El objetivo de la información financiera de propósito general es suministrar datos procesados sobre la entidad emisora, que resulte verdaderamente útil para los inversionistas-accionistas, clientes, proveedores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, al tomar decisiones relacionadas con la entidad.

El Informe Financiero Anual 2018 auditado, de Repsol, disponible para el público en su portal, tiene 515 páginas, ello en virtud de que contiene las cuentas anuales individuales de Repsol y también las cuentas anuales consolidadas del Grupo Repsol.

El rango de propiedad de cada inversión específica del Grupo Repsol en Venezuela, no mencionadas aquí por razones de espacio,  es de 11%, 15%, 40%, 50% y 60%. Los anteriores porcentajes ubican el grado de control del grupo, sobre cada inversión específica, en todo el espectro contable posible: sin influencia, con influencia significativa y con control. Lo cierto del caso es que, actualmente, el Grupo Repsol no tiene control sobre sus inversiones en Venezuela, lo cual, siendo así, conduce a la pregunta: ¿por qué el Grupo Repsol continúa consolidando sus operaciones en Venezuela?

En 2014, un año después de que Nicolás Maduro asumió el poder, se inició una ola importante de desconsolidaciones en Venezuela y si bien desconsolidar no es lo mismo que cesar operaciones, aunque sí significa un reconocimiento expreso de que no se posee control sobre la filial, algunas de las empresas que previamente desconsolidaron, posteriormente finiquitaron sus operaciones.

Mi conjetura al respecto es que Grupo Repsol realizó en Venezuela primeramente una muy mala apuesta que con el tiempo la obligó a un «trade-off«: sopesar la señal no cooperativa enviada al desconsolidar, contra el impacto de informar al mercado el evidente deterioro del valor de sus inversiones. Al final se decidió por informar. Después de todo, la información la podía «endulzar» mientras cambiaban las “condiciones”, lo cual hizo y lo cual revelaron sus estados financieros consolidados sucesivos, en particular el de 2018. Tal como estaba previsto por todos en el mundo –menos por Repsol– las “condiciones” nunca cambiaron, por el contrario, continuaron su curso esperado de empeoramiento.

El resultado del ejercicio o utilidad neta para Repsol, en 2018, fue de 2.369 millones de euros al que hay que restarle 1.739 millones de euros, la ganancia no recurrente proveniente de la «transmisión» de su participación en Naturgy Energy Group S. A. y con lo cual su utilidad neta de operaciones continuas –y recurrentes– quedó en 630 millones de euros, es decir, 4 veces menor que la reportada de 2.369 millones de euros. Con todo, la ganancia de 630 millones fue mejor resultado que la pérdida en operaciones continuas y recurrentes de 2017, que fue de 1.074 millones de euros.

Ahora bien, y según consta en este informe de 2018, en la parte que contiene las cuentas consolidadas, la aplicación de un modelo por deterioro por riesgo de crédito ha supuesto, para esa fecha, un impacto negativo por los activos vinculados a Venezuela, por 348 millones de euros, cifra que representa 55% de su utilidad en operaciones continuas para 2018. Y es que el financiamiento del grupo para sus negocios en Venezuela alcanzó la cifra de 518 millones de euros en 2018, con lo cual la cifra de 348 millones de euros también representa 67% de tal financiamiento. La frase «el financiamiento del grupo para sus negocios en Venezuela» debe leerse como las cuentas por cobrar a Pdvsa o en palabras todavía más llanas: el financiamiento del Grupo Repsol a Pdvsa, lo cual revela, dicho sea de paso, una relación enfermiza entre las dos entidades.

Cuando uno revisa los mismos estados financieros de Repsol y el Grupo Repsol en el año 2013, auditados por Deloitte S.L., no había ninguna consideración sobre los riesgos por excelencia siempre presente en un país como Venezuela desde tiempos inmemoriales. Y es que mucho antes de que Hugo Chávez tomara el poder, el proyecto Sincor (ahora Petrocedeño), por ejemplo, estipulaba expresamente 13 riesgos y sus respectivos mitigantes. La evaluación de riesgo del Grupo Repsol no existía en 2013 cuando Nicolás Maduro asumió el poder. El modelo de evaluación del riesgo apareció tardíamente y bajo la forma de un modelo de riesgo de crédito, mucho después, cuando los resultados negativos «no esperados” por Repsol, comenzaron a materializarse.

Los eufemismos –léase el endulzamiento– del Grupo Repsol se evidencian, más claramente que nunca en su informe de 2018, cuando técnicamente en lugar de hablar de depresión económica e hiperinflación mencionan tan solo “recesión” e “inflación” y justifican, semánticamente hablando, el eterno “Estado de Emergencia Económica» en el que nos encontramos en Venezuela. En las propias palabras de Repsol: «Durante el período continúa la situación de inestabilidad política, la recesión económica (el PIB se ha reducido 18% en 2018) y la inflación (1.698.488% en 2018 y se prevé 10.000.000% para 2019), por lo que se ha prorrogado el Estado de Emergencia Económica. La producción petrolera se ha reducido significativamente en los últimos años».

El caso es que Repsol se ha visto obligada, por su gerencia adicta al riesgo –y por las circunstancias– a reconocer el riesgo que significa, ahora sí, su operación en Venezuela. Tal reconocimiento lo reafirma con la mención expresa de que la tasa de descuento para tales operaciones, en euros, fue de 30% para 2017 y aumentó 7,6 puntos porcentuales más para 2018, ubicándose en 37,6%, cifra que, a juzgar por el yield promedio de los nueve bonos de Pdvsa en circulación por ejemplo y para el 15 de abril de 2019 e igual a 45,7%, todavía se queda corta con relación al riesgo asumido con su “long call” en Venezuela.

La conclusión es sencilla: Repsol –y su gerencia– son ahora rehenes de Pdvsa.

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