La Venezuela otrora, digna de elogios por su comportamiento cívico de permanencia institucional instaurada, sin alteración de continuidad a partir del 23 de enero de 1958; una vez ocurrida la deposición unitaria a fuerza de querer del pueblo de quien fuere tenido como el último dictador militar que hubo de asaltar el solio presidencial, cual no fue otro que el general Marcos Pérez Jiménez cuya vergonzosa huida, llevándose fabulosa fortuna insaculada en los fondos del patrimonio público, fue registrada como su último acto de peculado, que hubo de cometer.

Desafortunadamente por “mala leche” un comportamiento ciudadano, descontento con la partidocracia de alternación en el poder de los partidos AD y Copei; con anhelado deseos de cambio de los representantes del Estado, mediante un proceso electoral claro, transparente de integración e independencia moral de sus miembros, se pronunció electoralmente por llevar a la presidencia de la República al teniente coronel Hugo Rafael Chávez, quien gozando de todas las garantías para la protección de sus derechos humanos, hubo de ser indultado por el entonces presidente Rafael Caldera, quien apartado de su partido de origen integró gobierno con connotados dirigentes de la izquierda venezolana, entre ellos Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff y Carlos Tablante; y sin estima de rencor por la actuación militar de desobediencia a la Constitución del militar golpista, incorporó con cargo en la administración pública a militares que intervinieron en la aventura del fracasado golpe militar; lo que es más participó en la transmisión de mando; acto mediante el cual Chávez tuvo el “tupé” de considerar “moribunda la Constitución” a la cual prestó juramento para el ejercicio del cargo.

Con la ascensión al poder de Hugo Chávez, mediante referendo constituyente celebrado el 15 del mes diciembre de 1999; el 29 de diciembre de 1999,es proclamada la ANC, quedando presidida  por  el diputado Lius Miquilena.

La Constitución vigente, es de observar, si bien tuvo adelantos en cuanto a establecer los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo que respecta a la elección presidencial, elimina lo pautado por la Constitución derogada, referente a que el “periodo presidencial era de cinco años sin que pudiera ser reelegido sino pasado 10 años”. Establece el periodo presidencial de seis años, pudiendo ser reelegido de inmediato”; pero esta forma de ejercicio de poder; con tal disposición constitucional no tuvo asidero de permanencia; se impone la condición de héroe de Chávez como hijo de Bolívar para la salvación de la patria, mediante su perpetuación en él poder; siendo lo más indicado para el logro de tal fin mediante la enmienda constitucional; así se hizo, pautar el periodo presidencial de seis años; a la vez que en forma manipulada se le concede al presidente de la República la posibilidad de “ser reelegido”; todo ideado para hacer del “ comandante Chávez” una réplica del “gendarme necesario”.

La enmienda como propósito continuista de los dizques revolucionarios del régimen actualmente periclitado, con la presencia de Nicolás Maduro, albacea del difunto militar heroico, para sentirse seguro del manejo sensual y familiar del poder suma a su ejercicio de mando burocrático a un grupo de militares pertenecientes al “generalato” en servicio activo, quienes  favorecidos por decisiones del TSJ, hacen abstracción de ser institución sin militancia política de obediencia y subordinación; a la vez que actúan como figuras de primer orden en las decisiones de gobierno y en la controversia política, auspiciada con elogios que de ellos hace Maduro en sus peroratas.

Pero si en verdad, la mayoría del país, hoy en estado de mengua, sin techo ni pan; ante la desidia del gobierno, incapaz para el logro del bienestar de pueblo que reclama comida, medicinas y compensación salarial; que desea como solución de los mismos un cambio de conducción política; también es cierto que Maduro con terquedad absoluta, con respaldo de los órganos del poder público; con acomodo que le da la enmienda constitucional no ha pensado otra cosa, que no sea la de su reelección presidencial. Para ello, inventó el fracasado diálogo con la mayoría de oficiantes que le fueron suyos, y bajo los auspicios de una ANC, de repudió tanto doméstico como internacional, sin obstáculo de impugnación, convoca a un “adelanto de las elecciones presidenciales” para el 22 de abril; a la vez que despoja de autoridad a la Asamblea Nacional, que fuere electa por el poder originario; y lo que es más, con tal maniobra, ha conseguido que  individualidades de partidos de calado minoritario, sin consulta al sector opositor, constitutiva de mayoría absoluta , se divida entre quienes quieren participar en el amañado evento; y los que no quieren, es decir: ha logrado por razones no excusable tipificar una conducta impúdica entre los que se han hecho acreedores de la dirección opositora, lo cual por ser ético ha logrado un repudio colectivo.

El oficialismo se ha percatado de una debilidad consuetudinaria del protagonismo no coherente de los cuatros dirigentes que integran la MUD, que actúan con poder de decisión sin consulta; tratando por todos los medios de hacerla cada día más débil, lo cual se quiera o no, obliga una renovación, emergente, necesaria, tanto imperativa como entendible, para darle el frente a las argucias maniqueas del chavismo que impiden la restitución del Estado de Derecho. Para ello la Conferencia Episcopal sin hacer de la política un oficio, en consideración a la situación hiperinflacionaria, cada vez más agresiva se ha pronunciado por la no aceptación de una convocatoria electoral adelantada, dado ser infección concurrente de corrupción, que permea el extracto social del país; a la vez que hace ostensible nuestra condición de paria.

Sin temor a equivocarnos, fuerza es reconocer que la capacidad política de la MUD ha quedado desmantelada, por cuanto ha hecho inexistente los espacios de intercambio con las fuerzas sociales, con los partidos políticos más pequeños, sin consideración a la representación de las minoría proporcionales, lo cual ha dificultado que comunicacionalmente la oposición logre hablarle a una base electoral que se encuentra en estos momentos, sobre todo confundida; sin participación en decisiones no cónsonas con la situación que se atraviesa. Todo esto plantea sin rodeos, sin posiciones protagónicas un cambio en la dirección opositora. La salud de la patria lo exige.


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