El trágico drama del pésimo funcionamiento de los servicios públicos tiene características alarmantes. La pasada semana fuimos testigos de un caso verdaderamente insólito ocurrido en la ciudad de Maracaibo, donde las constantes interrupciones del sistema eléctrico están a la orden del día causando estragos en la población cuyos alimentos se dañan  y los artefactos electrodomésticos quedan inservibles. El nuevo apagón que dejó sin luz a la capital  zuliana por más de 30  horas, también afectó considerablemente al sector comercial que tuvo que paralizar  completamente sus actividades.

Este problema no es nuevo; ha sido denunciado por los ingenieros especialistas desde hace más de 14 años, y las interrupciones en el suministro de energía son  cada vez más frecuentes no solo en el Zulia  sino en el resto del país. No es necesario ser especialista en la materia, pero es muy elemental que si no se aplican las medidas necesarias que consisten en los respectivos mantenimientos correctivos y preventivos  a las plantas generadoras y centros de distribución del fluido eléctrico, así como también las necesarias inversiones en ese sector, la  crisis se intensificará y los cortes de energía serán cada vez más prolongados y frecuentes.

Y he aquí el caso insólito: el  ex vicepresidente de la empresa Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven),  hoy Corpoelec, ingeniero Ciro Portillo,  declaró en Maracaibo  que se debía “decretar al Zulia en emergencia por la situación eléctrica” y que si no se atiende con ese criterio la crisis, tendremos severas  paralizaciones del servicio.  

A raíz de esta afirmación,  el gobernador del Zulia, Omar Prieto, anunció que lo denunciaría ante el Ministerio Público “por perturbar la tranquilidad  de los zulianos” diciendo que se van a quedar sin sistema eléctrico, y remató afirmando que el ingeniero Portillo “tendrá que decir  a los tribunales y a la Fiscalía por qué conoce tanto sobre los daños que tenemos en el sistema eléctrico regional”. Tanto el gobernador como el presidente de Corpoelec, Motta Domínguez, insistieron en atribuir a “sabotajes políticos los apagones en el Zulia”, dizque  “para empañar las elecciones del próximo 20 de mayo”.

Aunque  está claro que  la situación eléctrica que se vive en la entidad occidental es consecuencia de una crisis estructural que sufre el sistema, la decisión no se hizo esperar. La pasada semana un tribunal del estado Zulia dictó orden de detención contra el ingeniero Portillo. Como complemento a esta barrabasada,  Nicolás Maduro ordenó el sábado pasado  la detención de los antiguos directores de la empresa Enelven, encargada del suministro eléctrico en el Zulia. Argumentó que son los responsables de la  supuesta «guerra eléctrica» que afecta la región. Estos absurdos solo se ven en Venezuela. No es con amenazas, detenciones, ni echando  mano de argumentos nada creíbles, atribuyendo a supuestos sabotajes las reiteradas fallas en el sector,  la forma de solucionar el problema.

El pueblo no debe pagar las consecuencias de la ineficiencia e incapacidad del gobierno, que producen los errores y constantes fallas en el servicio eléctrico. 


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