«La tiranía totalitaria no se edifica
sobre las virtudes de los totalitarios
sino sobre las faltas de los demócratas»
Albert Camus
¿Qué siente usted cuando constata a diario que el Estado venezolano no solo incumple su rol fundamental de velar por el presente y el futuro del país y sus ciudadanos, sino que también se transforma en una institución promotora de injusticias, abusos, flagrantes violaciones a la carta magna y hechos dolosos? ¿Qué piensa cuando comprueba que el Estado ha sido capturado por grupos delictivos dispuestos a todo por conservar y acrecentar su poder?
Esto suele ocurrir, inequívocamente, cuando la situación histórica de un país se torna insostenible en diversos contextos y cuya manifestación es de insoportable y extendida opresión del gobierno y de grupos de poder sobre los ciudadanos, aunado con una profunda degradación del modelo económico-social imperante. En efecto, poco a poco, el régimen que desgobierna a Venezuela ha venido destruyendo todos los indicios y valores de un Estado de Derecho para transformarla, sin el menor empacho, en un Estado que tiene todos los ribetes de la forma de actuación de las organizaciones delictivas.
A quienes usufructúan el poder no les importa que, en ese afán, la institucionalidad del Estado caiga en las más aberrantes irregularidades, iniquidades e ilegalidades en las que envuelve a organizaciones de la administración pública y a su funcionariado, y no les importa porque la maquinaria del Estado, en manos de estos delincuentes irresponsables, ha desarrollado un perverso sistema de coerción para manipular y controlar la información, construido sobre un tinglado de mentiras y falsedades que pretende ocultar, engañar, defender y justificar, ante la opinión pública, sus actividades ilegales. Construyeron un régimen forajido que se apropió el poder y arruinó a la nación. Es dramático constatar, a diario, la profundidad de la tragedia en la que el «cartel» gobernante ha sumido al país.
Teniendo en cuenta que la súbita y creciente exhibición de los altos niveles de corrupción alcanzados por las autoridades y por los que ejercen altas funciones en las instituciones del gobierno, de la concupiscencia de los grupos de validos del régimen, de la aberrante y grave manipulación de los procesos electorales y del sistema de justicia que ha venido fraguando y permitiendo el régimen maduro-chavista, hechos, por lo demás, ampliamente conocidos por los venezolanos y comentados por la prensa y la opinión pública internacionales; se ha convertido en un estado generalizado de malestar e indignación colectiva. Un régimen forajido que se tomó el poder y arruinó a la nación, provocando la profundización de la pobreza y el deterioro continuo de la calidad de vida de los venezolanos.
Tomando en consideración que en el ambiente se palpa que estamos transitando por uno de esos momentos históricos de urgencia transformadora; ¿resulta accidental que se nos muestre y con tal crudeza la putrefacción del sistema? Parece que no, en la sociedad venezolana se vienen incubando movimientos absolutamente transformadores que, poniendo el énfasis en la urgencia del cambio, consiguen trascender más allá de la inmundicia, del acaparamiento y la codicia individual, para centrarse en el ser humano y sus necesidades en la búsqueda de la verdad y del más amplio desarrollo individual y colectivo y eso ha venido ejerciendo su positiva influencia en la población.
¿O será, acaso, que simplemente, estemos asistiendo a una “inoportuna” manifestación de la efectividad e independencia operativa de organizaciones antidelictivas y poderes judiciales extranjeros que investigan, denuncian y sancionan las irregularidades que se dan en Venezuela? ¿U obedece a una desesperada huida “quemando las naves” y/o la confrontación entre sí, al más puro estilo mafioso, de las familias y clanes que se han venido repartiendo el botín o, sencillamente, es que el régimen se muestra ya incapaz de mantener cerrada por más tiempo la caja de sus vergüenzas?
La Venezuela maduro-chavista es un Estado delincuente: El funcionariado que le sirve y las camarillas de corruptos y depredadores que le acompañan, cuál aves de rapiña y actuando con la complicidad de las autoridades y usando impunemente la fuerza del Estado, han amasado siderales fortunas derivadas, entre otros aspectos, del tráfico de drogas y armas, blanqueo de dinero mal habido, contrabando, desfalco de dineros públicos, venta de credenciales falsas para ocultar identidades, extorsión a ciudadanos y empresas, sobornos y amenazas al sistema judicial para lograr veredictos favorables a quienes pagan por ello, cobro compulsivo de vacunas, ejercicio del sicariato para asesinar y desaparecer a personas, espionaje ilegal de la vida privada de los ciudadanos, mentir, falsear y ocultar la verdad a los ciudadanos, complicidad institucional para delitos de diverso orden, permitir el uso ilegal de los activos de la nación para delinquir, mayor militarización y represión contra la disidencia, ignorar la voluntad popular, garantizar la impunidad a los comprometidos en actos de corrupción, narcotráfico y violación de derechos humanos, y pare usted de contar.
Si observamos esos parámetros con base en los cuales se considera un Estado que delinque impunemente, el venezolano parece cumplir con creces los requisitos. Además de ello, el país padece una profunda crisis sistémica, más allá de lo económico, la posibilidad de un estallido social como consecuencia del descontento y del hartazgo ciudadano, y la constatación de un clima generalizado de corrupción política e institucional; estas circunstancias, sin duda, constituyen elementos suficientes para que al Estado se le aplique tal calificativo. Definitivamente, de este desgobierno corrupto lo más que podemos esperar los ciudadanos es una caótica administración de la decadencia en la que han sumergido al país.
Cabe destacar que la comunidad internacional ha reaccionado con vigor contra los exabruptos del régimen, el rechazo crece de forma exponencial, hay pronunciamientos de jefes de Estado o de gobierno, y de diversas organizaciones, entre otros, la ONU, la Comunidad Europea, el Mercosur, la OEA, movimientos de intelectuales y dirigentes políticos; todos piden aplicar sanciones a un régimen genocida y le exigen el cese de la ilegal constituyente madurista y de la represión, el respeto a las instituciones que se erigieron legalmente fundamentadas en el voto popular, igualmente respeto al sagrado derecho de elegir de los venezolanos, la liberación de los presos políticos y la apertura a la asistencia internacional humanitaria. Asimismo, Estados Unidos amplía la lista de funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos, blanqueo de capitales y narcotráfico, y anuncia la asunción de otras sanciones unilaterales. Las sanciones adoptadas hasta ahora por Estados Unidos han sido replicadas por México, Colombia y Panamá. Otros países de Europa y Latinoamérica anuncian su disposición para aplicar también sanciones diplomáticas y económicas al régimen venezolano.
Los gobiernos de Chávez y Maduro han hecho y hacen cosas que solo pueden provenir de gente sin escrúpulos ni ética: la farsa sobre supuestas agresiones imperiales y la guerra económica, la matanza y represión a ciudadanos y estudiantes, el anuncio de falsos intentos de magnicidios y conspiraciones, la ilegalidad de los procesos judiciales que se le siguen a prominentes figuras de la oposición, la aplicación selectiva y discriminadora de la Constitución política del Estado, el peculado de uso de los bienes de la nación, la persecución política y judicial a los opositores, la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, los proverbiales negocios de encumbrados capitostes del régimen y sus familias, y muchas cosas más hacen pertinente que nos preguntemos: ¿qué hacer ante este Estado que delinque sistemáticamente?
La respuesta más inmediata: asumir el compromiso de rechazar sin descanso y con todo vigor al régimen, su funcionariado y sus prácticas delictivas, exigir la plena observancia de la Constitución vigente, desconocer la espuria constituyente y sus decisiones –no olvidar que apaciguar la agresión y el mal es allanar el camino para más agresión y aún más mal–, preservar y profundizar la unidad opositora, persuadidos de la fuerte irrupción en nuestro talante de una alternativa de cambio real –como se vislumbra en las encuestas de opinión y en las multitudinarias protestas en la calle– y convencidos de la fuerza inconmensurable que tiene nuestra voluntad para cambiar el destino de la nación.