 fue creado a la medida de Hugo Chávez y de sus caprichos megalómanos. La eliminación del Congreso, de la bicameralidad; la creación del Consejo Moral, la influencia del partido de gobierno en las Fuerzas Armadas, partían de la premisa que solo un hombre con las características de Chávez estaría siempre a la cabeza de ese Estado.
Con la muerte de Chávez en 2013, se inicia la implosión del modelo de Estado chavista con todas sus perversiones, ante la evidente incapacidad de Nicolás Maduro y de los otros hijos putativos de Chávez para maniobrar, con la misma habilidad, la política del “garrote y la zanahoria”. Con Nicolás Maduro y la nueva pandilla gobernante (Cabello, El Aissami, Rodríguez) se inicia una nueva política fundamentalista del “todo o nada” que liquida cualquier posibilidad de gobernabilidad, y lanza al país por el abismo del caos y al borde de una guerra civil.
La grave crisis política, social y económica, y el masivo rechazo popular, han hecho retroceder al régimen a las formas de una dictadura clásica que no tiene otra salida que hacerse valer por la vía de la represión policial y militar, y el desconocimiento “de facto” de su propia legalidad. El momento clímax de esta contradicción fue la convocatoria fraudulenta a una asamblea nacional constituyente para cambiar la constitución que Chávez les había encomendado como su más preciado legado. Esta vez el objeto de la reforma constitucional es cambiar la forma del Estado y su estructura a una que les permita “legalmente” eliminar la alternabilidad y nunca más entregar el poder.
Como Siria, la dictadura venezolana no tiene otro recurso para sostenerse en el poder que reprimir a su población civil y forzar por la vía de los hechos un evento como la constituyente, aunque no participen en esa elección ni siquiera 5% de los electores. De aquí en adelante solo podemos esperar formas más primitivas y brutales de represión y fraude político.
Si instancias internacionales como la Organización de los Estados Americanos siguen haciendo concesiones a la indecisión, y fallando en caracterizar correctamente al régimen venezolano como una dictadura, muy pronto tendremos no una, sino varias Siria en América Latina. Todas alentadas por la falta de compromiso y firmeza de los países en la región en defensa de la democracia y la libertad.