En las Grandes Ligas los meses de septiembre y octubre son considerados la etapa de la temporada en la que se distingue, entre el temple del novato y el jugador mediocre, la inspiración del candidato a héroe de la Serie Mundial; entretanto, en el contexto venezolano serán recordados como el período en el que un partido político otrora adalid de la democracia decidió enterrar su historia, su herencia, en función del pragmatismo más bastardo que haya conocido América Latina.
El lunes 23 de octubre de 2017, al amanecer, se conocía el acuerdo entre los gobernadores opositores de actuar en bloque frente al régimen opresor. Era una opinión compartida ante lo sucedido el 15-O, cuando los venezolanos sufrimos una vez más las tropelías de la dictadura, un fraude monumental como no se haya conocido jamás en nuestra historia política, denunciado por la MUD y diversos voceros opositores que se han comprometido en los próximos días a documentar un riguroso informe, así como a demostrar la violación del derecho constitucional al voto libre y democrático.
¿Qué pasó entonces para que los gobernadores opositores decidieran consultarle al pueblo lo ilegal? ¿Se puede consultar ante cualquier ciudadano o a la sociedad civil lo inconstitucional? Definitivamente, Venezuela se ha convertido en los últimos días en el teatro de lo absurdo, digno del famoso y reconocido dramaturgo Eugene Ionesco.
Quedó demostrado el 23 de octubre con el desenlace de los 4 gobernadores militantes de AD que se subordinaron ante la montonera del PSUV, calificada irónicamente por el secretario general del partido como “prostituyente”. Lo procedente era que cada gobernador convocara al pueblo que mayoritariamente los eligió a defender el resultado y a enfrentar la tropelía de imponer desde el Ejecutivo a mandatarios apéndices de la dictadura, aplicando el artículo 333 de la carta magna.
Hoy dignamente Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, ha asumido la postura correcta, pues no se trata de una región, sino de toda Venezuela. La dictadura saquea a las gobernaciones, como es el caso del estado Anzoátegui, donde le arrebataron las competencias constitucionales de salud, policía, educación, peajes, incluso hasta la radio Kariña fue asaltada. De paso, nombraron en cada estado donde resultaron electos los candidatos opositores a comisarios del PSUV, llamados “protectores de la revolución”
¿Cuál es el trasfondo del diktat del régimen opresor? Poner en marcha el plan trazado desde La Habana, flanqueado por China, Rusia, Irán y el resto de chulos del Alba y del Foro de Sao Paulo, de imponer con el catecismo castrista del plan de la patria el «bastardo Estado comunal», con una montonera psuvista que sustituiría definitivamente a la constitucional Asamblea Nacional.
Ante la barbarie tenemos nuestra victoria más inmediata, como lo fue la elección el 6 de diciembre de 2015 de la Asamblea Nacional, que según la vigente Constitución, artículo 187, numeral 16, debe «velar por los intereses y la autonomía de los estados», la competencia para proclamar y juramentar los gobernadores, ante la omisión del Poder Electoral y los consejos legislativos por estar condicionados absolutamente a la dictadura. Se trata de asumir la AN aplicando por analogía una competencia a la que han renunciado por entreguistas los poderes ya mencionados. Esta decisión de la AN es política, va más allá de lo jurídico. Guanipa debe juramentarse ante el Parlamento, como acto político que reafirma ante el país y la comunidad internacional nuestra autonomía frente a la dictadura.