Opinión

¿Qué ocurrió en el Fuerte Paramacay?

Esa pregunta se la hacen los venezolanos desde el mismo momento en que apareció, el pasado domingo, en las redes el capitán (GN) Juan Carlos Caguaripano Scott, comandante de la “Operación David-Carabobo”, en compañía de un grupo de sus seguidores, uniformados y armados, para enviar un mensaje “desde la 41 Brigada Blindada acantonada en Valencia”.

Dicho mensaje, muy bien estructurado desde el punto de vista político, fue dirigido a los venezolanos y a la Fuerza Armada Nacional. Entre otros aspectos, el mencionado oficial afirmó que esa operación no constituía un golpe de Estado sino una acción “cívico y militar para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro, restablecer el orden constitucional y salvar al país de su destrucción total”…; manifestó  respeto y reconocimiento a la Asamblea Nacional; honró la heroica memoria de los jóvenes caídos en las acciones de protesta; y planteó la  conformación de un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones generales libres con poderes públicos independientes.

El Ministerio de la Defensa, en un comunicado, afirmó que el ataque a la 41 Brigada Blindada del Ejército Bolivariano “fue una acción terrorista realizada por un grupo de delincuentes civiles, portando prendas militares, y un primer teniente en situación de deserción. Dicha acción fue repelida, de forma inmediata, produciéndose varias detenciones”.         

Los medios de comunicación reseñaron los hechos de manera más detallada y precisa: a las 3:50 am se presentó a la prevención de dicha brigada el primer  teniente Jefferson García Dos Ramos, plaza de la compañía de comando. Al acercarse al automóvil, la teniente Isibe Mujica, cuarto turno de ronda, fue detenida con el resto del servicio nocturno. El grupo incursor, formado por 28 efectivos, abrieron la puerta y permitieron la entrada de un camión Toyota y una camioneta Explorer blanca, los cuales se dirigieron al parque de la compañía de comando. Allí tomaron posesión de 100 fusiles AK.103, con sus cargadores y municiones; 5 lanzagranadas múltiples de 40 mm, 140 granadas de 40 mm y un número no determinado de pistolas, saliendo inmediatamente de la sede de la brigada. A partir de allí los hechos son confusos.

Parece, según rumores que circulan en la opinión pública, que el grupo incursor ordenó tocar diana, formar al personal de tropa, arengándolos e informándoles que en distintas unidades estaban ocurriendo los mismos hechos. Inicialmente, un importante número de efectivos estuvo de acuerdo en respaldar la insurrección, pero otro grupo no lo hizo, originándose un enfrentamiento con algunos heridos.    

Los hechos ocurridos en el Fuerte Paramacay, si nos atenemos a la reseña periodística, no pueden definirse como una acción terrorista realizada por un grupo de civiles vestidos de militares como lo planteó el comunicado del Ministerio de la Defensa. En verdad, fue una acción militar de objetivos limitados realizada con gran eficiencia por un grupo de miembros de la  Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional, pasados a esa situación por distintas razones no claramente determinadas en dicho comunicado.

El objetivo propuesto fue totalmente logrado, pues se pudo penetrar al interior de las instalaciones de la 41 Brigada Blindada, sustraer una gran cantidad de armas y municiones del parque y retirarse en vehículos militares, de los cuales se habían apropiado previamente, con el mencionado material de guerra. La segunda parte de la operación, comentada por la opinión pública, no parece que haya ocurrido, como tampoco el posible enfrentamiento con efectivos de las unidades acantonadas en el Fuerte Paramacay.

Mi hipótesis sobre lo ocurrido es la siguiente: el grupo incursor tomó las instalaciones sin mayor resistencia, se apoderó del material de guerra y se retiró rápidamente del Fuerte Paramacay con la finalidad de esconder el armamento sustraído. Esa operación exigía de un tiempo relativamente corto para su ejecución a objeto de evitar enfrentamientos, dificultar la posibilidad de persecución e impedir que otras unidades militares fuesen alertadas antes de su retirada. Es inexplicable que una operación que comenzó a las 3:50 am no haya sido detectada sino a las 5:30 am, después del toque de diana. Eso me indica que el personal militar que custodiaba la prevención fue controlado e inmovilizado. Así mismo, no me parece creíble que los supuestos detenidos presentados a la opinión pública pertenezcan realmente al grupo incursor. Su aspecto no guarda ninguna relación con los que acompañaron al capitán Caguaripano en la grabación del video. Tampoco comparto que este capitán sea un cobarde. No es precisamente un cobarde quien tiene el coraje de protagonizar una acción de tanto riesgo.

Sin embargo, lo más importante no es explicar con exactitud cómo ocurrieron los hechos, sino apreciar la inmediata transformación que produce en la situación militar venezolana la posesión, por ese grupo radical de oposición, de un número tan importante de armas. Hasta este momento la oposición política al gobierno de Nicolás Maduro luchaba cívicamente tratando de lograr sus objetivos políticos mediante elecciones y acciones de calle de carácter pacífico. La brutal violencia represiva del régimen, que causó el  asesinato de más de 130 venezolanos, entre ellos un elevado número de jóvenes, en 3 meses, en medio de abominables arbitrariedades perpetradas por efectivos militares, policiales y bandas armadas, ha producido un inmenso rechazo en amplios sectores de la sociedad venezolana, los cuales están convencidos de que los ciudadanos tienen el derecho de responder en los mismos términos en que se les atropella. En consecuencia, ojalá no tengamos que presenciar enfrentamientos armados entre ciudadanos y fuerzas militares y policiales, como legítima defensa contra los abusos de quienes intenten controlar el orden público de una manera delincuencial y violenta. Por ello, no me cansaré de exigirles a mis compañeros de armas, prudencia, sensatez y respeto a los derechos humanos.

La inmensa mayoría de nuestro pueblo conoce perfectamente bien que el gran responsable de la tragedia nacional es Nicolás Maduro, secundado por una camarilla corrompida e ineficiente. Su empecinamiento en mantenerse en el poder lo ha llevado a violar consuetudinariamente la Constitución y leyes de la República, al punto de que la carta magna ha sido convertida en letra muerta, para poder gobernar a su real saber y entender. Allí está precisamente el origen del conflicto. Como es lógico, esa realidad no puede escapar tampoco al conocimiento de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, la cual ha sido literalmente utilizada en contra de la mayoría de los ciudadanos que solo reclaman el ejercicio de sus derechos. Esa situación tiene que ser revertida, mediante la recuperación del imperio de la ley y el respeto a la dignidad ciudadana. No puede la Fuerza Armada permitir que Venezuela se convierta en un campo de batalla solo para satisfacer los caprichos y ambiciones de un grupo político cegado ideológicamente. Independientemente del conocimiento exacto de lo ocurrido en el Fuerte Paramacay, es un hecho que debe llamar a la reflexión a todos los miembros activos de la Fuerza Armada, en particular a los altos mandos, para que en ejercicio de sus deberes constitucionales cumplan lo establecido en el artículo 328 y asuman el ejercicio de sus deberes como único norte de actuación profesional.

                                                                    

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