Opinión

Refinanciamiento: si no es legal no van a cobrar

Con razón o sin ella el gobierno se siente ganador. Con razón o sin ella la MUD está sometida a un proceso de crítica y casi disolución porque mucha gente la responsabiliza por los resultados del 15-O. Por los momentos la comunidad internacional sigue cuadrada con la oposición, aunque habrá que ver si tal apoyo se mantiene con la misma solidez mientras los dirigentes de la MUD se dedican a pelear unos con otros y a posicionarse de cara a unas elecciones presidenciales que no se sabe ni cuándo ni en qué condiciones ni con qué candidatos se realizarán. Esta es la situación política al día de hoy, bastante desalentadora por cierto.

Sin embargo, no es ese el único asunto que hay que abordar. Más bien el público en general expresa desconocimiento y desinterés por los temas sustantivos de la democracia, sus libertades o la discusión acerca de si los funcionarios que acaban de ser elegidos deben o no juramentarse ante la asamblea constituyente o ante el Padre Eterno. Lo que concita la atención de la gente es cómo y cuándo llegarán los víveres a los puntos de expendio, cómo y cuándo retornarán las bolsas CLAP y cuánto irá a servir el prometido bono pagadero a quienes son poseedores del “carnet de la patria” que seguramente aumentará desde ahora su popularidad al ser percibido como pasaporte para una ración adicional de comida sin que importe mucho la declinación en la dignidad de quien recibe las dádivas para atender necesidades básicas. Lamentable pero entendible.

Sin embargo, las cosas que están ocurriendo y las que casi seguramente ocurrirán en el futuro no muy lejano van a incidir decisivamente en la satisfacción o no de esas mismas necesidades básicas que acorralan a la población. Eso ha quedado más que claro con el anuncio realizado el jueves por el jefe del Estado indicando que pretende “reestructurar” la deuda externa, lo cual, en palabras más sencillas, significa que se ha llegado al fondo de la olla y ya no se puede seguir pagando en los términos originales, por más esfuerzo que se haya hecho hasta el momento por cumplir.

Ante la casi liquidación del aparato productivo nacional, incluyendo alimentos medicinas, repuestos, etc., no hay otra solución que la importación de esos rubros indispensables. Como el gobierno venezolano –principal importador y controlador de las divisas– ha conseguido posicionarse como “maula” y mala paga, no tiene crédito internacional que le permita acceder a los dólares que se precisan para importar. Los vendedores –vapuleados reiteradamente– no creen ni en la revolución, ni en la soberanía alimentaria, ni en la crisis humanitaria ni en la guerra económica. Si me pagas por delante te despacho, si no, no.

Cuando tal estrechez ocurre, la única receta –guste o no– es pedir prestado y/o refinanciar para lo cual se requiere un marco jurídico serio y confiable, además de una reputación que genere buen clima de negocios. Venezuela no tiene ni la una ni el otro, lo cual hará muy difícil lograr una reestructuración razonable. La alternativa es el default que tampoco luce tan lejano.

Para el endeudamiento público internacional se precisa la aprobación de la Asamblea Nacional, según lo pautado por la Constitución vigente. El gobierno no quiere subordinarse a la Asamblea Nacional ni esta está dispuesta a autorizar endeudamiento u operación alguna que no venga sustentado adecuadamente. Siendo así la cosa no hay nadie –absolutamente nadie– que contemple o acepte financiar o refinanciar algo que el día de mañana pueda ser desconocido –con toda la razón legal– por esta República conducida por un gobierno distinto al actual. Tal el caso del anunciado arrendamiento de las refinerías de Paraguaná a empresas rusas y chinas, la cuestión del arco minero de Guayana, etc., que violan flagrantemente las leyes vigentes empezando por la Constitución.

Es cierto que la Argentina de Macri consiguió reestructurar su monumental deuda externa en 2016, pero lo hizo estrictamente dentro del marco de sus leyes, lo cual garantiza seguridad jurídica a los acreedores.

De nada vale que la pintoresca dama que preside la autoproclamada asamblea nacional constituyente pronuncie encendidas diatribas contra el sistema financiero internacional y sus actores. Si no hay legalidad, tú te quedas sin cobrar. Si China, Rusia o cualquier otro actor del ajedrez internacional quieren arriesgar sus reales tendrán que pasearse por esa posibilidad que no la inventó la oposición, sino que está escrita en la “Constitución más avanzada del mundo” que el Eterno se hizo construir a la medida. Así, pues, los tales decretos constituyentes y demás inventos que se exhiben como andamiaje legal, ni son competencia de una constituyente (convocada para reformar la Constitución) y mucho menos si la misma es considerada írrita por los países e instituciones que controlan la billetera mundial.

Si lo anterior es válido para los créditos o refinanciamientos que pudieran ofrecer actores públicos (gobiernos, entes multilaterales, etc.) mucho más lo es para empresas del sector privado, cuyos directivos tienen que dar cuenta a los accionistas del destino de sus inversiones. Aquí no hay cuento que valga, y eso ya se viene reflejando desde hace meses con la estampida de las empresas extranjeras y la desconsolidación contable de las que aún permanecen, que ya arrojan a pérdidas sus operaciones en la patria de Bolívar y Chávez. Esas decisiones se toman en las sedes corporativas externas donde no tienen mucho valor las bravuconadas ni los despliegues de coraje tropical que caracterizan a los héroes del socialismo del siglo XXI.

Este columnista asume y reconoce que lo antedicho es bastante feo pero con la misma claridad pregunta al respetado lector si ello se ajusta o no a esa realidad que no siempre es tan grata como se proclama.