Venezuela es firmante de convenios con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los cuales se establece que el gobierno de turno debe ser garante de todo lo asentado en muchos aspectos de dichos convenios, y entre los cuales está la salud como uno de los derechos humanos más fundamentales, la cual debe ser asegurada a toda la población sin discriminación o exclusión. Así mismo, nuestro país también es firmante de convenios con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, instituido por la OMS desde 1950, y para este año 2018 dicha organización pide “a los líderes mundiales que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud para todas las personas” así como el tema seleccionado para la conmemoración de ese día fue: “Cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar”. Analizando la importancia de lo antes expuesto podemos deducir que la salud debe ser garantizada sin discriminación alguna y mucho menos sometida a ideologías políticas; lastimosamente, estas características en relación con la salud son las que estigmatizan al actual régimen que mantiene secuestrado a nuestro país, con resultados conocidos y vivenciados por sus ciudadanos.
La organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, cuyo fin principal es la promoción de la salud, además de tener una visión o diagnóstico de la grave situación de salud a escala nacional a fin de ofrecer igualmente planteamientos certeros relacionados con las posibles soluciones para esta grave crisis, estimuló e inició la pasada semana, como preámbulo al Día Mundial de la Salud, una campaña la cual fue muy difundida por las redes sociales promocionando la consigna o el hashtag “salud para todos”, apoyando el lema seleccionado por la OMS y bajo la premisa de que todo ciudadano en el mundo tiene derecho a la salud, en otras palabras, este derecho no es una dádiva o una limosna, está consagrado en todas las constituciones de los países miembros de los organismos internacionales mencionados anteriormente y en nuestra Constitución vigente está expuesto en el artículo 83, el cual refleja que el Estado debe ser garante de la salud de todos los ciudadanos de este país.
Sin embargo, en relación con este derecho constitucional de los venezolanos, vemos con absoluto asombro cómo la discriminación y exclusión con relación a la salud ha marcado a este sistema de gobierno, el nefasto instrumento político conocido como “carnet de la patria” es un requisito obligatorio para tener acceso a los medicamentos a través del 0800-saludYa, discriminación que corroboró y denuncio la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional legítima la pasada semana. Esta segregación no solo es a través del mecanismo mencionado; a principios de este año lo exigieron en la red de farmacias conocida como Farmapatria; sin embargo, esta obligación fue aparentemente suspendida en estos establecimientos farmacéuticos. ¿Pudiéramos afirmar que privó la sensatez? Aun así, sigue vigente para adquirir medicamentes a través del 0800-saludYa y, recientemente, para acceder a las vacunas, según se desprende de las declaraciones públicas del ministro de Salud. La figura del carnet de la patria no está estipulada en ningún artículo de la Constitución, por lo que es un desdichado instrumento político que está siendo utilizado no solo para la salud; el derecho a la alimentación está siendo vulnerado y esto, a su vez, vinculado con el comité local de abastecimiento y producción, es decir los famosos o, mejor dicho, ominosos CLAP.
La agrupación Amigos con Diabetes también fue testigo directo de la exclusión a través de dicho carnet, muchos pacientes diabéticos han acudido al 0800-saludYa a fin de conseguir la insulina, la cual de paso está en falla absoluta, y si no posee el “beneficio” del funesto carnet de la patria, incluso le trancan la llamada. De más está decir la dramática situación por la que están atravesando las personas que presentan esta condición y dependen del tratamiento con la insulina, a lo que se suma el déficit también absoluto, de cintas reactivas para medir la glicemia capilar.
El derecho a la salud es universal, tiene que ser garantizado a todas las personas sin ninguna distinción, la salud no puede jamás ser ideologizada o politizada. En esta Venezuela secuestrada políticamente, aplicar el lema tan certero de la OMS como es “Salud para todos” se hace imposible. Y cerramos con la interrogante con la cual iniciamos este artículo: ¿bajo esta perspectiva, existen las condiciones para garantizar en Venezuela la salud para todos?