El Estado moderno se justifica por la satisfacción de las necesidades de sus habitantes. Este debe, a través de los servicios públicos, ayudar en el crecimiento personal; eso es lo que nos presenta el texto de la Constitución, en la que se enumeran derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado.
La mención de un derecho en nuestra Constitución no es una invitación para que el gobierno preste el servicio público que garantice el derecho, genera para el Estado la obligación de hacerlo. Todo servicio público debe funcionar de manera continua, por cuanto las necesidades son permanentes; en el que la huelga está restringida y supeditada a la ejecución del servicio público, por eso deben garantizar el mínimo indispensable; por ejemplo: en materia de salud se debe asegurar la atención de emergencia, para que los ciudadanos se afecten lo menos posible. El Estado debe responsabilizarse por la igualdad en el acceso al servicio público, en el que no se admite la discriminación en el acceso al disfrute de esos servicios.
Aunque en nuestra Constitución se asevera que la salud es un derecho social fundamental, la ejecución del gobierno es pura palabrería; no se observa que se garantice el derecho a la vida, que se promuevan políticas para elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios (artículo 83). En los hospitales que administra el gobierno no se otorga ninguna protección de la salud; y con los problemas de agua y electricidad no se puede cumplir con un mínimo de las medidas sanitarias y de saneamiento necesarias. El sistema público nacional de salud no es descentralizado, como lo ordena la Constitución.
La seguridad social es la que pagan los trabajadores para que les cubran sus riesgos, como cuando usted toma un seguro para su carro, si le pasa algo acude a cobrar la indemnización del seguro. El seguro social obligatorio trabaja de igual manera, cubre los riesgos de salud de los trabajadores, riesgos que ellos pagan, aunque sea poco. La ventaja de este tipo de seguro es que son todos los trabajadores los que cotizan, por lo que el costo de la protección del seguro se diluye en la masa. La asistencia social es atender a todas aquellas personas que no tengan un sistema de seguridad social financiado por el propio trabajador y su patrono.
La Constitución de 1999 mezcló los conceptos, llamó seguridad social a un servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias relacionadas, lo que antes de esta revolución conocimos como asistencia social (artículo 86), para más adelante decir que el Estado tiene la obligación de crear un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas; y que la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Se definió la seguridad social como asistencia social, siendo dos conceptos distintos.
A todas estas, no tenemos ni seguridad social pagada por los trabajadores ni asistencia social gratuita para todos financiada por el Estado. En el papel existe un sistema público de salud que garantiza la prestación del servicio al que se comprometió el Estado por medio de la Constitución, aunque en la práctica poco es lo que se tiene, y lo peor es que no van a rectificar, ya lo hubieran hecho si tuvieran interés.
Los gobernantes no cometen un delito al incumplir con sus obligaciones constitucionales, pero debería estar tipificado como tal, ya que la consecuencia es la muerte de los venezolanos, esos mismos que se supone que son beneficiados por el petróleo, que es de todos según la propaganda oficialista.
Los hospitales no son centros dispensadores de salud, son lugares de cuidados paliativos cuando hay cómo ayudarlos. Los pacientes deben llevar todos los insumos, y los desesperados les ofrecen dinero a los médicos para que los operen. No hay comida para los pacientes ni para el personal que labora en las instituciones de salud; a veces hay carbohidratos: arepa sola, arroz sin nada, espaguetis sancochados, cero proteínas y vegetales. Los médicos más preparados que son adjuntos o jefes de servicio ven que los médicos residentes, que son los recién graduados que están estudiando posgrados, están perdiendo peso como el resto de la población. Solo la caridad de los pacientes y el resto del personal permiten que ellos se mantengan realizando sus labores, todo con el objetivo de formarse en una especialidad. Nuestros médicos no han conocido una situación hospitalaria como la que se está viviendo en la actualidad, ya que la falta de recursos ha llegado a su máxima expresión, y dicen que va a empeorar.
La diáspora de médicos viene apoyando a sus colegas enviándoles donaciones de comida para ellos y medicinas para que puedan ejercer y curar a los enfermos que atienden. Algunos de estos médicos que colaboran y están en el extranjero se hacen llamar “Médicos Unidos Venezuela”, dan esa mano que el gobierno del socialismo del siglo XXI les niega a los que trabajan en el sector público y a los más débiles.
Algunos médicos se mantienen por la docencia; otros, por la solidaridad para atender a los que no tienen adónde ir, pero hasta cuándo podrán aguantar la presión de ver que saben cómo actuar, pero no tienen con qué hacerlo.
El acto médico ya no es seguro, idóneo ni oportuno. El gobierno tampoco.