La tragedia que vive Venezuela en lo social no se puede interpretar como la “historia de unas cuantas metáforas” según la intuición de Jorge Luis Borges en la “Esfera de Pascal”, porque al contrario se presenta como apariencia fatal de la pugna entre libertad y necesidad presente en los graves acontecimientos que han sido determinados por decisiones premeditadas para el perseguimiento del proyecto político bolivariano de someter a la población al centralismo democrático del partido único.
En lo económico, la dependencia de la economía nacional de la industria petrolera se ha ido incrementando al ritmo del ascenso de cotización del barril que, por la parte no desviada por intereses subalternos y por la expansión del social comunismo en América Latina, no ha subvencionado una pretendida economía neo-autárquica, impropiamente definida como “desarrollo endógeno”, sino un gasto corriente altamente inflacionario, una deuda interna y externa de importación que, entre otros aspectos, ha determinado la progresiva y sistemática reducción del sistema productivo, ha desviado la dinámica de la acumulación del capital, de su disponibilidad para la racionalidad y secuencia de las inversiones y la localización de las empresas, sino para dedicarlo a la especulación.
Se ha generado una incertidumbre que va más allá de la afirmación o negación del Estado democrático, aumentando los problemas socioeconómicos del país condicionado por la imposición a los ciudadanos de relaciones forzadas por el carnet de la patria, militar u otro, la caja CLAP, etc., que, más allá del acostumbrado aprovechamiento de los recursos públicos, evidencian las ventajas del modelo totalitario idóneo para satisfacer las idiosincrasias social comunistas: control de la población a través del estatus de necesidad a la cual se ha reducido y permanencia en el ejercicio del poder.
De modo que en lo político, es el caso de reflexionar acerca de la tipificación de la adhesión de los ciudadanos al proyecto político que se esconde detrás del Plan de la Patria 2018-2025, incrementado bajo la supervisión del G2 cubano: ¿Se trata de la aceptación del modelo político social comunista bolivariano, o se trata de una ficción, una táctica de supervivencia que el ciudadano común, consciente o inconscientemente, ha adoptado para que en su autodeterminación, en la hipótesis que se den elecciones presidenciales o de otros tipos, defina el cambio requerido por su propia supervivencia, sin que los partidos de oposición hayan ofrecido una alternativa debido a su inconsistencia ética, ideológica, programática y gerencial?
Los bonos del Día de Reyes, de carnaval, los beneficios prometidos para las mujeres embarazadas, así como los aumentos del sueldo mínimo, decretados y no enteramente pagados de 40% en enero y de 58% el 1° de marzo de este año, no alcanzan a compensar ni lejanamente la hiperinflación que hace llegar la cesta alimentaria a alrededor de 26 millones de bolívares y la familiar alrededor de los 35 millones; el petro, la criptomoneda especulativa adoptada en sustitución de la masa monetaria, parece un cuento de hadas para sustituir el dólar, que al fin constituye el parámetro que determina su valor; las sanciones internacionales que presionan cada día más para que sean datas las conocidas e imposibles condiciones de transparencia necesaria para un cambio pacífico y democrático, agravan la situación de tensión para la cual la respuesta del Ejecutivo nacional se manifiesta, según los preceptos de Lenin, a través de la militarización de la política que contextualmente produce la politización de lo militar: no se solucionan los problemas del país, pero se produce un enroque en defensa del mantenimiento del poder.
Otra vez, se ofrece a lo que queda de la oposición en el ámbito de la concepción democrática y de apego a la Constitución de 1999, la oportunidad de formular una estrategia y de asumir la gerencia de una proposición política fundamentada en un conocimiento liberador en defensa del Estado de Derecho y para reconciliar el ciudadano con las perspectivas de un Estado democrático e independiente, a través de la formulación en lo económico, de un nuevo intento de aproximación al equilibrio de la sociedad a través del perseguimiento de condiciones de recuperación de la demanda agregada, de los aspectos dinámicos de los procesos productivos y del nivel de subsistencia de los salarios.
Una política que perciba el input que deriva del mundo globalizado, de la evolución constante de la tecnología, de la competitividad del sistema productivo, que fundamente la estructura y el rumbo del Estado en una ciencia social antropocéntrica, en la cual la acción y la conciencia humana desempeñen a priori un papel activo y central para perseguir un sentido ético de las relaciones económicas comprometidas para el modelo de desarrollo sostenible, y que todavía deben ser definidas en un marco filosófico y jurídico correspondiente, en el cual el Estado se concilie con el mercado.
Es nuestra convicción que el marco teórico permite establecer este enlace entre estos dos importantes factores: por una parte la acción del hombre, por la otra la tipificación del Estado democrático en su desempeño nacional y en las relaciones internacionales. Es decir, en la visión clásica para la cual el ciudadano viene vinculado al Estado como constructor de la entidad espacial, que no es una estructura previamente determinada también cuando se encuentra definida en una Constitución, siempre perfectible por la división y control mutuo de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero acompañados por la cohesión que realiza con ellos la sociedad, en lo ético, lo económico, lo social, lo cultural, bajo la recuperación de la función y de la funcionalidad propia de la política.
Recurrir a la colaboración y la experiencia internacional es una forma para reducir los plazos e indicar las modalidades con las cuales se cambiaría el modelo social comunista impuesto y permitir que la nación recupere, a través de un nuevo y colectivo sentido de responsabilidad, el ritmo del crecimiento para encontrar su renovación y su adecuada autodeterminación en un contexto de justicia social, de derecho y de libertad propio del Estado democrático.