Es inaudito la indiferencia con que se ha tomado en Colombia el problema de la coca. Desde finales de los 70, cuando las FARC se desvió de sus inicios ideológicos dirigidos por el Partido Comunista y se convirtieron paulatinamente en el mayor cartel narcotraficante del mundo, el “establishment” colombiano ha sido benévolo con el narcotráfico de estos miserables criminales de lesa humanidad y narcoterroristas. Únicamente Álvaro Uribe les dio guerra frontal, casi exterminándolos; de no ser por el apoyo de regímenes del Foro de Sao Paulo, Venezuela y Ecuador, Uribe los obligó a refugiarse en las fronteras y frente al peligro de aniquilación, estaban dadas las condiciones para una negociación aceptable para las partes.
Todo cambió con la postura traidora a los intereses patrióticos de Juan Manuel Santos, quién, incumpliendo su promesa de continuar con la política de Seguridad Democrática, se embarcó en una política de claudicación frente al narcoterrorismo, concluyendo en un acuerdo que le entrega el país a las FARC e instauró por medios ilegítimos una dictadura del Farcsantismo, pues de hecho se modificó la Constitución y se establecieron medidas coercitivas a favor del narcoterrorismo.
Al narcoterrorismo se les aseguró impunidad ( incluso con la instauración de una justicia paralela, absolutamente entregada a las FARC, pues desde su origen, se impusieron magistrados aliados de los guerrilleros, siendo la JEP designada por tres abogados extranjeros, pertenecientes al terrorismo comunista internacional), se les aseguró elegibilidad ( en el Congreso tenemos 10 narcoterroristas y criminales de lesa humanidad sin ninguna legitimidad, pues no obtuvieron todos juntos ni 60.000 votos y sus curules fueron regaladas por un acuerdo, también ilegítimo, puesto que fue rechazado por la mayoría del constituyente primario en plebiscito) y se les aseguró la continuación de sus negocios ilícitos y la permanencia de su combinación de todas las formas de luchas: las FARC tenían más de 14.000 efectivos y sólo entregaron 5.000, una tercera parte de su arsenal ( ¿dónde están los misiles?), no han cortado ni una sola hoja de coca, su lista de bienes es un insulto a las víctimas, una lista de vasenillas, tazas y botas. En definitiva, las FARC son ahora un partido político, con brazos armados y narcotraficantes, caso único en el mundo y además protegido por 3 períodos constitucionales, válgame Dios. Resultado de esto es que en el régimen dictatorial y corrupto de Santos se cuadruplicaron los cultivos de coca. Además, Colombia pasó de ser un país sólo productor, a ser productor y consumidor. Esto con los agravantes en los órdenes social, de seguridad y de salud que ello conlleva.
Ante este dramático cuadro el país está como Shakira, sordo, ciego y mudo. Que yo sepa solamente Fernando Londoño en su programa La hora de la verdad, Margarita Restrepo con su campaña contra los narcoterroristas violadores de niños y Paola Holguín con sus magníficas vallas contra la JEP han tomado en serio y con sistematicidad el problema. El resto se ha conformado con Twitter o la izquierda que ha integrado un ejército criminal de defensa del narcoterrorismo. El gobierno, como lo apuntamos en los párrafos anteriores, está amarrado por las restricciones legales que impone la nueva Constitución que de facto elaboró JMS con los narcoterroristas en La Habana y que fue refrendada por los aliados del narcoterrorismo el Congreso enmermelado y la FARC Corte Constitucional.
Arabia Saudita fue por décadas el primer productor mundial de petróleo y se le llama un país petrolero, Brasil es el primer país productor de café y es un país cafetero, y así sucesivamente, si Colombia ha sido por décadas el primer país productor de coca, pues debe resignarse a que el mundo nos llame un país cocalero. Pero el problema se agravó con el cambio institucional que se operó en los últimos 8 años: éramos un país cocalero a pesar de sí mismo, la sociedad, las Fuerzas Armadas, la justicia, el gobierno como un solo hombre luchaba contra ese flagelo. Ahora en nombre de la “paz” de Santos, el país se encuentra como una bella durmiente ante el gravísimo problema de la coca y lo peor es que toda la institucionalidad, los gremios, la sociedad civil, etcétera, están al servicio de los narcoterroristas, bien por órdenes de la Constitución de facto que impera, bien por intereses acomodaticios o ideológicos. De hecho ¡nos hemos convertido en una república cocalera!
Frente a la realidad descrita por Trump, no debemos intentar tapar el sol con un dedo, sino reconocer la realidad y encaminarnos a transformarla, modificar como sea el ilegitimo acuerdo de paz que entregó el país a las FARC, reformar la justicia para acabar con los carteles de la toga y de la coca en ella, poner a las Fuerzas Armadas en el antiguo ánimo de lucha frentera contra los narcoterroristas y no en el modo “paz” de Santos que las inhabilitó para la lucha, enfrentar firmemente los crecientes cultivos cocaleros, lo cual solo se puede hacer con fumigación aérea y en general transformar el dócil país que es hoy Colombia ante el narcoterrorismo en la fiera luchadora contra este que era la Colombia de Uribe. De no seguirse esta ruta estamos a un paso de convertirnos en un narcoestado, el cual nos convertiría en un Estado fallido. Estuvimos a punto de serlo a finales de los noventa y triunfamos, sí se puede es cuestión de voluntad política.