En mi anterior artículo me preguntaba qué hacer ante la indignación nacional causada “al ver que el farcsantismo, vía las estratagemas legales que impuso, sigue a sus anchas, gozando de impunidad frente a su reiterada actitud narcoterrorista”. En esta breve reflexión, intentaré dar algunas soluciones a este grave problema, no sin antes dejar sentadas dos consideraciones preliminares: 1) Es un problema de Estado, por lo tanto, no solamente el gobierno debe lidiar con este grave problema. 2) El problema es muy grave, pues en su solución se está jugando la supervivencia del Estado de derecho colombiano, por lo tanto, no basta con pañitos calientes, se requieren soluciones estructurales radicales para asegurar el futuro de la democracia colombiana.
El origen del problema está en un denigrante acuerdo realizado por Juan Manuel Santos con los jerarcas de las FARC, para asegurarles impunidad, elegibilidad y continuación de sus negocios criminales a los narcoterroristas y criminales de lesa humanidad de esa guerrilla. Por lo tanto, la solución está obviamente en la corrección de ese fatal y criminal acto antipatriótico del nefasto JMS. Habiendo sido el acuerdo rechazado por el pueblo en el plebiscito, la salida lógica y simple sería aceptar esa voluntad popular y declarar nulo tal acuerdo, aún más tomando en cuenta que para ratificarlo se recurrió a entuertos jurídicos y políticos que de hecho constituyeron la instauración de la dictadura del farcsantismo. Pero en política hay realidades que por muy anticonstitucionales no se pueden reversar, ese es el caso del acuerdo con las FARC, su falsa incorporación a la vida democrática, es un hecho aceptado, que un régimen democrático no puede invalidar, a pesar de ser mentira que las FARC se hayan desarmado e incorporado a la política, existe una ilusión nacional de que es así que no se puede controvertir. En consecuencia hay que buscar el camino para que sin hacer trizas el acuerdo, se pueda anular los vicios garrafales que les dan impunidad y les permite seguir en la ilegalidad con apariencia de legalidad a esos narcoterroristas.
La ruta para lograr que las FARC continúen burlándose del país y revictimizando al pueblo de una manera peor que cuando en la ilegalidad, pues ahora tienen hasta poder, es rectificando los más ostentosos puntos del acuerdo, que privilegian, de manera anticonstitucional al narcoterrorismo.
El punto más flagrante y que más hiere al pueblo colombiano es el de la impunidad. Tras más de 50 años cometiendo crímenes de lesa humanidad, es inconcebible que no haya un efectivo acuerdo para esos monstruos inhumanos, pues ser senador y representantes no se puede considerar un castigo ¡Por Dios! Por lo tanto, la primera y fundamental acción de corrección del falaz acuerdo es asegurarse que los jerarcas de las FARC no seguirán gozando de la impunidad que hoy descaradamente gozan. Es obvio que la cárcel no es el destino que, aunque justo y merecido, van a tener esos asesinos, pero si es elemental que tengan un castigo, alguno mínimo podría ser por ejemplo 2 años en una granja agrícola, en uno de los vastos territorios que son de su propiedad.
La elegibilidad a cargos parlamentarios y de elección popular de estos criminales de lesa humanidad es otro aspecto inadmisible de supuesto acuerdo de paz. Hasta que esos criminales no paguen un mínimo castigo como el expuesto en el párrafo anterior, no deben estar en ningún cargo político. Por lo tanto, esos criminales de lesa humanidad deben ser inhabilitados para optar a cargos electivos hasta no hayan cumplido con tal requisito, más obvio es el de que no deben ser premiados con curules regalados.
La declaración de ciertos crímenes de lesa humanidad, como delitos políticos conexos, es una brutal aberración. Que la violación de menores y el narcotráfico no sean castigados con ejemplares sanciones es simplemente un crimen de traición a la patria.
La reparación a las víctimas es un aspecto esencial de la paz, ella no puede ser realizada si los narcoterroristas no entregan sus infinitos bienes, la declaración que presentaron consistentes en palas, vasenillas y tazas es una burla descomunal al país. Se sabe que las FARC son billonarias en dólares y sus jerarcas multimillonarios, el Estado colombiano está en la obligación de investigar el paradero de esos bienes, incautarlos y resarcir a las víctimas con ellos.
Las prerrogativas jurídicas y políticas del acuerdo, que son descomunales, son otro aspecto a eliminar. El crearle una justicia especial y que los magistrados de esta sean afines a los narcoterroristas es una inmoralidad sin nombre, ya hay pruebas suficientes que la JEP es una justicia especial para garantizarle la impunidad al narcoterrorismo, ella no tiene razón de existir. Ya hablamos de la elegibilidad sin pago de condena, pero además hay una serie de inauditos compromisos de financiamiento y canonjías a las FARC como emisoras, pago de instituciones partidistas, etcétera muy por encima del total que se le da al resto de todos los partidos democráticos, todos esos privilegios deben eliminarse.
Aterrador es que no se vea claramente, que tal como lo expusieron los mismos narcoterroristas, por ejemplo, en videos que hay de Iván Márquez, el cuento de la paz, es una estratagema inventada por las FARC dentro de su estrategia de todas las formas de lucha, ahora están mejor que antes, pues sus cuadros políticos están en la legalidad, gozando de privilegios que ningún otro colombiano goza, y las estructuras de negocios ilícitos y las bandas armadas siguen funcionando. Ya basta los eufemismos, “disidencias” y “grupos armados organizados” son las misma FARC y ese problema debe ser resuelto de raíz, además ha habido un ostensible traspaso de brazaletes al ELN. La política de persecución de estos criminales debe ser sin piedad, los cuadros altos del narcoterrorismo deben ser judicializados, pues claramente siguen en la vía de la insurrección, esta vez disfrazada de legalidad.
En derecho una acción se deshace de la misma manera que se hizo, el Congreso puede perfectamente realizar las acciones presentadas en este artículo, pero no hay la mayoría. Se requiere acudir al pueblo, para que vía plebiscito ratifique su rechazo al acuerdo de entrega del país a las FARC. El presidente Duque no se ve temperamentalmente dispuesto a una acción radical como esta. Se requiere de un liderazgo nacional que convoque al pueblo colombiano a rechazar una vez más el narcoterrorismo y darle un parado a este entuerto en el que nos encontramos y que causa indignación nacional. Si no queremos ser en un muy poco tiempo un narcoestado como Venezuela, es imperativo que esta acción se realice inmediatamente.
PS: Insólita la propuesta que hay de hacer coincidir los períodos de las autoridades locales con las nacionales, uniendo sus elecciones. Esto va contra el espíritu de la descentralización. Pero lo que sí es de análisis psiquiátrico es la idea de prolongarle el período a las actuales autoridades departamentales y municipales. Ellas fueron elegidas gracias a la mermelada del farcsantismo y en más de 90% su labor ha sido nula si no nefasta. La corrupción es la característica fundamental de la inmensa mayoría de estas autoridades, llegando a casos criminales como el robo del PAE y los carteles de la salud. Es demencial prorrogarles el mandato. El CD se está suicidando al darle esa prórroga en el poder al farcsantismo, este partido no tiene ninguna gobernación propia y solo un ramillete de alcaldías, cuando puede pasar a ser mayoría en las elecciones del 19, no puede ser un error el apoyar esta estrategia del farcsantismo, ¿ a qué se debe?