El 5 de abril de 2017, cumpliendo con un acto programado por la Universidad de Carabobo, unos estudiantes se encontraban manifestando de manera pacífica en las inmediaciones del Arco de Bárbula. Ante la concurrencia, efectivos de la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y Policía Estadal impidieron el acceso al campus, imposibilitando la entrada y salida de la comunidad universitaria. Acto seguido, efectivos y grupos violentos identificados como “colectivos” ingresaron al recinto universitario, agrediendo y despojando al personal de seguridad de sus pertenencias materiales, tales como teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos de valor. Luego, funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía de Carabobo arremetieron de manera vil y violenta y golpearon a nuestros estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero. Dichos funcionarios militares y policiales, utilizando armas de fuego y sustancias tóxicas, produjeron daños físicos a los miembros de nuestra comunidad, quienes en su mayoría ni siquiera se encontraban manifestando. Todo ello se evidencia en los más de veinte heridos, entre ellos tres por armas de fuego y otros tantos por perdigones. El resto ha sufrido lesiones y asfixia derivada del exceso de gas lacrimógeno. Como daños materiales ocasionados, la sede de la Federación de Centros Universitarios fue destruida por la acción desmedida de los funcionarios: puertas y ventanas fueron rotas y despegadas mientras lanzaban bombas lacrimógenas hacia el interior, sin importarles que allí estuviesen refugiados varios de los heridos y afectados. De más decir que las actuaciones se produjeron con saña, premeditación, alevosía y claro abuso de autoridad.
Lo que hemos relatado causó en toda la comunidad universitaria momentos de tensión, miedo, zozobra y angustia, no sólo en los que fueron agredidos sino también en los familiares de nuestros estudiantes, cuyo paradero se desconocía. De inmediato, las autoridades rectorales y decanales se hicieron presentes en el lugar de los hechos, para gestionar los traslados de los heridos por arma de fuego y perdigones a los centros de salud más cercanos. Intentamos comunicarnos con el Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo, quien ignoró y omitió el llamado de ayuda, desacreditando nuestra denuncia. ¿No debe el servicio de policía proteger el libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas, garantizando la paz social? Valga decir que, en el momento de los acontecimientos, no estuvo presente ningún funcionario del estado a los fines de conciliar o mediar en el conflicto. También es importante señalar que los estudiantes detenidos y trasladados a la Comandancia de la Policía de Carabobo fueron salvajemente golpeados y torturados, obviando el debido proceso.
Los hechos aquí narrados son de conocimiento público y notorio, ya que se evidencia a través de las fotografías y videos publicados en los distintos medios de comunicación y demás redes sociales. En esas imágenes se evidencia palmariamente el estado de salud de nuestros estudiantes heridos, como también los daños materiales ocasionados a sus bienes personales y al patrimonio universitario. En virtud de estos graves hechos y debidamente autorizados por el Consejo Universitario, entregamos la presente denuncia para que se inicien las siguientes investigaciones: De los hechos acontecidos en el campus de la Universidad de Carabobo; de los funcionarios militares y policiales que actuaron y participaron en procedimientos írritos; del Secretario de Seguridad Ciudadana, por no haber protegido la vida y seguridad de las personas allí presentes y por permitir la violación del recinto universitario; de los sujetos identificados como miembros de los “colectivos”, involucrados en los hechos, quienes actuaron en desmedro de la comunidad bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad.
Por último, anexamos imágenes digitales de los heridos y de artefactos recolectados como bombas lacrimógenas, cartuchos de balas y perdigones.