Esta semana termina el periodo constitucional presidencial. Debería comenzar uno nuevo, a partir de este 10 de enero.
En torno a este hecho fundamental, en la vida institucional y política de nuestra nación se han producido una infinidad de escritos, declaraciones, comentarios, recomendaciones y cuestionamientos. Los hay de toda naturaleza.
Llaman la atención aquellos producidos bajo el prisma del dogma, según el cual si no se aplica la ruta que se señala, se estará frente a una traición, frente a una entrega de las luchas democráticas, adelantadas durante estos largos años, por el conjunto de la sociedad democrática.
A lo largo de estos años, los voceros de las soluciones inmediatas y/o mágicas han venido ofreciendo una solución expedita de la tragedia, si se atienden sus recomendaciones. Y a fe cierta en que varias ocasiones los han oído, sin que esas recetas hayan producido la salida del poder de la camarilla roja.
Desde los tiempos en que se contaban los días, con los ciudadanos en las calles en protesta desafiante, para derrotar a la dictadura; hasta las recomendaciones a la Asamblea Nacional en enero de 2017 solicitando destituir a Maduro antes del martes 10 de ese mes, lo cual generaría en 30 días elecciones, pasando por la de solicitar la declaratoria del abandono del cargo, la aprobación de su enjuiciamiento y otras iniciativas, todas se han estrellado con la realidad de una dictadura cruel, que desconoce las normas constitucionales y las reglas de la convivencia democrática civilizada.
El problema se presenta en ofrecer una hoja de ruta, en muchos casos con una ingenuidad franciscana; en otros, con unas dosis de radicalismo fariseo, con el único objetivo de descalificar a quien disienta o presente observaciones a la iniciativa planteada, para, luego de constatada su inviabilidad, no presentar una excusa por el error o por la presión presentada.
Ahora, con ocasión del término del periodo constitucional y ante el anuncio de los voceros de la dictadura de mantener en el ejercicio de la presidencia a Nicolás Maduro, para lo cual preparan su juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, surgen todo tipo de solicitudes, todas con carácter dogmático, imperativas e inflexibles, bajo la amenaza de declarar “la traición” si su propuesta no es ejecutada.
Se le solicita al presidente de la Asamblea Nacional, en función de lo establecido en el artículo 233 de la Constitución, asumir la Presidencia de la República y designar un gobierno de transición. En consecuencia, se expresa, debe llenarse “el vacío institucional”. Otros solicitan que la Asamblea designe un “gobierno de transición que funcione desde el exterior”. Otros proponen la designación de un “Consejo de Gobierno de Emergencia sin apoyo de la Asamblea Nacional”.
Frente a todas estas tesis, es menester evaluar la pertinencia de las mismas en el terreno de la realidad política, dada la circunstancia de que, inexistente el Estado de Derecho, como todos coincidimos que ha sido destruido, el problema no tiene solución con una interpretación y aplicación gramatical, bien del artículo 233 o del 333 de la Constitución vigente.
El problema está en el plano de una realidad concreta: la camarilla gobernante tiene planteado perpetuarse en el poder. Por ello desconocieron y anularon las competencias de la Asamblea Nacional; por ello instalaron una fraudulenta e inconstitucional asamblea constituyente; por ello impidieron el referéndum revocatorio, y en la consolidación de ese objetivo, lanzaron la emboscada fraudulenta de un simulacro electoral el pasado 20 de mayo de 2018.
Si bien en el plano del derecho no hay un presidente electo, en el plano de la realidad hay un señor ejerciendo la jefatura del Estado, y tiene planteado seguirlo haciendo a partir del control de una estructura armada y política que le sostiene en dicho ejercicio.
Esa realidad no puede ser desconocida a la hora de llevar adelante una estrategia. Ya la Asamblea ha declarado clara e inteligiblemente que no reconoce su mandato. Ha agregado que no le va a juramentar. Eso pareciera no ser suficientemente. Hay que nombrar a un presidente, o el actual presidente de la Asamblea debe anunciar que asume la Presidencia de la República. Como si al hacerlo se produjera el desalojo de los usurpadores.
La experiencia de haber nombrado unos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, que no fueron aceptados por la cúpula gobernante, pareciera no indicar un signo de lo que ocurrirá, en caso de designar un gobierno “que llene el vacío institucional”.
Creo que el gobierno de unidad nacional que sustituya a la actual camarilla usurpadora debe designarse en el momento en que realmente este pueda asumir la conducción de la nación. Es decir, en el momento en que ya Maduro no esté al frente del poder. Hacerlo ahora es, en mi modesta opinión, generar una nueva frustración a nuestros ciudadanos. Mayor frustración aún es decirle a la opinión pública que “Maduro continúa en el poder porque no hubo coraje en nuestros diputados para llenar el vacío institucional”. En la práctica no hay vacío, lo que hay es una usurpación de la autoridad. Tal postura es un acto de irresponsabilidad y una falta de realismo político total.
Si alguna característica debe tener un político serio es actuar con realismo y responsabilidad política. Pedro Méndez Mora, en su trabajo Bases doctrinarias de la Democracia Cristiana expresa respecto de este asunto, lo siguiente: “El realismo exige de quienes hacemos de la acción política una vocación, y un compromiso, el domino del arte de la política, es decir, el conocimiento de las estructuras sociales, de la estructura del poder internacional y nacional, de los resortes que la mueven y de las artes auxiliares de la estrategia y del manejo táctico”. (Bases doctrinarias de la Democracia Cristiana. Ediciones Ifedec. Caracas, 1987. Página 114).
Actuar de espaldas a la realidad política constituye una irresponsabilidad. Es incrementar el sufrimiento y la frustración de nuestro pueblo.
Se impone avanzar en el proceso de unificación de la sociedad, hasta lograr la implosión y expulsión real de la dictadura. Continuar pastoreando nubes, y montando expectativas irreales para dividirnos más, no es un acto de realismo ni mucho menos de responsabilidad política. Ya en otras entregas he referido la inviabilidad del modelo socialista y madurista, y por lo tanto su evolución traerá su propio fin.