Opinión

Salario mínimo, bono de alimentación, hospitalización y clínica…

Pedro Morales

El país sufre los rigores de un “paquete económico” que a todas luces fomenta desesperanza y desesperación al no percibirse un escenario de bienestar real, dado que se aplican recetas macroeconómicas aisladas, discontinuas e incongruentes. Cuando la realidad exige la implementación sincera y sistemática de un “Programa Macroeconómico y Macro-social”, que esté fundamentado en la sensatez política y económica: “no es problema de ideología sino de sentido común”.

Por tanto, estamos conscientes de la imperiosa necesidad que el gobierno nacional ponga en práctica un conjunto de políticas sensatas, coherentes, integrales y acertadas para solventar los graves desequilibrios estructurales que padecemos absolutamente todos los venezolanos en múltiples aspectos, entre ellos el económico y el ético-moral. Pero en paralelo, además de propiciar la esencial integración entre el sector público, empresarial y universitario a favor del verdadero bienestar sustentable se deben realizar las siguientes tareas: i) Transferir ingresos o poder adquisitivo a los sectores marginados de la población, con el propósito de recomponer el sistema de incentivos y méritos salariales productivos; ii) Realizar un ajuste integral de precios de todos los bienes y servicios, sin discriminaciones ni preferencias monopólicas; iii) Recibir ayuda financiera internacional por el orden de los 25 millardos de dólares; iv) Unificar la relación bolívar-dólar en términos de un tipo cambio competitivo que supere los 500 bolívares por dólar estadounidense; v) Invertir más de 2 millardos de dólares en la ampliación, recuperación y potenciación de la infraestructura universitaria.

Además, urge la aplicación de una propuesta de estructura salarial que esté sustentada metodológicamente y siga los mismos criterios gubernamentales para ajustar el salario mínimo (SM) y el bono de alimentación (BA). Esta propuesta, en esencia, consistiría en equilibrar los salarios de toda la comunidad laboral del país y universitaria, en particular, tal cual al que se devengaba en diciembre del año 2007 (considerado como el año base o de referencia): se toman en cuenta las mismas cifras o la respectiva tendencia oficial de la inflación, que para el año 2016 se ubicó en lo mínimo en 700% (año 2015: 180%).

Es oportuno reseñar que desde diciembre de 2007 hasta la actualidad la inflación se ha incrementado (de acuerdo con proyecciones que pueden realizarse de las propias cifras oficiales del INPC) aproximadamente en más de 100 veces y con respecto al índice nacional para alimentos superior a las 400 veces. Es decir, si para finales de 2007 el salario mínimo de los trabajadores (SM) era de 614,79 bolívares y el bono de alimentación o “cesta ticket” (BA) era en promedio de 14,12 bolívares por día, entonces para marzo de 2017 tendrían que ubicarse en 70.456 bolívares (SM) y 186.700 bolívares (BA). De la misma forma, el salario para un docente universitario en la escala inicial debería ser de 455.000 bolívares (por lo menos).

Digresión: Para el caso del sector universitario (de acuerdo con la misma metodología planteada), los beneficios socioeconómicos referidos, por ejemplo, a “hospitalización y cirugía” (HC) vendrían dados por la siguiente relación: la sumatoria del salario normal de un profesor titular a dedicación exclusiva del año 2017 con el poder adquisitivo (diciembre de 2007), multiplicado por el criterio de ponderación del BCV, por el factor 4 (que representa la frecuencia de incremento en los costos de siniestro o salud que experimentaron las clínicas privadas durante el año 2016):HC= 10.012.788,32 bolívares.

pmoral@unet.edu.ve