¿Qué le pasa a un país cuando el orden constitucional, siquiera básicamente democrático, se desintegra por causa del poder establecido? Pasa que ese poder se transmuta en tiranía, y si, además de despótica, también es depredadora, envilecida y corrupta, pasa que ese país se hunde en un abismo político, económico y social, de consecuencias trágicas para la población. Es lo que ha pasado en Venezuela durante el siglo XXI, y en particular en los años más recientes.
Luego el tema del orden constitucional democrático no es una abstracción académica que tenga poca o ninguna conexión con la realidad concreta de la vida. Es todo lo contrario. Puede que no lo parezca, porque el tema ha sido usado y abusado de tal manera que para mucha gente ha perdido significado. Y, claro, cuando los destructores del orden constitucional son al mismo tiempo, cuando les conviene, sus defensores, entonces todo luce como una patraña confusa que se aleja de los problemas acuciantes de la supervivencia.
En pocas palabras, si no se restablece el orden constitucional en Venezuela, no hay posibilidad alguna de que sea superada la crisis existencial que padece la nación. Ese orden constitucional no puede ser restablecido por los que lo desintegraron. Pero algo tan obvio choca con las conveniencias específicas de diversos sectores políticos y económicos, que en realidad no tienen demasiado interés en considerar el bien común, porque están dedicados a adelantar sus intereses particulares, a costa de lo que sea.
Gran parte del pueblo venezolano está dando una demostración de compromiso y coraje muy encomiable. Por motivaciones variadas, ha llegado a la conclusión de que esta hegemonía representada por Maduro no debe continuar, que debe producirse un cambio efectivo, y que ese cambio pasa por la salida de Maduro y la apertura de una nueva etapa, o una transición hacia la democracia, aunque algunos voceros reconocidos de la oposición parlamentaria no quieran llamar las cosas por su nombre.
Pero, cuidado, ya se vislumbra una operación de cierto alcance que tendría por finalidad el tratar de menguar las manifestaciones de protesta, con el pretexto de una enésima ronda de diálogo “entre las partes” para que se difuminen los conflictos, la situación se vaya “normalizando”, se realicen más adelante unas elecciones regionales, y la hegemonía siga donde está, haciendo y deshaciendo como siempre, y el país hundiéndose todavía más en un foso insondable. Esa operación, repito, está asomándose en el horizonte, y en medio de la oscuridad en la que transcurre el drama venezolano, no es fácil discernirla con precisión.
En realidad lo que se buscaría no es el restablecimiento del orden constitucional. No. Sino la continuación de la hegemonía inconstitucional, desde la aspiración, bastante ilusa, por cierto, de que unos eventuales comicios permitirían una transferencia pacífica y civilizada del poder, de quienes lo vienen detentando desde hace casi dos décadas, a los grupos más representativos del ensamble opositor nacional. Me siento sumamente incómodo escribiendo estas líneas, pero me sentiría más incómodo aún si no lo hiciera. No perdamos de vista el objetivo de la lucha: restablecer el orden constitucional para que pueda empezar un proceso de reconstrucción integral de Venezuela.