“El principal culpable sigue siendo el gobierno por retardar lo que debe hacer en materia de economía política. Los grandes ganadores son sus cómplices circunstanciales que siguen aprovechándose del sistema de precios diferenciados y de la anarquía en todos los órdenes… Pareciera que sus asesores económicos solo se quedaron a nivel efectista… Es muy lamentable la situación porque aquí seguimos perdiendo todos…”. (Morales, 06-11-18).
Premisas:
- La “conflictividad política irracional” y el “enfrentamiento militar” agravan el “padecimiento complejo humanitario”. Urge un plan de reconstrucción…
- Se rechaza la “conflictividad política irracional” y el “enfrentamiento bélico” que empeora principalmente la “dimensión humana” de la población venezolana…
- El “padecimiento complejo humanitario” en Venezuela no se resuelve con inmadureces ni con mañas políticas…
- Se solicita la “sensatez constitucional”…
- Más allá de la “legalidad” y “legitimidad” cúmplase con nuestra carta magna venezolana y la Resolución de la OEA del 10-01-19.
- Se exige el cumplimiento irrestricto y a plenitud de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo todo lo que representa una vida digna: salud, alimentación, educación, salario mínimo vital, etc.
- Por dar prioridad a lo político-electoral el gobierno nacional no hizo lo que debía hacer en materia económica, pero tampoco la dirigencia de la oposición muestra una propuesta o plan para resolver los graves desequilibrios que persisten en Venezuela.
- l 23-01-2019 debe representar un hito referencial acerca del cambio de pensamiento y proceder por parte de los venezolanos, esto debido a que la exigida recuperación del país en todas sus dimensiones (sobre todo en lo moral y ético) será sumamente dura y repleta de extraordinarios sacrificios.
- De acuerdo con el , la sociedad venezolana requiere de las instituciones universitarias un aporte para encontrar una solución efectiva al “”, y neutralizar la “” que todo lo agrava…
- Urgente que las prestigiosas facultades de Derecho de nuestras universidades de Venezuela se pronuncien constitucional y jurídicamente en relación con la aplicación legal y sin sesgo político del artículo 233 de la carta magna…
Se enfatiza que si nada cambia, al empeñarse los líderes políticos (oposición y oficialismo) con el mismo patrón de conducta, insistiendo en la cultura de la conflictividad e intolerancia, la fuerza de las armas, la irracionalidad de la violencia y el discurso pendenciero, la situación actual tenderá a empeorarse, y lamentablemente la “maldición del petróleo” se consumará definitivamente. Todo ello con el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos, los daños colaterales respectivos en lo microeconómico, lo microsocial y la estructura de valores de la sociedad.
También con la complicidad por acción u omisión y el silencio institucional de factores internos e internacionales, el gobierno nacional que está en el poder desde hace 20 años, al tratar de implementar tercamente su modelo fracasado de economía política, ha sido el principal responsable de la tragedia nacional donde más de 97% de la población nos encontramos en un estado decadente e involución hacia la pobreza y miseria.
Consecuentemente, “el partido más grande que tiene nuestro país es el del descontento, la frustración y la indignación”. Por tanto, se requiere tender puentes para encontrarle una salida favorable al “padecimiento complejo humanitario” de los venezolanos. Aquí es donde la “sensatez constitucional” en su sentido más amplio, sin ambigüedad e interpretaciones políticas a conveniencia, nos es útil para recuperar la institucionalidad, la reconstrucción y la reconciliación en Venezuela…
El problema venezolano con rango de “padecimiento complejo humanitario”, tiene graves daños en sus raíces y sus pilares estructurales. Muestra de ello es el vacío de poder y la falta de presencia eficaz y efectiva del gobierno en todas sus instancias y niveles. Por otro lado, el incumplimiento sistemático de la plataforma constitucional por parte de los mismos entes e integrantes del Estado venezolano y la distorsión del sistema de valores morales y éticos, representan en conjunto factores esenciales del proceso desintegración y agravamiento de la sociedad venezolana:
El “remedio no debe ser peor que la enfermedad” y tampoco corregir el “desorden con más desorden porque genera más desorden”. A tal efecto, según una de las experiencias que se rescatan del 23-01-2019 en Venezuela, es posible que se considere como “legal” o se “institucionalice” una “práctica electoral” que atenta en contra del mismo “orden constitucional-legal”. Esta es que cuando un grupo crea tener la “razón” acerca que su dirigencia o sus representantes son “ilegítimos”, entonces dejando a un lado el marco jurídico y normativo decidan “sustituirlas de inmediato”. Esto aplicaría desde una junta de condominio, dirigentes deportivos, consejos comunales, representantes gremiales y sindicales, autoridades de cualquier institución u organización… gobiernos a todo nivel y del mundo entero…
Indudablemente la aún vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) ha sido sometida a interpretaciones sesgadas u obedecido a conveniencias políticas. En este ámbito no se deben olvidar las apreciaciones y criterios, que con marcados visos de ilegalidad, se impusieron en el año 2016 para negar la posibilidad de activar el artículo 72 relacionado con el referéndum revocatorio, o en 2017 en referencia a los artículos 347 y 348 para aprobar el inicio del proceso constituyente pero obviando el referéndum consultivo. Es decir, en los últimos años cerraron todas las posibilidades constitucionales para que los venezolanos pudiéramos haber encontrado una solución o desahogo democrático al padecimiento complejo humanitario que nos aniquila. https://bit.ly/2Mm3cDZ
En la actualidad el artículo 233 de la carta magna también es factor de interpretaciones políticas y parcializadas para dirimir si existe o no la ausencia del primer mandatario nacional. Sin embargo, aun con la ilegitimidad manifiesta producto del fracaso en su gestión gubernamental, la lectura comprensiva o la enumeración taxativa de este artículo es muy clara y no acepta ambigüedades respecto a su legalidad. Por otra parte la Organización de Estados Americanos (OEA) el 10-01-2019 emite una resolución dirigida al régimen venezolano que no obstante que lo considera “ilegítimo”, por ser el legal o constitucional lo insta u obliga a que cumpla a plenitud todo el contenido de las misma.
Por todo lo anterior, se hace un llamado cívico a todos los venezolanos para no repetir los mismos errores del pasado y menos aún los de abril de 2002 donde realmente se pudo haber cambiado la historia si no se hubiese pasado por encima el orden constitucional. La demostración democrática debe ser contundente para enfrentar, neutralizar y revertir los efectos perversos de la “conflictividad política irracional” tanto a escala nacional como internacional. Sin ambigüedad e interpretaciones a conveniencia, todos de manera cívica debemos insistir que se cumpla a cabalidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e igualmente con la Resolución de la OEA del 10-01-2019.
Asimismo se debe seguir solicitando a una sola voz la realización lo más pronto posible de elecciones para presidente de la República Bolivariana de Venezuela donde existan condiciones mínimas, para que con el tiempo debido cualquier venezolano (que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución) pueda participar como candidato y/o elector…
Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018-2019.
Libro en proceso: “Realidad económica, social, política y ambiental en general de Venezuela, y su ineludible interdependencia multidimensional en lo geopolítico, geoeconómico, geocultural y geoestratégico con el resto mundo”.