Es un derecho de los pueblos oprimidos, contesta Rodolfo García en una conferencia del profesor Sergio Fabrini. Depende de lo que comprendamos por derecho, pero, también, por oprimidos. Manuel Subero arguye que en la Alemania nazi todo ciudadano adquirió la cualidad para rebelarse, pues se le convirtió en siervo, feudatario o vasallo. La rebelión es no observar la obediencia formalmente debida cuando deviene en ilegítima, amoral y hasta delictual.
Es esto lo que justifica la reacción de los venezolanos, aduce Fabrini, ante el fallo (TSJ irrito) del 21-1-19. Para Judith Lozada la revisión constitucional pasó a ser ejercida por el “Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio)”, pues, la Asamblea Nacional, en ejercicio de la soberanía del pueblo le defirió esa potestad, razón para presumir “iure et de iure” legitimidad a las providencias que dicte. La AN hoy representa, no hay dudas, la suprema conducción de la República, y por lógica, el ejercicio del gobierno. En fuerza de esa misma argumentación, recalca Subero, aquellas que la carta magna (artículo 266) confiere a la TSJ legítimo, por la derogatoria de la autoridad del ilegítimo. Pues el último así devino, desde que la Asamblea instituyera al primero.
Entre ellas está, arguye García, el verdadero ha de ejercer la jurisdicción constitucional, cuya fuente es el principio de la superioridad del texto fundamental, que le exige dejar sin efecto, desconociéndoles, a decisiones provenientes de cualquier otra autoridad, que colida con los principios fundamentales del sistema político. Esto es determinante en lo relativo a la crisis que confrontamos, resultado de una sucesiva transgresión (más de 20 años) del texto fundamental y material.
Pero lo más grave, argumenta Horacio Contreras, quien ha devenido asistente del catedrático, es que el gobierno ha creado, con el apoyo de un “Tribunal ilegítimo”, en desconocimiento absoluto del régimen normativo superior, una plétora sucesiva de preceptos contrarios a los estipulados por el soberano representado por el Constituyente de l999.
En este contexto, debe reafirmarse que los fallos del “Tribunal Supremo írrito” legitiman al soberano a desconocerlos, para lo cual tiene el legítimo derecho a rebelarse. Están afectados de nulidad, dada la ausencia de legitimidad, tanto de origen, como de ejercicio, de que adolecen. Mucho más cuando al acordar la no existencia de la AN, deja sin efecto la voluntad popular expresada en uno de los pocos comicios legalmente realizados. Entiendo, dice el profesor, que todo el curso está de acuerdo con esta apreciación. ¿Habrá alguien que discrepe? Un no absoluto replica en el aula. Consecuencialmente, tampoco producen ningún efecto los dispositivos de la viciada sentencia, en lo concerniente a providencias adoptadas por el Poder Legislativo, el cual ha decidido poner término al abuso a las pautas democráticas, por parte de un gobierno que, incluso, es inconstitucional por ejercer un mandato que no le corresponde.
El fallo, finalmente, carece de fuerza autoritaria por la índole no ordinaria de las providencias de la AN legítima, al hacer realidad que su presidente asuma la primera magistratura y que como cuerpo llamado a defender los altos intereses de la nación, cuando fueren desconocidos, haya dictado decisiones ante la excepcionalidad que afecta a la República. Subero sostiene que esa tipología les atribuye una vigencia sui generis que conduce, incluso, a pensar que están exentas del control de otro poder público, precisamente, por derivar del propio soberano. Fabrini queda complacido con la aceptación de estas consideraciones.
Pudiera sostenerse, en definitiva, que se trata de actos de naturaleza política y, como tal, han de ser considerados. Por lo que el posible control por otra rama del poder público debe entenderse severamente restringido. ¿Tendrá sentido esta acotación?, es el planteamiento de Fabrini. Sin dudas, la contestación de García.
¿Pudiera usted Contreras acopiar las consideraciones finales acerca del cuestionable fallo? Por supuesto, el alumno responde:
- Los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (írrito) son ilegítimos, por no tener este la legalidad demandada,
- Las providencias de la Asamblea Nacional, cuya nulidad declara el citado tribunal, se han producido en ejercicio de la soberanía popular,
- En ellas están representados los altos intereses de la República, su organización y la propia existencia del régimen político que el propio pueblo se estableciera, razón para considerar que no están sometidas al control judicial ordinario,
- Son, en esencia, de naturaleza política y su control ha de ser de la misma índole, y
- El control de la constitucionalidad en Venezuela quedó atribuido al Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio) designado por la Asamblea Nacional en junio de 2017.
En consecuencia, observa el académico, ¿Tendrán los venezolanos legitimidad para una rebelión, a fin de establecer en un nuevo pacto social la democracia liberal que ha estado a punto de perder? Sí y ya comenzamos, como lo revela la presencia del pueblo masivamente en los cabildos convocados por el presidente de la AN y constitucionalmente primer magistrado. Una manera para que el gobierno se convenza de que sus días están contados, pues el soberano alcanzará el apoyo de sus soldados. No perder la esperanza, responde Lozada.
Así termina la conferencia en la UCV, promovida por The National Institute for Democracy and Development. Profesor y alumnos al salir del aula escuchan un masivo elogio en un cabildo con el presidente Guaidó en el área contigua, quien pregunta a Fabrini si necesita juramentarse y este le responde que no hace falta, pues más que aplicarse el ordenamiento constitucional formal, para el caso de que lo estableciere, está en suspenso, ya que existe uno de hecho resultado del ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, que es su titular.
Al gentío se le escucha y como en un solo grito:
Viva el presidente Juan Guaidó. Soldados patriotas salven a la República.
@LuisBGuerra