La Convención Nacional fue la principal institución de la llamada Primera República Francesa. De carácter constituyente, concentró el Poder Ejecutivo y el Legislativo desde el 20-21 de septiembre de 1792 hasta el 26 de octubre de 1795. Comenzó sus acciones con el voto unánime, para abolir la monarquía, destituyendo formalmente al rey, Luis XVI.
Por cierto, las elecciones a la Convención Nacional, pese a celebrarse bajo el sufragio universal, resultaron un verdadero fracaso en cuanto a la participación democrática, pues coincidieron con el clima de terror que generaron las matanzas de septiembre de 1792: hubo 6 millones de abstenciones de entre 7 millones de ciudadanos con derecho a voto. En otras palabras, solo votó 14% del padrón electoral (Furet F. y Ozouf M. (1989) Diccionarios de la revolución francesa, Ed. Alianza, Madrid).
Ante las amenazas de carácter externo e interno percibidas y experimentadas por la revolución, unos meses después, el 5-6 de abril de 1793, se crea el Comité de Salvación Pública al que la Convención Nacional transfiere sus poderes ejecutivos en diciembre de 1793. Así, el Comité de Salvación Pública, en la figura del Comité de Seguridad General (la policía política revolucionaria), fue el organismo que implementó medidas represivas extremas para impedir cualquier acción contrarrevolucionaria. La doctrina del Comité de Salvación Pública era la de la “verdad” y la “virtud patriótica”.
Unos de sus famosos decretos fue la Ley de los Sospechosos, votada el 17 de septiembre de 1793. Dicha ley reputaba la condición de sospechoso a todo individuo que sencillamente hubiese mostrado la más ligera crítica al régimen revolucionario e incluso a aquellos que, sin formular críticas abiertas, no prestaban un apoyo expreso e indubitado a la República. Y, por supuesto, todos aquellos encontrados sospechosos eran expeditamente “dados de baja” en la guillotina, sin ningún tipo de juicio.
Fueron varios los individuos y las instituciones encargadas de elaborar las listas de sospechosos, y, así como se materializaban dichas listas, también existió la posibilidad de materializar aquellas que certificaban lo contrario, es decir, las listas de no-sospechosos. Tres días después de votada la Ley de los Sospechosos, el 20 de septiembre de 1793, fue creada la Carta Cívica, también llamada Certificado de Civismo (más recientemente, carta de buena conducta) cuya obtención se hizo obligatoria para quedar fuera de toda posible sospecha y debía ser presentada cada vez que era solicitada y acompañada, en ciertos casos de un certificado de no-emigración.
¿Que otras medidas tomó la asamblea nacional paralela, quise decir la Convención Nacional?
El 4 de mayo de 1793, la Convención Nacional decretó la “Loi du Maximum” o ley del precio máximo para granos y harinas. El 26 de julio de 1793, la misma Convención Nacional votó un decreto contra los acaparadores de artículos de primera necesidad, amenazándoles con la pena de muerte y confiscación de bienes. El 19 de agosto se extendió la ley del precio máximo a los combustibles. El 11 de septiembre, el precio del grano fue unificado en toda Francia en 14 libras el quintal, más el costo de transporte.
Ahora bien, debido a la persistente inflación y la escasez, constantes durante toda la Revolución, y la difícil coyuntura externa por la que atravesaba la Francia de 1793, la Convención Nacional, el 29 de septiembre de 1793, decretó una nueva ley, que fijaba también precios máximos para todos los productos de primera necesidad. Adicionalmente, congelaba los salarios prohibiendo su rebaja.
Como se ve, la inflación y la escasez no cedían, ello a pesar de la producción a diestra y siniestra de decretos contra las mismas. Robert Schuettinger y Eamonn Butler (1979) en su libro 40 siglos de control de precios y salarios: cómo no combatir la inflación, documentan que, como ocurre siempre, los controles engendraron un inmenso mercado negro que desafiaba los propios controles impuestos por el gobierno sobre los alimentos.
Todo lo anterior se enmarca dentro del período llamado “Terror Rojo”, al cual le siguió el “Terror Blanco” en 1794 y al que le siguió el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799.
Con las diferencias de marco, circunstanciales y estadísticas, el mismo miedo que motorizó el Terror Rojo está presente en los fraudulentos de hoy. Desde la perspectiva de la historia que se repite, tómenselo con calma amigos lectores y administren bien el optimismo y la inteligencia, pues, comparativamente hablando, apenas estamos entrando en septiembre de 1793…