El sorpresivo discurso de Diosdado Cabello, en la írrita y fraudulenta asamblea nacional constituyente comunal, y la ratificación hecha, de inmediato, por Nicolás Maduro, en un acto público, definió claramente la estrategia del oficialismo: realizar elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año violando toda la normativa legal y los derechos ciudadanos. Nicolás Maduro demostró, una vez más, un impresionante cinismo, al mantener que “si había una nueva reunión en Santo Domingo, el 28 de enero, la comisión que representa a su gobierno asistiría”. La respuesta de Luis Videgaray, canciller de México, al afirmar que “el anuncio de hoy en Caracas es lamentable, ya que atenta gravemente contra las negociaciones de Santo Domingo. La fecha de la elección era uno de los puntos más importantes que ahí se negociaban y no se había llegado a un acuerdo”, demostró, una vez más, que la invitación a un diálogo realizada por el madurismo solo buscaba ganar tiempo.

Esta ofensiva madurista ratifica sus objetivos políticos: permanecer en el poder sin importarle violar la Constitución Nacional; dar legitimidad a la espuria asamblea nacional constituyente comunal, para que redacte una nueva carta magna que establezca un Estado socialista; mantener inalterado el corrompido sistema electoral; incrementar la discrepancia en la oposición entre partidarios de participar en esas elecciones, sin que se hayan producido las rectificaciones necesarias en el sistema electoral, y los abstencionistas; ignorar la presión internacional que reclama el restablecimiento de la democracia; aterrorizar a la población mediante el uso de la violencia; mantener el actual sistema económico para estimular la diáspora y la sumisión de nuestro pueblo; incrementar el control de inteligencia sobre los partidos políticos, incluyendo a los sectores disidentes del chavismo, personalidades y miembros de la Fuerza Armada Nacional. En conclusión, consolidar el régimen totalitario.

Estos objetivos políticos no presentan mayor originalidad. Así siempre actúan los regímenes totalitarios. Sin embargo, el chavismo tuvo un origen democrático al triunfar limpiamente en las elecciones de 1998; pero, a partir de allí, Hugo Chávez empezó a vanagloriarse de haber ganado en no sé cuantas elecciones, sin señalar los abusos de poder y el permanente ventajismo que las caracterizó. Así mismo, Nicolás Maduro conoce perfectamente bien que si se hubiesen cerrado las urnas a las 4:00 pm, como lo establecía la ley electoral, y no a las 10:00 pm, el ganador en las elecciones presidenciales, de 2013, hubiese sido Henrique Capriles. Esa realidad política, una clara mayoría de la oposición, quedó evidenciada en los resultados de la elección parlamentaria de 2015 al lograr enfrentar la arbitraria conformación de los circuitos electorales. Tal conducta fraudulenta del madurismo volvió a manifestarse en los resultados de las elecciones de la ANC, de gobernadores y de alcaldes.

Justamente, ese es el exigente reto que el régimen madurista ha presentado a la oposición democrática: ganar unas elecciones presidenciales, convocadas inconstitucionalmente para ser realizadas en menos de tres meses, en medio de ventajismos de todo orden. Este sorpresivo reto ha conducido a los venezolanos a hacerse la siguiente pregunta: ¿Es posible ganar esas elecciones presidenciales en tan desventajosas condiciones para la oposición, agravadas por las trabas que, con absoluta seguridad, implementará el parcializado e ilegítimo CNE? Tan difícil respuesta debe ser realizada, a la brevedad posible, por la dirigencia opositora de una manera razonada, prudente, seria y objetiva. Además, para que sea creíble, tiene que provenir de una dirigencia total y absolutamente unida. En esta situación, que implica una grave amenaza a la libertad de los venezolanos, mantener personalismos e intereses particulares es simplemente traicionar la fe de nuestro pueblo.

Voy a tratar de analizar los dos posibles escenarios que se le presentan a la oposición. Después razonaré mi posición personal. Es una verdad de Perogrullo que la oposición democrática deberá escoger entre asistir a las elecciones presidenciales o abstenerse. Consideremos el escenario de competir en las elecciones. ¿Existe alguna posibilidad de ganar? No hay duda de que sí, el triunfo en las elecciones parlamentarias y en una gobernación tan importante como la del Zulia así lo demuestra. Eso sí, se tienen que cumplir dos condiciones fundamentales: nuestro candidato presidencial tiene que ser escogido con tal transparencia que su liderazgo reciba el apoyo irrestricto de la dirigencia y militancia opositora, incluyendo al sector abstencionista; la oposición debe constituir una maquinaria electoral capaz de garantizar las auditorías técnicas y de organizar un número suficiente de testigos en las mesas, proveyéndolos de suficiente seguridad, para que logren preservar las actas electorales.

El segundo escenario es la abstención. Solo podría tomarse esa decisión como consecuencia de que se incrementen los inaceptables abusos del régimen. De ser necesario requeriría de un importante compromiso de todas las fuerzas políticas lideradas por nuestro candidato presidencial previamente escogido, tal como ocurrió en el Perú con el retiro de la candidatura de Alejandro Toledo, en las elecciones del año 2000, lo que provocó la grave crisis política que terminó con la renuncia de Allberto Fujimori. Un segundo aspecto de gran importancia es conocer la posición de los diferentes gobiernos que respaldan a la oposición democrática y la manera en que incrementarán su presión sobre el régimen madurista como consecuencia de la total pérdida de su legitimidad de origen. Cerrada la vía electoral, es fundamental que la oposición democrática logre un acuerdo suficientemente coherente para poder garantizar las nuevas formas de lucha que tendrían que utilizarse para enfrentar la dictadura madurista.

Nunca he respaldado el abstencionismo por considerarlo poco eficiente como forma de lucha. Dejar de asistir a unas elecciones por la amenaza de un posible fraude, no permite que el régimen madurista pague el suficiente costo político, como sí ocurriría en caso de que lo hiciese. Marcos Pérez Jiménez se impuso por la fuerza, desconociendo el resultado de la elección para designar una Asamblea Nacional Constituyente en 1952, y logró permanecer en el poder cinco años más, pero al perder su legitimidad de origen permitió que la oposición democrática obtuviera una importante bandera, un suficiente respaldo internacional y cierto rechazo en algunos miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales. En diciembre de 1957, el general Pérez Jiménez reincidió en violar la Constitución Nacional, imponiendo un plebiscito para permanecer en el poder. Esos hechos constituyeron el detonante para que muchos de los oficiales descontentos por los hechos ocurrido en 1952, pudieran incidir en otros compañeros de armas para insurreccionarse el 1° y el 23 de enero de 1958 y provocar el derrocamiento de la dictadura.

Todos los sectores de la vida nacional repudian el gobierno de Nicolás Maduro y aspiran a su inmediata salida de la Presidencia de la República. Mantenerse en el poder a través de un fraude electoral, lo único que lograría es agravar aún más la creciente tragedia de nuestro pueblo.

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