En un momento en el cual todo parece indicar que la crisis venezolana se acerca a una solución definitiva, que puede asumir la racionalidad de un cambio pacífico o, al contrario, las características de una contraposición permanente, que puede desembocar en las perversiones de una guerra civil o, aún peor, en una vietnamización del país, es todavía oportuno hacer muestra de ulterior prudencia porque el realismo crítico impide considerar con eficacia la aplicación de las medidas adoptadas en naciones como Brasil, en las cuales el Estado de Derecho y la división de los poderes todavía prevalecen sobre la corrupción y la arrogancia del poder.
La protección de las respectivas áreas de influencia geopolítica y geoeconómica constituye la primera prioridad de la política exterior de las superpotencias y se manifiesta en formas que difieren y que son determinadas por la naturaleza de los problemas y del estatus específicos en el cual se desenvuelven. El alcance estratégico y táctico aplicado tal vez persigue finalidades ocultas, que no se perciben en los resultados inmediatos, pero que sirve para conseguir modificaciones en el comportamiento de los actores involucrados para cambiar el escenario precedente. De modo que, en la aparente diversidad, el bombardeo sobre Siria demuestra la voluntad de terminar de inmediato con una situación insostenible de genocidio, mientras que la Cumbre de las Américas ofrece otra vez al gobierno de Venezuela la oportunidad de una solución pacífica, a pesar de producir en los ciudadanos venezolanos una prolongación de las condiciones de sacrificios y sufrimientos que pueden inducirlos a la exasperación y a la reacción.
La convocación de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU deja abierta la puerta a una posible condena de la acción emprendida por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pero la deja sin efecto concretos por el derecho de veto de cada una de las naciones nombradas, mientras que la atención internacional se polariza sobre la situación de Venezuela con evaluaciones, medidas y aportes de diferente naturaleza y alcance en lo político, lo jurídico, lo económico y hasta en la solidaridad humana hacia el éxodo inducido de los ciudadanos en búsqueda de seguridad, paz y trabajo.
La oposición interna al régimen totalitario se ha ulteriormente debilitado por falta de estrategia y táctica: a) no es posible realizar elecciones presidenciales por tres motivos: primero, no se ha logrado garantizar bajo ningún aspecto la transparencia del resultado electoral volcado a la solidificación del sistema social-comunista- totalitario; b) los candidatos de la oposición calificados por las diferentes opciones políticas han disminuido, por diferentes causas, su personal atractivo sobre la población (Corina 6%, Leopoldo y Ledezma 2%, respectivamente); c) la MUD ha perseverado en su servidumbre voluntaria por no haber contrapuesto, hasta ahora, ningún candidato a Falcón, emancipado de su antecedente coacervación y maquillado con seudosoluciones de carácter económico y social de dudable factibilidad y eficiencia, y por aceptar la ficción delirante de Zambrano que espera en la definición de una candidatura y en la participación electoral para otorgar credibilidad a la reelección y continuidad de la dictadura.
Frustradas en sus aspiraciones democráticas, pero conscientes de sus derechos constitucionales y de sus funciones políticas y sociales, la sociedad civil, las ONG, las universidades en su diversificación del conocimiento y de los aportes a la solución de los problemas reales, los gremios de las empresas del Estado y del sector privado, por sus instancias de justicia social, los trabajadores en general y los desempleados, pueden todavía unificarse y reaccionar para producir instancias de renovación y de rechazo de la especulación en su diferentes manifestaciones, de la cual han sido víctimas sacrificadas en pro del enriquecimiento ilícito tanto de los proxenetas del gobierno como de los sectores de producción, comercialización y distribución privados aunados en la explotación de la hiperinflación y de la anulada capacidad adquisitiva de la moneda, determinada con premeditación por una administración pública volcada al control de la población para la realización del proyecto político nacido en el Foro de Sao Paulo de 1990. Es decir, que determinada por la fuerza de los acontecimientos, casi sin necesidad de organización pero con la progresión de una avalancha natural, se está estructurando en el país una “nueva oposición” al régimen y a sus cómplices todos conocidos y a los cuales cada quien, en el ámbito del propio desempeño y del propio conocimiento, ha quitado o va a quitar la máscara.
Cierto, la determinación con la cual las naciones democráticas han modificado el juicio sobre la “revolución bolivariana”, su uso instrumental de la democracia, su negación de los derechos humanos, sus formas de persecución de la disidencia, los perpetrados y reiterados abusos de poder, la falta de cualquier residuo de respecto para la dignidad humana y para la vida, ha contribuido sensiblemente a crear en el espíritu de los venezolanos la convicción de que en el mundo globalizado no están solos y que, todavía, los principios constitutivos del derecho y los valores de la ética y de la moral constituyen una característica fundamental de la civilización occidental.
El rechazo de las armas químicas, la conmoción y la piedad para aquellos visos y cuerpos destrozados de niños, mujeres y hombres asesinados por el dictador sirio llaman a la memoria el holocausto al cual fue sometido el pueblo judío por las SS en los campos de concentración nazi, para manifestar nuestra adhesión a “la intervención quirúrgica” aportada para eliminar las fuentes, producción y depósitos de las armas. Pero igualmente surge la necesidad de formular la siguiente pregunta: ¿Quién es más culpable, el que para conservar el poder usa directamente las armas químicas o quien impide el uso de la química, no otorgando los medicamentos y cada día condena a muerte cientos de venezolanos en los hospitales, en las casas, bajo de los puentes, en la calles?