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Salta (República de Argentina)
Fueron días intensos para los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa que celebraron su 74 Asamblea Anual, en la ciudad de Salta. Del 19 al 22 analizaron la situación en materia de libertad de prensa en el continente y paralelamente aprobaron la Declaración de Salta sobre principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.
Esta iniciativa liderada e impulsada por el saliente presidente de la SIP, el peruano Gustavo Mohme, se concretó a partir de un borrador producto del trabajo de varios expertos, que fue motivo de intensos debates, culminando con la declaración aprobada por la Junta de Directores. El documento, de 13 puntos, constituye de hecho y como mínimo un avance y una puesta en la mesa de un tema difícil, dinámico, vertiginoso y cambiante, pero que ya no se puede ni se debe evadir. Podría hablarse, quizás con más precisión, de una declaración “preliminar” y a la vez permanente sujeta a vigilancia y actualización, sobre lo que se insistió allí en todo momento. El primer objetivo era reafirmar la libertad de expresión como la primera y custodio de las restantes libertades y derechos, también ahora en la era digital tal cual fue marcado en la Declaración de Chapultepec, aprobada en 1994 por iniciativa de la SIP.
In dubio pro libertate fue el punto de partida básico e ineludible del documento y las discusiones, pero sin ignorar la necesidad de remarcar el derecho a la propiedad intelectual, por ejemplo, y de precisar las responsabilidades de las grandes plataformas proveedoras de servicios digitales. Se fue insistente en que no se pueden balancear entre ser por un lado meros intermediarios o transportadores o apelar a los derechos de los usuarios o a la libertad de expresión según sea y convenga. Estuvo muy en la mira la responsabilidad de esas empresas y cómo actúan y deben de actuar en el manejo de los contenidos frente a la presión de los gobiernos y en función sus miedos y sus negocios.
No fue fácil pero salió, y para ello es de resaltar que una especie de garantía fue la protagónica actuación que tuvo en todo el proceso el relator para la libertad de prensa de la OEA, el uruguayo Edison Lanza, sin duda uno de los mayores y más respetados referentes en la materia a nivel continental.
Como con Chapultepec, primero, y después la Declaración sobre Crímenes de Periodistas sin Castigo que la SIP lanzó en agosto de 1997, cuyas recomendaciones fueron aprobadas por las asambleas de la OEA y de la Unesco y por una de ellas se creó la nombrada relatoría, surge ahora la Declaración de Salta para encarar aspectos cada vez más complejos pero con una sola obsesión: primero y ante la duda, la libertad.
Pero Salta no fue solo eso. Las delegaciones de Nicaragua y de Venezuela dieron amplia información sobre lo que ocurre en sus países. Desolador: represión sin límites, hambre, falta de medicinas, pueblos, centenas de miles de personas que jamás lo soñaron deambulando y buscándose un lugar en alguna otra parte fuera de su propio país. “Creíamos que eso pasaba en otros continentes”, comentó y repitió más de un asistente. Una sensación de impotencia sobrevoló la reunión: ¿Qué hacer? Informar, informar sí, pero hubo conciencia de que no basta con ello para parar a los desenfrenados dictadores venezolanos y nicaragüenses. La consigna fue renovar fuerzas en esa línea para que los organismos internacionales tomen conciencia y actúen en función de sus facultades y obligaciones.
Hubo más malas noticias: 30 periodistas muertos en lo que va del año más infinidad de proyectos de leyes y decisiones judiciales contra la libertad de expresión, resucitando temas, prácticas e ideas que se creían superadas. Colegiación obligatoria, no respeto del secreto de las fuentes, obstáculos para el acceso a la información, ley de olvido, represión directa a los periodistas, jueces que censuran y otros que ya “ordenan” lo que hay que publicar, discriminación de la publicidad oficial y otra serie de pestes que se pensaban extinguidas. Y para colmo una gran campaña difamatoria contra la prensa y los periodistas, como si fueran lo peor de la sociedad; pero ahora con el agravante de que ya no se trata de los dictadorzuelos como Correa, Evo Morales u Ortega, sino que quien la lleva adelante es el propio presidente de Estados Unidos, con un tono y vocabulario tan desaforado como el de aquellos.
Y eso, además, en países que se suponen democráticos. Y todo porque los periodistas se ocupan de informar.
Hay que volver a recordarle que Chapultepec sigue vigente y que como lo afirma al principio “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.