Uno va saltando de un canal a otro y siente que no cambian. Todos están en lo mismo. Hay cadena. No puede evitar ver al presidente de la República insultando al presidente y al vicepresidente de la Asamblea Nacional, y en la misma toma manda a los constituyentes a ponerse de pie, aplaudir, levantar las manos… Se humilla a todo el mundo, se humilla a sus escogidos.
Ese gobierno, jugando al “palito mantequillero”, deja escapar una fecha para las elecciones regionales: el 15 de octubre. Uno podría pensar en sesudas discusiones que terminan en no menos sesudas decisiones. Pero lo cierto es que el cuadro de aislamiento internacional, los tres meses de revuelta y la crisis general que aflora cada vez más como hambre y mengua, le obligan a cierto pragmatismo.
Unas regionales, que se asomaron con alguna timidez hace solo unas semanas, ahora se abren como una decisión, como un curso necesario. Ya tienen un cuerpo y una presencia tal que el gobierno las tendrá que aceptar a no ser que prefiera provocar otra revuelta de calle.
Escuchamos algunos candidatos y, con ellos, la intención de ofrecer programas que pudieran comunicar angustias y necesidades de los estados. Tímidos intentos que no reflejan el soporte de buenos y adecuados estudios y conocimientos. Lo que refleja la necesidad (y posibilidad) de la formación de cuadros y nuevos líderes, apoyados mucho más en sus propias competencias que por los trajines politiqueros.
La descentralización que ahora se podría realizar sin la presión y exigencia de partidos y cogollos, debería resultar exigente y creativa para cultivar propuestas que valoricen la diversidad regional: social, cultural, ecológica, y crezcan como alternativa a la petrofilia, con una actividad económica que les permita autosustentarse.
Esto no es nada nuevo, la historia de muchos países reseña los logros de la descentralización acompañada de un adecuado ejercicio del poder central. En Venezuela quedaron estudios y documentos importantes para la reforma del Estado (ver, entre muchos otros: la Constitución de Cúcuta 1821, la Constitución de 1961, las publicaciones de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Copre, 1984; la ley sobre elección y remoción de los gobernadores, 1989, y la actual y vigente Constitución). Todo eso deberá ser retomado, discutido y actualizado con las exigencias que ahora plantea la construcción del país partiendo de su descoyuntamiento actual y con el propósito de una profundización de la democracia. Es un tema de los muchos que la Asamblea Nacional, con una disposición prospectiva, debería asumir. Nada fácil ni sencillo y que tomará varios años hacerlo.