En la sesión inaugural del martes 25 de septiembre pasado la ONU trató la tragedia venezolana y se aprobó incluir la discusión acerca de “activar el R2P contra los abusos del gobierno de Venezuela”. Se trata de un mecanismo aprobado en la Cumbre Mundial de la ONU en el año 2005 dirigido a la protección de los pueblos, incluso frente a sus propios gobiernos contra los mismos crímenes por los que debería activarse la jurisdicción de la fallida Corte Penal Internacional, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Protección que puede darse de distintas formas, incluyendo el uso de la fuerza militar.

Responsabiliy to Protect

Es la denominación formal de este mecanismo que se refiere a la responsabilidad de los Estados y de la comunidad internacional de proteger a la población civil y que define tres casos en los que procede su activación, siendo el tercero este: “La comunidad internacional debe utilizar vías diplomáticas, humanitarias y otros mecanismos pacíficos para proteger a las poblaciones de los crímenes mencionados. Si un Estado falla en su compromiso de proteger a su población o perpetúa esos crímenes, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más firmes, incluyendo el uso de la fuerza colectiva a través del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Cómo se aprobó el mecanismo respecto a Venezuela

La conmoción que está generando el régimen dictatorial de Venezuela llegó como punto principal en esta Asamblea General de Naciones Unidas, donde se planteó someterla a discusión. Las dictaduras se opusieron pero sin éxito, apenas tuvieron 16 votos contra 93 que lo aprobaron, ante lo cual el Consejero Especial de la ONU, el señor Adama Dieg, se pronunció: “El Estado tiene la obligación de proteger a su propio pueblo y no se puede esconder detrás de la idea de soberanía para decir que no se puede interferir en los asuntos del país. Si un Estado falla en cumplir, otros tienen la obligación de actuar y desde mi punto de vista, yo siempre insisto en que soberanía es responsabilidad”.

La génesis del principio R2P

Para definir el origen del mecanismo bastan las palabras del entonces secretario general Ban Ki-moon en dolorosa queja por la inacción ante los sufrimientos de pueblos víctimas de sus propios gobiernos: “…la historia de los crímenes de atrocidad no se ha traducido en acciones fuertes sino más bien en hacer demasiado poco, demasiado tarde; el ritmo lento no ofrece alivio a la gente que está enfrentando violaciones masivas y violencias atroces. Dichas personas se acercan a nosotros en busca de protección y no en busca de palabras superficiales o de debates que duren cinco años”. Seguidamente llamó a la comunidad internacional para afilar las herramientas de prevención y protección.

Su aplicación práctica

Este tipo de actuación ha estado sometida a diversas interpretaciones y modalidades, algunos la han utilizado para justificar intervencionismo en asuntos que escapan a esos conceptos para los que fue creado: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Este mecanismo se ha puesto en práctica en Libia, Sudán y Costa de Marfil, y el caso territorialmente más cercano que hemos tenido radicó en Haití, cuando se aprobó el uso de las tropas (Cascos Azules) para proteger a la población de las bandas que desataron violencia en Puerto Príncipe.

Pero finalmente está el tema de la fuerza, que se impone. Por ejemplo, en esta sesión se aprobó –como antes anotamos– incluir el tema respecto a la crisis venezolana, en favor de lo que votó una aplastante mayoría de países –liderados por Estados Unidos–, entre los que se pueden ver algunos de los que boicotearon las propuestas en la OEA para la Carta Democrática; seguramente escucharon el discurso del presidente Donald Trump, que palabras más palabras menos dijo: “Estados Unidos solo dará asistencia a aquellos países amigos y que apoyen nuestras propuestas”. También es de tomar en cuenta otro discurso aún más específico y del mismo calibre, el del vicepresidente Mike Pence, quien, sentado al lado del presidente de Colombia, Iván Duque, en la propia sede de la ONU denunció la provocación que montó la dictadura movilizando tropas a la frontera y dijo: “Estados Unidos siempre apoyará a sus aliados y su seguridad, y al régimen de Maduro más le vale no poner a prueba la intención del presidente de Estados Unidos o del pueblo en ese sentido”.

La denuncia ante la fiscal de la CPI

En el mismo escenario de esta sesión de Naciones Unidas seis países firmaron una denuncia contra Nicolás Maduro y su régimen como autores de delitos de lesa humanidad, hecho inédito. Nunca antes había ocurrido que un país, mucho menos un grupo de ellos que forman parte del Estatuto de Roma, denunciara a un gobernante.

La comunicación está dirigida a la fiscal Fatou Bensouda y se refiere a crímenes ocurridos desde el año 2014, aun cuando la misma fiscal el 8 de febrero pasado anunció un procedimiento preliminar respecto a hechos similares, pero ocurridos desde abril 2017 (procedimiento que lleva ya 7 meses y no da muestra de actividad) pues los referidos a crímenes anteriores fueron cerrados por el fiscal anterior, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo.

No guardo muchas esperanzas con esta nueva denuncia. Bensouda está muy comprometida con la dictadura, pero no dejo de considerar que esto es una gran presión para ella. Como dicen en el llano: “O corre o se encarama”.

Todo está dicho.


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