“Frente a las circunstancias adversas que sistemática y recurrentemente se vienen presentando en el entorno, producto de una política macroeconómica indisciplinada, insensata e irresponsable, en esta víspera de Navidad 2017 y Año Nuevo 2018, con la mayor convicción reivindiquemos en lo personal y en nuestro núcleo familiar, estudiantil, laboral e institucional, los principios morales y valores humanos sustentados en la solidaridad, la justicia y la dignidad del ser en todas sus facetas. Por tanto, que siga fluyendo la energía entre nosotros y en todo lo que hacemos, viviendo en Dios y por ende en el amor”.

Hace veinticuatro siglos el filósofo Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) afirmó que la vida es el máximo de los bienes y que su objetivo principal es la felicidad, por lo que resulta de carácter irrefutable que el derecho a la vida no solamente en la concepción biológica sino también en el ámbito psíquico, social y ético es considerada el bien jurídico jerárquicamente más importante que debe proteger de manera incondicional todo ordenamiento legal.

 En términos del anterior tenor, la triada filosófica, política y jurídica de la época actual, la estructura normativa de los derechos humanos y los principios constitucionales vigentes a nivel mundial convergen  de forma irreversible e irrevocable en  defender sin discriminación alguna a la persona en su dignidad humana, lo que implica en la práctica fortalecer un proceso humanista, solidario y multidimensional de cambio progresivo hacia niveles significativos y permanentes en la calidad de vida, que involucre en esencia el disfrute pleno de los derechos humanos, en el norte de un  mejoramiento continuo de la vida del individuo  hacia un “estado de completo bienestar físico, mental y social” (OMS, 1946).

Incluso como precepto bíblico la promoción y defensa de la dignidad humana representa el fundamento de defensa de los derechos fundamentales del hombre. Es decir, el Evangelio recalca la centralidad de la persona humana en el orden natural (Lucas 12, 22-29), en el orden social y en el orden religioso, incluso respecto a la ley (Marcos 2, 27); defendiendo al hombre, a la mujer (Jonás 8, 11) y a los niños (Mateo 19, 13-15). Por tanto, en los seres humanos hay una dignidad básica moral que puede considerarse como un valor fundamental, intrínseco de toda la humanidad.

Igualmente, los seres humanos tienen una dignidad personal o colectiva como característica especial que le otorga un valor de reconocimiento público y que conlleva a que el ser humano sea tratado con respeto y consideración, por lo que “su dignidad reside en el hecho de que es, no un qué, sino un quién, un ser único, insustituible, dotado de intimidad, integridad, de inteligencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y de abrirse a los demás”. Y en el mismo orden de ideas, toda institución y sistema organizacional bajo cualquier tipo de régimen, sea social, jurídico o político, enmarcado dentro del Estado Constitucional de Derecho, deberá “defender como primacía sustantiva la dignidad humana del individuo” como condición irrenunciable e innegociable de legitimidad, gobernabilidad, gobernanza, y como “sustento universal e indivisible de los derechos humanos” (Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).

Reivindicar la dignidad del ser vendrá como resultado del trabajo colaborativo de  los actores políticos y sociales, a través de la consolidación de la simbiosis entre la hermandad y solidaridad de toda la nación, edificada sobre bases firmes de madurez, responsabilidad ciudadana y reserva moral, de forma que se reinicie el fortalecimiento y credibilidad en las instituciones democráticas, y por ende se viabilice la resolución permanente de los inconvenientes apremiantes en lo social, económico, político, jurídico y, sobre todo moral, los cuales no han logrado neutralizar la esperanza, mermar la voluntad o anular la convicción de vivir integralmente y seguir apostando por un futuro de bienestar real y duradero, que no obstante de las diferencias naturales que existen, se parta de la transparente concertación social y política, fruto de un proceder pragmático y esquema multidiverso de diálogo, basado en la premisa “el problema lo resolvemos si estamos todos en armonía”.

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