Frente a la grave crisis humanitaria que atraviesa el país, podría parecer superfluo revisar nuestra propia historia para buscar soluciones al extenuante conflicto que afecta a la sociedad venezolana. En parte esto se ve reflejado, y con cierta justificación, en que la mayoría de los análisis actuales se enfocan, por ejemplo, en el nuevo liderazgo opositor, en el desconocimiento de la institución militar al usurpador, al rol de la ayuda humanitaria, la movilización social o la presión internacional. Sin embargo, es indispensable, justamente en este proceso de transición democrática, aprender del pasado para diseñar un futuro mejor.

El presidente Hugo Chávez y el actual usurpador Nicolás Maduro han intentado una y otra vez a través de intensas campañas mediáticas tergiversar la historia política de Venezuela, denigrando y desprestigiando todo a su paso. Uno de sus primeros objetivos fue descalificar y vaciar de contenido el Pacto de Puntofijo firmado entre AD, Copei y URD el 31 de octubre de 1958. Como sabemos, ese acuerdo político permitió al país romper con su pasado dictatorial e iniciar las únicas cuatro décadas democráticas hasta el día de hoy. Si bien es cierto que no fue perfecto, tenemos que revivir su significado y su visión para alcanzar uno nuevo de mayor repercusión a la medida de la peor crisis que el país haya vivido en su historia. Un Puntofijo 2.0 que le dé a Venezuela lo que el primero no le pudo dar.

Tal como en su momento los líderes, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, trazaron un nuevo orden político, las principales fuerzas políticas actuales tienen que apelar a esa misma estrategia de consenso para garantizar la gobernabilidad después de la transición. Recordemos que el Pacto de Puntofijo no se extendió por 40 años, ni tampoco buscó el reparto de cuotas de poder entre los partidos, como lo han querido mostrar. La función del acuerdo fue simple pero poderosa: implementar un programa mínimo común que aviniera las propuestas de los tres partidos y de esta forma prevenir un retroceso a una dictadura militar. 

En la actualidad, los cimientos de un nuevo acuerdo en parte ya habrían comenzado con el Estatuto de Transición y el Plan País. Si bien es cierto que ambos instrumentos son positivos porque ofrecen una estructura y organización al proceso de democratización, Venezuela demanda aún más. Es necesario un compromiso más sólido y creíble de sus principales líderes y partidos, a fin de asegurar estabilidad política en el período inmediato al cese de la usurpación.

Aprendiendo del pasado, un Puntofijo 2.0 debería contar con la actual minoría oficialista para alcanzar la mayor inclusión y representación posible, exceptuando por supuesto a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Solo la inclusión y la participación democrática pueden ofrecer un ámbito adecuado para el debate de las ideas y el entierro definitivo de los “mesías” como opción para resolver los problemas de la sociedad venezolana. Adicionalmente, el nuevo pacto no deberá contener solo el compromiso de las élites políticas, sino también la voluntad y las aspiraciones de cambio de la sociedad venezolana. Por ello, en un acto de reencuentro nacional, y no en una quinta, debería firmarse un acuerdo de este tipo para que el pueblo lo avale con su presencia.

Del mismo modo es primordial tener la seguridad de que el Plan País represente a todas las fuerzas políticas, y con ello a toda la población venezolana. El país lo que clama es unidad y consenso político, para sentar las bases de una democracia fuerte. Esto no quiere decir que en Venezuela no deba haber competitividad política, por el contrario, justamente eso es lo que se requiere en el largo plazo. De lo que se trata es de garantizar la gobernabilidad en los años posteriores a la transición, que suelen ser los más inestables y difíciles.

Mirando hacia el sur, la experiencia de Chile también nos muestra que el consenso político es indispensable para la estabilidad luego de la transición. La política de acuerdos y de unidad de la Concertación fue la estrategia acertada para lograr la gobernabilidad y prevenir que Augusto Pinochet, por cierto, senador vitalicio durante gran parte del gobierno de Patricio Aylwin, retomara el poder.

Una vez que se cumpla el primer lapso presidencial después de la transición y la nueva democracia venezolana se vaya consolidando, un Pacto de Puntofijo 2.0 tal como su antecedente, pasaría a la historia como el documento que unió a un país lacerado por su última dictadura.


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