Todos y cada uno de los modelos represivos construidos y desarrollados en la segunda mitad del siglo XX en América del Sur tuvieron como objetivo el control absoluto de sus economías por el capital financiero internacional, adversario constante y permanente de las reivindicaciones y del derecho a mejores condiciones de vida de los trabajadores.

Las fuerzas sociales que crecieron en las principales naciones capitalistas del Cono Sur, a partir de la posguerra, alcanzaron un notable desarrollo que les permitió aspirar a ser parte de la dirección política de sus sociedades, condición indispensable para transformar el funcionamiento del Estado y el rendimiento y aprovechamiento de las fuerzas productivas.

Sobraron las razones para enmascarar las diversas crisis que hicieron posible que una a una las naciones del Cono Sur quedaran sometidas a proyectos autoritarios, protagonizados una y otra vez por las instituciones militares que como siempre o casi siempre están generalmente a la orden, para contener o destruir las propuestas democratizadoras.

Escalada en la cual funcionó un trágico patrón de aniquilamiento de los cuerpos dirigentes de las organizaciones populares, particularmente de los conductores sociales vinculados con las luchas de los trabajadores, se trataba de reducir la capacidad de la población de construir alternativas democratizadoras, en beneficio de la superación de la crónica pobreza existente en nuestro continente.

Los venezolanos tuvimos el privilegio de escapar a semejantes situaciones de violencia y despojo en América del Sur durante casi medio siglo, fenómeno represivo novedoso dada su extensión y presencia en las décadas de finales del siglo XX, organizado desde el Estado brasileño y conducido por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el cual fue articulado en una ofensiva conspirativa.

Y a través de una reaccionaria alianza de sectores económicos, políticos y militares supranacionales, con los sectores ultraconservadores de cada nación se ejecutó la liquidación de los diversos proyectos progresistas organizados y desarrollados durante la posguerra en los países del Cono Sur, no se salvó ninguno del elevadísimo costo social y económico que tuvo para el progreso de sus pueblos

La “abundancia petrolera” nos mantuvo a salvo de nuevas aventuras autoritarias posteriores al militarismo perejimenista, los ingresos en divisas  de la República alcanzaban para tirios y troyanos, por lo que no era necesario poner en marcha mecanismos violentos de dominación para apropiarse de ellos, sobraban los petrodólares para la conducción clientelar y para satisfacer la acumulación de capital de los sectores conservadores.

Paraíso que entró en crisis a partir del Viernes Negro, febrero de 1983, cuando el rentismo como proyecto de Estado hizo su primer estallido, el ingreso petrolero dejó de alcanzar para mantener la paz social y engordar sin control las cuentas del empresariado parasitario y partidizado, tanto la ignorancia como la corrupción del cuerpo dirigente, los condujo al olvido de que el país crecía y se urbanizaba, lo que hacia indispensable diversificar y desarrollar la producción nacional.

Las carencias económicas y sus negativas consecuencias sociales, violencia y pobreza, se profundizaron a partir de las décadas finales del siglo XX, la hegemonía partidista se hizo impermeable a la crítica y a las reformas, lo que generó el amplio predominio del sector financiero especulativo en la dirección del Estado en alianza con corrupción burocrática, y gestar el desprestigio de las instituciones indispensables para la legitimidad del Estado democrático.

Y alcanzamos el siglo XXI agarrados de la cola de lo que fue una próspera industria petrolera, convertida en una agencia de exportación del capital petrolero venezolano a precios de gallina flaca, sepultando además, en nombre del reparto de la pobreza, el proceso de sustitución de importaciones, y llegar a la más grande catástrofe económica y social que ha vivido la nación en más de 100 años.

Ruina de la cual no saldremos sino a través de un proceso de luchas, en las cuales la participación organizada de los más amplios sectores, en forma unitaria y plural, nos permitirá vencer la intervención extranjera civil y militar, liquidadora de nuestro patrimonio que encabeza la delincuencia financiera nacional e internacional que ha despojado a la nación.


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