La semana pasada, el vicepresidente de Acción Democrática, Antonio Ecarri Bolívar, argumentó en un artículo de opinión la necesidad de votar en las elecciones regionales convocadas por el gobierno “con un pañuelo en la nariz”.
Ecarri Bolívar admite en su escrito que “…somos conscientes de todos los obstáculos, trapisondas y dificultades que impone este régimen para pretender desconocer el derecho soberano del pueblo de elegir a sus gobernadores de estado, luego a sus alcaldes y después al mismísimo presidente de la República”. Pero, según su lógica, a pesar de todo eso que él mismo reconoce, se debe ir a votar. Y para ello hace referencia a la postulación de la candidatura simbólica de Rómulo Gallegos en 1941, en cuyo contexto Rómulo Betancourt habría usado –para justificarla– la célebre frase del pañuelo.
Pretender igualar el contexto político de 1941 al de 2017 es absolutamente antihistórico. El Partido Democrático Nacional (que luego se convertiría en Acción Democrática) denunció con vigor al gobierno autoritario de Eleazar López Contreras, pero nunca cuestionó al régimen por ilegal o alegó la ruptura del orden constitucional. Así, el PDN reconocía que aun dentro de ese régimen autoritario existía un clima de relativa paz social que permitía la actividad política. Entonces, participar en esas elecciones con una candidatura que no tenía la menor oportunidad de ganar y por tanto era simbólica, era una posición coherente.
El contexto de 2017 es diferente al de 1941. Desde 2016 la oposición viene denunciando en la Asamblea Nacional el asalto sistemático del régimen de Nicolás Maduro contra la legalidad y la constitucionalidad. El control del Tribunal Supremo de Justicia y el CNE por parte del PSUV y la convocatoria misma a una constituyente fraudulenta e ilegal, llevaron a la fiscal Luisa Ortega Díaz a declarar formalmente que en Venezuela el orden constitucional se había roto. La Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad Democrática y diversos factores de la oposición estuvieron de acuerdo con la fiscal.
Fue precisamente en respuesta a la sentencia 156 del TSJ del 29 de marzo de 2017, que le arrebataba competencias a la Asamblea Nacional, que la MUD invocó la aplicación de los artículos 333 y 350 e inició una jornada de protestas de más de 100 días. Por tanto, resulta absolutamente incoherente que la Mesa de la Unidad llame ahora a participar en unas elecciones de gobernadores, cuando las circunstancias que ella misma y el Parlamento denunciaron como ruptura del orden constitucional no han cesado.
En 1941 era muy claro, desde el principio, que no había ninguna posibilidad de ganarle al gobierno con la candidatura de Rómulo Gallegos porque sería sometida a una elección indirecta, de segundo grado, en un Congreso que había sido seleccionado a dedo por Juan Vicente Gómez. Los opositores de entonces le hablaron muy claro al país sobre el alcance de la candidatura de Gallegos y no crearon falsas expectativas de triunfo. En 2017 la MUD llama a participar en unas elecciones en las que lo primero que se vende es la ilusión de que sí es posible ganarle al gobierno “si se remolca la gente y se llevan testigos a las mesas”. El espejismo ignora a propósito el público y notorio fraude constituyente del 30 de julio perpetrado por el régimen.
Curiosamente, en 1941 el gobierno de López Contreras no alentaba esa candidatura simbólica e inofensiva de Gallegos porque sabía que ponía al desnudo la arbitrariedad del sistema electoral. No ocurre lo mismo en 2017, cuando el régimen estimula abiertamente la participación electoral de la oposición, aunque en condiciones de abuso e incertidumbre, porque en última instancia termina legitimando el sistema que antes atacaba.
El otro punto es la naturaleza genuinamente simbólica de la candidatura de Gallegos, y allí su verdadera potencia, al ser un instrumento para propagar el mensaje de libertad. A diferencia de las actuales candidaturas a las gobernaciones, que no tienen nada de simbólicas y tratan de cabalgar sobre la ficción creada por el régimen de que sí es posible lograr algo dentro de este viciado sistema electoral. Además, los candidatos a gobernador están tratando de ganar apoyos con las usuales promesas electorales, como si el país no estuviese al borde del colapso. Ninguno ha podido explicar hasta ahora cómo obtener un cargo de gobernador ayudará a conquistar la libertad en Venezuela.
Quizá lo más pernicioso es usar las fichas de la propia oposición como vehículos eficientes del metamensaje del régimen, para hacerle creer a la gente que participando dentro de estas reglas de juego –que el gobierno cambia a conveniencia– algún día se podrá cambiar el sistema. En esa ilusión llevamos 19 años.
Pero aparte de esto, queda el argumento de fondo: Hay que votar “con un pañuelo en la nariz”. En otras palabras, sabemos que estamos en dictadura, que el sistema electoral es fraudulento, que nos van a robar los votos, que nos van a inhabilitar candidatos, que nos pueden quitar lo que nos reconozcan como triunfo electoral. Y hasta sabemos que votando hacemos un acto público de reconocimiento a la dictadura que decimos combatir. Pero aun así, los dueños de las franquicias partidistas nos quieren llevar arriados a votar, sin razones, a ciegas.
“Votar con un pañuelo en la nariz” es el razonamiento más sinuoso y falaz que se ha usado en las últimas semanas para engañar a los ciudadanos desesperados, dispuestos a hacer lo que sea para salir de esta dictadura. Por su simpleza y perfidia para escurrirse en las mentes indefensas de las personas, es un razonamiento que debe ser enfáticamente refutado.
“Votar con un pañuelo en la nariz” es admitir que la única forma de hacer política es jugar siempre al cálculo oportunista, asqueroso y pestilente. Que hay algo que está mal; que aunque es inmoral e inconveniente hay que hacerlo. Por el contrario, Abstenerse de votar es algo que podemos hacer en paz con nuestra conciencia, respirando hondo y llenando los pulmones con aire puro y limpio. Para eso ni siquiera hace falta un pañuelo.
@humbertotweets