Opinión

Y, ¿qué van a hacer nuestros diputados?

Frente al cuadro de desamparo institucional en que se encuentran los ciudadanos con el gobierno, la mayoría democrática del país se pregunta ¿qué van a hacer nuestros diputados de la Asamblea Nacional (AN): levantar la mano para aprobar leyes que la Sala Constitucional del TSJ declarará nulas? ó, ¿interpelar a Ministros y demás funcionarios que harán caso omiso de las convocatorias y se mofaran de los llamados del poder legislativo, con el espurio e infundado alegato del "desacato"? Hasta ahora la AN, al menos en lo formal, ha logrado –aunque con no pocas erráticas acciones– producir dos trascendentales decisiones que han dolido mucho en el alma insensible del despotismo y de la arbitrariedad del ejecutivo, pero que le han dado oxígeno a la esperanza de la disidencia civil del régimen. La primera, el establecimiento de la responsabilidad política de Nicolás Maduro por los desaciertos y desmanes que en el manejo de la cosa pública incurrió, lo cual ha sido la principal causa de los graves daños sufridos por la población venezolana que se ha visto empobrecida y desmejorada día a día en sus condiciones de vida; asesinada brutalmente en nuestras calles como consecuencia de la omisión de una política efectiva de resguardo policial y prevención; y, enferma por erradas ejecutorias gubernamentales de carácter sanitario y de salud, sin posibilidad de recibir una cura humanitaria internacional, porque reiteradamente la misma ha sido negada.

La segunda decisión trascendental tomada por la AN, fue la que calificó el abandono del cargo en que incurrió Maduro, por haber subvertido el orden constitucional que le establecía, no solo unos deberes presidenciales específicos que nunca atendió -en desmedro de la calidad de vida de los venezolanos- sino además, una forma jurídica constitucional obligatoria para los actos ejecutivos, la cual no solo omitió, sino de la que se burló, abandonando de manera flagrante y grosera, sus sagradas funciones presidenciales.

Pues bien, habiendo logrado estos dos invalorables acuerdos políticos que recibieron el respaldo de toda la sociedad civil, la misma que ha fuego lento ha padecido los desmanes de este ignominioso gobierno, ¿qué le corresponderá hacer a nuestros diputados –que se ha dicho de paso, emergieron en la última y más legitima hazaña democrática como lo fue la del 6 de diciembre del 2015– en la AN?, ¿cuáles serán sus próximos pasos institucionales, como mandatarios de nuestros más caros intereses democráticos?. ¿Acaso será cierto lo que algunos sectores políticos empiezan a murmurar, sobre la existencia de un pequeño pero influyente grupo de parlamentarios de oposición –junto con otros "líderes" políticos– que se encuentran gestionando con el gobierno la transacción de un acuerdo –celebrado de espaldas a los intereses de los ciudadanos– a partir del cual, el TSJ aceptará –después que la AN proceda a cumplir con la absurda desincorporación de los diputados de Amazonas en los mismos términos que el PSUV la ha exigido– la vuelta al "redil" institucional de la AN; a cambio de que las mayoritarias fracciones políticas de la oposición procedan a "homologar legislativamente" los créditos ya recibidos delictualmente por Maduro sin su autorización; así como a "autorizar" también legislativamente, los próximos créditos ofrecidos por la CAF y la banca china?. Este sería un duro golpe a la credibilidad –ya endeble– de los ciudadanos a sus partidos. Sería una jugada antipolítica que nos negamos a creer ocurra, pues no se perdonaría.

La agenda de este 2017 no puede proyectarse sobre un escenario convencional, pues no es convencional los niveles con que frente a nuestros ojos crece cada día el hambre, el hampa, el desabastecimiento, la muerte, la inflación, así como las epidemias y las enfermedades sin la cura que comúnmente pudieran hallarse en cualquier país medianamente en desarrollo. 

¿Qué rol deben asumir nuestros diputados de la AN, como expresión legítima de nuestra fuerza democrática contra el gobierno?, ¿cómo seguir siendo Diputados de un sector que representa casi el 70% de los venezolanos sin perder, por su inercia o desacertada acción, el reconocimiento psicosocial de quienes votamos por ellos, de que son nuestros mejores y más dispuestos representantes, los fieles voceros de nuestros colectivos proyectos de vida?; en pocas palabras, ¿cómo pueden nuestros Diputados, asumirse mandatarios políticos de un sector opositor y disidente a un gobierno claramente dictatorial, corrupto, fallido y forajido, nacional e internacionalmente?

Estamos frente a un cerco institucional puesto por el chavismo en contra del ciudadano libre, que ha sido forjado fraudulentamente dentro de una doctrina jurídica que justifica los más terribles atropellos contra la sociedad democrática -como lo fue la anulación que el TSJ hizo de la Ley que le daba a los adjudicatarios de la Gran Misión Vivienda la titularidad de sus casas o la decisión del CNE de suspender el Referéndum Revocatorio Presidencial- y compuesto por funcionarios indignos (Fiscalía, Defensoría, TSJ, CNE) escogidos en procesos contrarios a lo ordenado constitucionalmente. Ese cerco institucional fraudulentamente puesto al servicio del Ejecutivo, no podemos desmontarlo solo con mecanismos convencionales de protección a la Constitución, pues el mismo cerco o cinturón de protección presidencial lo anularía.

Para enfrentar este círculo fraudulento y vicioso de protección institucional al gobierno, debemos recurrir, encabezados por nuestros Diputados, a formas de reclamo político constitucionales, democráticas y no convencionales, siendo esa la verdadera justificación jurídica de la desobediencia civil, la cual se inscribe en un contexto de crisis de legitimidad de los procedimientos convencionales de defensa de la Constitución como consecuencia de la materialización del derecho constitucional.  A nuestros 112 representantes (incluidos los de Amazonas) no les queda más remedio que regresar a la provincia donde fueron electos, a todos los centros urbanos y poblaciones rurales que los eligieron, para comenzar junto con sus electores que claman de manera urgente un cambio de gobierno, un proceso legítimo y constitucional de rebelión civil, poniéndose cada uno de ellos, en cada estado, al frente del pueblo venezolano, quien como legitimo depositario de su "tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad" debe comenzar YA a desconocer a este oprobioso régimen violador de derechos humanos; a la legislación dictada en el pasado por una secta lacaya de ese mismo régimen; y a unas autoridades ejecutivas que, tanto sus representantes del más alto rango (v.gr. el Vicepresidente El Aisami) así como su entorno familiar más íntimo (v.gr. los sobrinos Flores) han sido denunciados y procesados como narcotraficantes. Seguro estoy que de hacerlo ellos acompañados de todos nosotros, recibirán el respaldo de toda la base de nuestra Fuerza Armada Nacional.

Por cierto, a la fuerza de los últimos acontecimientos, ¿cómo nos hubiera juzgado la historia, si hubiésemos llegado a suscribir un acuerdo con esta casta política, como parte de un dialogo que nadie quería y ahora con mayor razón rechazamos?, ¿acaso alguien creerá que es tiempo para darle un nuevo barniz democrático mediante un dialogo, a lo que ya se avizora como una crisis terminal del Chavismo?