En Oslo se estaría comenzado un nuevo proceso para alcanzar una solución a la enorme crisis que nos afecta, una crisis, debemos resaltar, con rasgos muy particulares, pues no es un conflicto armado tal como es definido por el derecho internacional. Es más bien una crisis basada en la violencia generalizada promovida y consentida por un régimen de delincuentes involucrados en crímenes internacionales y en delitos muy graves de trascendencia internacional que ha simplemente secuestrado el país, sus instituciones y su gente.
Se ha escrito y dicho mucho sobre este nuevo proceso. Para algunos es inaceptable. Para otros pudiera ser una opción. Lo cierto es que, de haber buenas intenciones, las que no precisamente caracterizan al bandidaje, ese sería el camino ideal. Pero las dudas nos invaden y con razones fundadas, lamentablemente.
Para algunos es una negociación; para otros, una negociación asistida, e incluso se le ha calificado de mediación por la participación de un tercero. Independientemente de su calificación, lo que interesa es que las partes habrían iniciado algún acercamiento para encontrar un acuerdo que permita alcanzar el objetivo trazado: la restauración del orden democrático y la estabilidad en el país.
Es claro que la elección ilegítima y fraudulenta de Maduro, la usurpación del poder desde enero de este año y la enorme crisis política que ha generado, a lo que debemos agregar la catástrofe humanitaria que nos destruye, expresan la crisis que vivimos, que se agrava aún más por la presencia de potencias extranjeras, incluso militar, en nuestro territorio, hoy base de graves delitos y crímenes internacionales. De allí que cualquier proceso que busque una solución debe basarse en el cese de la usurpación, es decir, en el final de la dictadura; la instauración de un gobierno de transición, pluralista y que responda a un pacto nacional y no a un reparto del poder que a veces entusiasma a algunos, y, finalmente, elecciones libres y justas. Los tres planteamientos recogidos en el Estatuto de la Transición adoptado por la Asamblea Nacional en febrero de este año, lo que además, y eso es quizás más importante, es el sentir de la inmensa mayoría de los venezolanos.
No se trata entonces de negociar la permanencia de Maduro en el poder y mucho menos aún acordar alguna forma de cohabitación. Es claro que el cese de la usurpación es el centro y el más delicado de los puntos de cualquier negociación con la dictadura. Un arreglo solo podría construirse alrededor de la forma en que cesará la usurpación, a los mecanismos para la constitución de un gobierno de transición que reúna a todos los actores y las fuerzas del país y a todas las reformas que deban hacerse para garantizar elecciones libres y justas en el más corto plazo.
Entendemos que se han iniciado contactos asistidos por el gobierno de Noruega para que las partes puedan, ante todo, sentarse a tratar la crisis, a lo que seguiría la adopción de una agenda y un cronograma con plazos establecidos y firmes para concluir con un acuerdo que tendría que ser aceptable para todos. La mediación ofrecida por Noruega buscaría no solamente llevar a las partes a la mesa de negociación, es decir, una especie de buenos oficios, sino más allá, someter sugerencias y alguna propuesta, con base en las conversaciones que por separado habría realizado con cada una de las partes, lo que exige la mayor independencia e imparcialidad, siempre considerando los aspectos centrales ya descritos de cualquier negociación.
La negociación es un proceso complejo que debe basarse en la buena fe, es decir, en la búsqueda real de una solución de la controversia, de la crisis en este caso. La definición que en derecho internacional se ha adoptado sobre la negociación como medio de solución de controversias es asimilable al concepto de negociación política. Además de la buena fe, las dos partes “deben comportarse de tal manera que la negociación tenga un sentido; lo que no es el caso cuando una de las partes insiste en su propia posición sin prever alguna modificación”. No se trata de posiciones tercas o malintencionadas que buscarían solamente prolongar el funcionamiento de un mecanismo con fines perversos.
El mediador en el proceso, en este caso el gobierno de Noruega, debe oír a las partes, lo que va más allá de la posición que expresen los negociadores en las consultas que hace por separado. El mediador debe tomar en cuenta el sentir nacional, y basado en ello consultar y considerar la opinión de todos los actores nacionales, más allá de la mesa de negociaciones que podría estar limitada a un grupo de partidos políticos no representativos de la inmensa mayoría de los venezolanos. El mediador debe tomar en cuenta la opinión y los criterios de todos los actores nacionales, y me refiero a los otros partidos y dirigentes políticos, a la sociedad civil, a la academia, a la Iglesia, en fin, a todas las instituciones del país.
En este proceso complejo está prohibida la ingenuidad, la mala fe y los proyectos individuales. Se trata de una cuestión de interés nacional, de supervivencia. Es cierto que es uno de los mecanismos que están sobre la mesa, y podría agotarse y concluir con un acuerdo válido para todos, siempre que se imponga la buena fe, lo que muchos dudamos. De no lograrse, por la falta de voluntad del régimen, por su afán de mentir y tergiversar para ganar terreno, de lograr prórrogas, la lucha debe seguir en todos los terrenos con inteligencia y estrategias. Se abrirá una nueva etapa en la cual la calle y la protesta serán vitales, tanto como las sanciones, todas las sanciones, que la comunidad internacional pueda adoptar, y todo ello dejando todavía las demás opciones en la mesa, pues, en definitiva, la crisis no puede ser eterna. No podemos seguir secuestrados para siempre.