Las reacciones del mundo, de los gobiernos y de las instituciones internacionales, de todos en general, ante las arbitrariedades del régimen de Maduro no cesan. La Unión Europea, Canadá, Estados Unidos; después el Reino Unido, Suiza y más tarde Panamá han adoptado medidas unilaterales legítimas y legales, por lo demás convenientes y efectivas, para exigirle que respete las normas fundamentales de derechos humanos, restablezca el orden democrático y cese su participación directa o indirecta en la realización de crímenes y delitos de trascendencia internacional.
Los órganos internacionales también lo han condenado. Los órganos de protección internacional, los órganos universales y regionales, subregionales, en fin, una cadena de condenas que muestran el estado y el deterioro de un régimen que asume sin rubor su condición de forajido ante el mundo.
En la Cumbre de las Américas los gobiernos de la región de nuevo tratarán el tema de Venezuela y las conclusiones no sorprenderán a nadie. Más críticas, repudio, rechazo, aunque el apoyo de los pocos aliados y las protestas de calle en Lima, organizadas desde Caracas, harán el ruido acostumbrado, mediante el ejercicio de la violencia y el llamado a la anarquía.
La última amenaza de sanciones, lanzada por Guyana, absolutamente irreverente y fuera de contexto y de los tiempos, por el eventual irrespeto por Venezuela de la decisión que adopte la Corte Internacional de Justicia en relación con la nulidad del laudo arbitral de 1899, muestra la debilidad y el desprestigio de un régimen disminuido, en etapa terminal.
Los rechazos y los llamados al orden son recurrentes y generalizados. Ahora es el Consejo de Administración de la OIT el que pone en marcha el mecanismo de Encuesta por la violación por Venezuela, más bien de su régimen, de los compromisos derivados de los convenios sobre fijación de salarios mínimos, libertad sindical y protección de sindicación, de los cuales somos parte; todo ello con base en una queja presentada por los empleadores, uno de los grupos que conforman el tripartismo de la organización especializada más antigua del sistema de Naciones Unidas.
Hoy Venezuela acompaña a gobiernos que han despreciado las normas internacionales del trabajo, como Myanmar en 2001 y más adelante, en 2008, Zimbabue. El resultado, ante la arbitrariedad y el reto del régimen a la comunidad internacional, es la creación de una Comisión de Encuesta a la que le corresponde investigar la queja en el país y adoptar las recomendaciones que estime conveniente para que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales. No se trata de una “sanción política” como seguramente la calificará el régimen. Es un mecanismo idóneo para que se respeten los convenios internacionales adoptados por los Estados. Al gobierno solo le queda cooperar, un camino que rechazan recurrentemente los regímenes dictatoriales, como el de Maduro.
Una vez más, contra las cuerdas. Desconocerán su importancia, rechazarán los llamados al orden, la desacreditarán, desconociendo que al final el mecanismo será efectivo, si es que han logrado entender la Constitución de la OIT, en particular, sus artículos 26 a 34. No hay duda sobre la efectividad de las Misiones de Encuesta, como lo dijo Lech Walesa al referirse a la comisión creada después de la imposición de la ley marcial en Polonia que “hizo contribuciones significativas a los cambios que llevaron a la democracia en el país”.
Sin duda, un paso más hacia el indetenible proceso de recuperación de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, pisoteado sin pausa desde 1998.