Sobre Diego Arria, Miguel Ángel Martín, Omar Barboza, TSJ, Asamblea Nacional.
Diego Arria ha explotado un escabroso episodio de la política venezolana, nadie se había atrevido a hacerlo de esa manera denunciando acremente al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza, por haber accedido rápidamente –el mismo día en que se le solicitó– a indagar ante España sobre una denuncia que se le consignó sobre doble nacionalidad que tendría el magistrado del TSJ en el exilio Miguel Ángel Martín Tortabú.
La acérrima crítica de Arria consiste en que el diputado Barboza no ha prestado la misma diligencia ante las múltiples solicitudes que se le han hecho para que se proceda con el caso de la doble nacionalidad de Nicolás Maduro que tanto se ha denunciado.
En parte, y solo en parte, estoy de acuerdo con Diego Arria
En verdad causa extrañeza que el diputado Barboza accediera tan velozmente a la referida solicitud, lo que contrasta con el silencio que ha guardado respecto al tema de la doble nacionalidad de Nicolás Maduro.
En efecto, el 10 de julio un abogado de nombre José Valles le denunció al doctor Barboza la presunta doble nacionalidad del magistrado y al día siguiente, el 11 de julio, el secretario del Parlamento, Negal Morales Llovera, ofició a la cónsul general de España instándole a que “en tiempo perentorio” verificara la información.
La extraña conducta del diputado Barboza va más allá aún
Y no es solo en la comparación de este caso con el de la doble nacionalidad de Maduro que el diputado Barboza muestra una extraña conducta, sino también en otros mucho más graves por cierto, como son las denuncias que personalmente le he hecho, pública y privadamente, sobre: 1) el truculento juicio que se sigue en la Corte del Distrito Sur de Florida (Miami) que se conoce como “U.S. Litigation Pdvsa Trust”, en el que se pretende expoliar a Venezuela 10.000 millones de dólares mediante un delictivo contrato que firma una persona que usurpa el cargo de procurador general de Venezuela; 2) los 25 multimillonarios procesos de arbitraje que cursan ante el Ciadi en Washington contra Venezuela, que allí está representada por ese mismo usurpador del cargo de procurador; 3) el proceso que ante la Corte Internacional de Justicia se litiga por el Territorio Esequibo sin que allá tengamos defensa legalmente ejercida porque es ese falso procurador el que aparece acreditado.
Al diputado Barboza le he pedido que notifique a la Corte, al Ciadi y a la Corte Internacional de Justicia que esa persona que funge de procurador representando al país en esos importantes casos en realidad no es tal porque siendo requisito la aprobación de la Asamblea Nacional, él no la tiene. Pero nada ha podido romper el muro de silencio e inactividad del doctor Barboza en tan graves y delicados casos, con lo cual compromete su propia responsabilidad personal.
Sin embargo, respecto al caso del presidente del TSJ en el exilio.
Si el presidente del TSJ en el exilio, doctor Miguel Martín, en verdad tiene o tenía doble nacionalidad cuando fue designado, sería él quien habría causado un grave daño a la institucionalidad nacional porque la Constitución contiene expresa prohibición al respecto en su artículo 263 que él conoce perfectamente y en vez de ocultarlo ha debido declararlo y no dar lugar a estos enojosos y delicados episodios que le comprometerían gravemente. En tal caso, tanto su nombramiento como todos los actos donde él haya intervenido ejerciendo el cargo serían nulos y él, Miguel Ángel Martín Tortabú, sería personalmente responsable de un grave daño a la institucionalidad democrática que con este TSJ en el exilio se trata de preservar de la tiranía que impera en Venezuela.
Y no ha sido esta la primera vez que se habla del asunto, incluso en sesiones del Alto Tribunal le han preguntado al doctor Martín sobre el tema y su respuesta ha sido altanera, con increíble irrespeto a sus iguales golpea la mesa, se para y se retira, cerrando así abruptamente toda discusión al respecto, lo cual es absolutamente incorrecto. De ser falsa la susodicha doble nacionalidad bastaría que lo dijera, que disipara las dudas, el alto cargo que se le ha discernido obliga a la compostura de una respuesta seria, civilizada. No queremos salir de un dictador político para caer en manos de un dictador judicial, que ya con Iván Rincón, Luisa Estela Morales, Gladys Gutiérrez (por cierto, también acusada de doble nacionalidad) y Maikel Moreno hemos tenido bastante.
El caso de la sentencia sobre las persecuciones a militares
El magistrado Miguel Ángel Martín tiene inexplicablemente retenida una sentencia aprobada por los magistrados de Sala Constitucional sobre la injerencia de Maduro en el área de la justicia militar. Van para seis meses que introduje una demanda ante esa Sala Constitucional que él preside pidiendo que se anulen los nombramientos de jueces y fiscales militares que viene haciendo Nicolás Maduro y con lo cual dan apariencia de legitimidad al horror de esa jurisdicción que persigue, tortura y mata a civiles y militares. Hice un estudio pormenorizado desde el punto de vista legal, constitucional e histórico del Código Orgánico de Justicia Militar, artículo por artículo, para concluir que es un instrumento nulo porque colide con elementales normas de carácter universal sobre los derechos humanos y con la propia Constitución que actualmente rige en Venezuela.
La ponencia fue elaborada, favorablemente acogida por los magistrados y entregada a Martín para su publicación desde el mes de abril y no hay manera de que lo haga, le han reclamado y aduce argucias para mantenerla retenida. Nadie sabe qué motivos tenga el magistrado para tan extraña actitud condescendiente con el régimen de terror que hay con esa diabólica justicia militar.
Culpable no es el niño que grita que el rey está desnudo, culpable es el rey por andar desnudo. Enmudecer ante lo injusto no es opción. No es buena la política de laissez faire, laissez passer.