Cada vez que los profesores universitarios apelan al recurso del paro para exigir sus justas y legítimas reivindicaciones, el régimen y sus voceros recurren a las manipulaciones de siempre para tratar de descalificarlo y debilitarlo. Es lo que hizo la semana pasada el presidente de la Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos de Venezuela. En medio de la paralización de actividades de las universidades nacionales, utilizó varios pretextos insólitos para rechazar dicha medida de protesta y las exigencias que acompañan a la misma. Una de esas objeciones malintencionadas es la de que dichas instituciones no rinden cuentas. ¿De qué hablaba en realidad dicho personaje? ¿A qué propósito obedece en verdad su reclamo?
La rendición de cuentas puede definirse en términos generales como el proceso que cualquier organización social debe seguir para informar acerca de sus acciones, explicarlas y hacerse responsables por ellas al someterlas al escrutinio crítico de la sociedad. En Venezuela no hay en rigor una cultura de rendición de cuentas. El régimen actual no solo no la hace suya, sino que más bien la obstaculiza cuando se le exige que cumpla con la misma. Tal desacato ocurre a pesar de lo previsto en los artículos 141 y 143 de la actual Constitución, donde se hace referencia a la obligación de la Administración Pública de garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de ser informados e informadas oportuna y verazmente de acuerdo con ciertos principios.
Ante este fariseísmo en el comportamiento de los usurpadores del poder, consistente en no cumplir con aquello que exigen con propósitos punitivos a quienes disienten de sus arbitrariedades, ¿qué pueden y deben hacer nuestras universidades? Reafirmar su compromiso con el ejercicio de la rendición de cuentas mediante un sistema autónomo de evaluación institucional. Esto les permitiría ir más allá en el cumplimiento de lo que ya hacen en la actualidad con apego a las leyes y a la Constitución, al contestar las auditorías internas y demás requerimientos de la Contraloría General de la República y al presentar cada año la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional. Con ello estarían en condiciones de llevar a la práctica una concepción de la rendición de cuentas de mayor alcance de la que actualmente desarrollan, una que se caracterice por ser pluridimensional, no reducida a los aspectos administrativos y presupuestarios, y además con propósitos que trasciendan la sola preocupación por controlar y sancionar.
Así entendida, la rendición de cuentas representaría entonces un mecanismo fundamental de gobernabilidad democrática de nuestras universidades en el ejercicio de su autonomía, para informar, explicar y justificar sus acciones, para asumir su plena responsabilidad por las decisiones que tomen, para fortalecer la comunicación y el diálogo entre sí de los miembros de su comunidad y de esta con diversos actores sociales. En tal sentido, la rendición de cuentas constituiría no solo un compromiso ineludible de la universidad autónoma con la sociedad, sino igualmente una exigencia esencial de ella consigo misma para potenciar su práctica autonómica. Sería un instrumento primordial de la institución universitaria para hacer más visibles sus realizaciones en el cumplimiento de sus actividades de docencia, investigación y extensión, a fin de propiciar y apoyar una verdadera cultura de la participación ciudadana. Contribuiría notablemente a aumentar la confianza en la universidad autónoma y a elevar el compromiso de los miembros de la comunidad universitaria para profundizar los cambios institucionales que se consideren necesarios.
Esto, por supuesto, no es lo que tienen en mente el régimen y sus voceros cuando invocan la rendición de cuentas. Solo buscan el modo de seguir asfixiando y humillando a la universidad autónoma para doblegarla y someterla a sus designios. Para convertirla en una especie de agencia gubernamental amordazada para dar clases sin garantías de calidad. Sin investigación. Sin autonomía. Sin voz propia. Con presupuestos precarios, con sueldos de hambre, con bolsas de comida para sus trabajadores tratados como indigentes, con recurrentes intromisiones desestabilizadoras en sus actividades académicas y administrativas, etc. Sí, en el fondo ese es el propósito del régimen barbárico. Para decirlo con las palabras del profesor José Rafael Herrera, lo que persigue es “…asesinar la inteligencia, incendiar el fértil suelo del porvenir del país. Quieren hacerla morder el polvo, por temor a la libertad. Pero será difícil, mientras una gota de dignidad siga recorriendo por sus venas” («La universidad asediada». El Nacional).