Opinión

A propósito de legitimidad en Colombia

Otro escándalo protagonizado por la transnacional brasileña Odebrecht y sus operaciones de compra de funcionarios ensucia la política colombiana. El fiscal, Néstor Humberto Martínez, declaró hace unos días que la institución que él dirige tiene “nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht en beneficio de las campañas presidenciales de 2014”. El funcionario hizo esto del conocimiento público basado en “inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales” que así lo demuestran. El Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht habría sido la dependencia de la empresa encargada del manejo de los sobornos.

Esta afirmación de la Fiscalía tiene gran importancia en el momento actual de Colombia, está ocupando muchos titulares en los medios de comunicación y terminará por ponerle piedras en el camino electoral colombiano por la presidencia, lo que ocurrirá en un año.

De presentarse las pruebas, ello salpicaría la pasada campaña por la reelección del presidente Juan Manuel Santos, así como a la del representante del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga.

La primera seria consecuencia podría desatarse la semana que viene y tiene que ver con el fin de la vinculación del Partido Conservador con el santismo. En efecto, desde la directiva del partido no solo se han pedido sanciones severas para quienes traicionaron la confianza de los colombianos. Existe una propuesta que se debate en pasillos acerca de la conveniencia de dar un paso atrás y retirar el apoyo que estos han otorgado al gobierno de Juan Manuel Santos , un apoyo que –valga aclararlo– no ha sido reciprocado como habría correspondido por el partido del presidente. Si las versiones sobre el soborno de Odebrecht fueran ciertas, ello podría haber sido un elemento clave para que la entonces candidata presidencial de los “azules” –Marta Lucía Ramírez– tan solo pudiera alcanzar un tercer puesto en la contienda preelectoral de las elecciones de 2014 y provocado un desbalance pernicioso en su disfavor.

La segunda consecuencia es que a mediados de la semana que culmina Oscar Iván Zuluaga anunció su decisión de aplazar momentáneamente su candidatura presidencial, de lo cual habría informado al líder Álvaro Uribe después de asegurar que su campaña había sido un proceso honorable.

Hasta el presente, los montos que, de acuerdo con el fiscal Martínez, habrían beneficiado la campaña de Oscar Iván Zuluaga son de 1,6 millones de dólares, y la del actual presidente de Colombia, 1 millón de dólares.

Así las cosas de este episodio, cuyo final no está a la vuelta de la esquina, saldrán muy escaldados, probablemente, dos de los principales partidos políticos colombianos; pero, más que eso, lo que se va a poner en breve sobre el tapete es la legitimidad del proceso electoral en el que todos participaron, si se llegara a demostrar que la contienda no fue limpia.

Marta Lucía ha abrazado desde largo tiempo atrás la bandera de la batalla contra la corrupción, y en esta ocasión parece difícil que la dirigente no utilice esta arma en favor de una futura candidatura propia. Recordemos que fue ella quien adelantó desde 2004 la iniciativa de una ley para atender seriamente estos temas y propuso desplegar una ofensiva sin cuartel contra los deshonestos. Es de esperarse que su tolda sabrá abanderar sus principios en este momento tan crucial de la política neogranadina.

Pareciera, pues, que esta es una buena hora para el Partido Conservador, de cara a la justa electoral que brilla en el panorama, en la cual Colombia pudiera ajustarle las cuentas a la dirigencia política de los dos lados: el de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos.