Rafael Correa no tiene otra alternativa que huir y más que eso, atropellar hacia delante. El ex presidente ecuatoriano, al que una mayoría de sus conciudadanos esperaba que se le investigara y juzgara por varios actos de corrupción que se le endilgan con mucho fundamento, o por ordenar a soldados que balearan a civiles desarmados, hoy está requerido por participar y ordenar un secuestro político en un proceso iniciado en Colombia.
Ya Correa había comenzado a descargar sus baterías contra el actual gobierno de Lenín Moreno, su delfín, por meter en la cárcel por corrupto al vicepresidente Jorge Glas, hombre de confianza del ex mandatario y al que había puesto en la fórmula para controlar a Moreno. Glas tenía “negocios” pendientes para aclarar y perdió el puesto. El cálculo le salió mal a Correa.
Hoy es requerido y por supuesto llama a Moreno traidor e instrumento, por no decir títere, del imperialismo y de la derecha. Una argumento ya tan manido que aburre o provoca risa.
Correa, a los manotazos, a los que cada vez deberá recurrir más, habla de una judicialización de la política, que es lo que explica la –según él– “persecución política” de que es víctima.
Lo de la politización de la justicia y la judicialización de la política es un argumento demagógico, hipócrita y cínico, en casos. Pero en otros no. Es una peste que sobrevuela por el hemisferio e incluso todo Occidente y que es una de las peores formas de contaminación que van corroyendo el sistema democrático. Y así ha ocurrido, lamentablemente. Se trata de acabar con el sistema de la separación de poderes, anulando o degenerando el Poder Judicial, que en casos pasa a ser una especie de arma letal de dictadores y autoritarios. Las dictaduras militares, con su ordinariez y soberbia, ni lo disimulaban: todo lo que interesara al mando, pasaba a la órbita de la justicia militar, la que dependía del mando y ejecutaba las órdenes de este. Fujimori, el dictador peruano, y su escudero Vladimiro Montesinos fueron pioneros en el campo civil y unos artistas en la materia: la inmensa mayoría de los jueces eran provisorios, a los que el presidente podía destituir de un plumazo, y todas las sentencias previamente pasaban por la oficina del nombrado Montesinos, el temido SIN (Servicio de Inteligencia Nacional).
Hugo Chávez fue otro de los maestros en el manejo del Poder Judicial. Amigo de Montesinos, al que dio cobijo mientras pudo cuando era requerido por la justicia peruana, Chávez, como es comprobable fácilmente, desde la televisión anunciaba y señalaba quién debía ser procesado y preso y horas después los jueces, todos, a partir de los propios magistrados de la Corte Suprema, actuaban en consecuencia.
También en países donde funciona la democracia uno de los peligros permanentes es cuando el poder político esquiva sus deberes y recurre a los jueces para dirimir conflictos que no corresponden a esa órbita. Cuando utilizan a los jueces. Y otro de los peligros es el desborde de los jueces, que olvidan que su función –sagrada función– es aplicar las leyes, ni más ni menos, y se creen ingenieros sociales y en casos se transforman en “estrellas” y casi se sienten dioses. Es una peste, como se dijo. Esto de la politización o judicialización, lo que académicos norteamericanos han definido como Lawfare (guerra jurídica), es un tema que merece mucho cuidado y atención.
Lo de Correa es bien elocuente. Cuando fue presidente inició una acción “como ciudadano” en defensa de su honor, contra un diario, El Universo de Guayaquil, tres de sus directores y un editorialista, Emilio Palacio. Este lo había acusado en un artículo de inventar un golpe de Estado para, en función de ello, perseguir a sus opositores y ordenar a soldados abrir fuego a discreción y sin previo aviso contra civiles desarmados. Y hete aquí que la justicia rápidamente condenó a los demandados a ir a la cárcel (tres años para Palacio) y pagarle al presidente 40 millones de dólares. Fue un juicio ultrarrápido en el que los acusados no tuvieron chance de defenderse y se les negó un recurso de apelación. La jueza actuante se negó a firmar esa sentencia que fue redactada por el abogado patrocinante de Correa, rechazó un “premio” de 750.000 dólares y debió huir de Ecuador. En su lugar la firmó un juez provisorio que había ingresado por recomendación del citado abogado del presidente.
Correa ahora habla de judicialización de la política. Qué descaro.