Opinión

La ruta de la protesta

La ruta de la protesta es una opción a la que no puede renunciar una ciudadanía asediada por un sistema político que le ha hurtado sus libertades, su calidad de vida y hasta la esperanza.

Frente a la opresión y el despotismo de la camarilla roja tenemos que asumir la alternativa de la protesta y la resiliencia.

Sabemos del comportamiento homicida de quienes hoy gobiernan. No tienen escrúpulo de enviar a sus escuadrones paramilitares, encubiertos con el nombre de colectivos sociales, a asesinar a quienes en las calles han exigido y exigen el respeto a sus derechos políticos, económicos y sociales. Formato de origen cubano y soviético ya conocido, aplicado en Nicaragua en la primera gestión sandinista, repetido ahora con mayor crudeza por el dictador Daniel Ortega luego de su “exitoso” experimento venezolano.

La lista de víctimas de la voracidad criminal de la dictadura bolivariana es larga. Fundamentalmente jóvenes, a quienes les han quitado la vida bajo la modalidad de civiles infiltrados en las manifestaciones para tratar de evitarle ese trabajo sucio a las fuerzas militares, y luego inculpar de los crímenes a los propios manifestantes o a sus organizadores.

Pero también las fuerzas militares y policiales tienen su lista de víctimas mortales, así como de presos torturados y vejados en estos años de oprobio y vergüenza republicana. El tema de la represión brutal de Maduro y su camarilla ha replegado la justificada voluntad de protesta ciudadana frente a sus desmanes.

El repliegue de la protesta no significa su desaparición ni mucho menos su renuncia. Al contrario, en la medida en que la tragedia humana que se vive en los cuatro puntos cardinales de la República se acrecienta, los reclamos resurgen en diversos escenarios geográficos y sociales.

El epicentro del poder, las adyacencias del palacio presidencial de Miraflores, desde hace ya más de una década había sido cercado de varias formas para impedir cualquier tipo de protesta.

En días recientes fueron los propios vecinos los que se presentaron a las puertas de la sede presidencial para exigir al dictador restituir el agua y la electricidad, que ahora de manera recurrente se les priva.

La geografía de la protesta está dejando de ser periférica para irse acercando al epicentro del poder. Su naturaleza social ha mutado. La protesta de la clase media, con un acento político importante, ahora tiene mayor acento social. Está más fundada en los problemas de la cotidianidad que en la cabal compresión de la esencia autoritaria del régimen.

Son los vecinos de todas partes protestando porque no tienen alimentos o porque el gas no llega para cocinar. Son los pensionados y jubilados a los que la insensible camarilla socialista burla y somete a largas colas bajo el sol y el agua para entregarles un exiguo aporte, con el cual ya no compran ni los alimentos de una semana. Son las enfermeras que valientemente desafían el aparato represivo para demandar sus salarios.

Es deber de todos los actores políticos, gremiales, sindicales y sociales animar a todos los ciudadanos, afectados por el desastre económico y político del régimen, a ejercer su derecho a la protesta hasta que ella se haga global, multitudinaria, y obligue a los usurpadores del poder a aceptar una solución política y democrática a la grave situación por ellos creada.

La protesta es un derecho ciudadano, como la rebelión es un derecho ante la tiranía. La protesta general es en sí misma la rebelión ciudadana. Aquella que de manera clara exige un cambio político, que ya no tolera el escarnio, el saqueo y la destrucción generada por tanta ineptitud y corrupción de la cúpula gobernante.

El derecho a la protesta está consagrado en el artículo 68 de la Constitución nacional. Textualmente lo dice así:

“Los ciudadanos y ciudadanas tiene derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los establecidos en la ley”.

De modo que ejercer esa protesta es un derecho que debemos alentar, para poder terminar esta hora oscura y abrir los cauces de la libertad y el bienestar para un pueblo que ya ha soportado por demasiado tiempo esta tragedia.

Ciertamente hay importantes segmentos sociales afectados emocionalmente, para quienes la protesta no tiene sentido o cuya situación le limita severamente la posibilidad de ejercerla. Hay otros cuyo nivel de pobreza y postración igualmente les impide manifestarse. Pero la hambruna que sufre nuestra gente es tan creciente que es un deber moral denunciar y animar la protesta frente a la dictadura.